El presidente venezolano Hugo Chávez dijo hoy que su homólogo colombiano Álvaro Uribe entregó a Colombia, a cambio de que Estados Unidos no le cobre sus nexos con el narcotráfico. «Yo no tengo duda ya de quién es el presidente Uribe. De dónde viene. Paramilitarismo. Narcotráfico. Y unas redes de lo más oscuro y podrido que uno pueda imaginarse. (…) Está tan metido en camisa de 11 varas, que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yanquis al presidente Uribe (…). El congreso de Colombia: más de la mitad de los senadores y diputados [sic] están en prisión, o por el narcotráfico o por la corrupción».
No sé si un jefe de Estado deba decir esas cosas de otro. Lo que sí sé es que, por ejemplo entre corrillos de periodistas en Colombia -muy lejos de ser chavistas-, se dice lo mismo.
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, «Residente», de la banda Calle 13, de Puerto Rico. Calle 13 grabó con Mercedes Sosa Canción para un niño en la calle.
En 2005, «Residente» compuso la canción Querido FBI, en respuesta al asesinato de Filiberto Ojeda, líder del movimiento independentista portorriqueño de Los Macheteros.
Calle 13 ganó en 2006 el premio MTV Video Music Award Latinoamérica en la categoría de Artista Promesa, en México, y en los Grammy Latinos del mismo año, en New York, los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video Versión Corta. En 2007 la banda lanzó Tango del Pecado. En 2008 interpretaron en los Premios MTV Latinoamérica, junto con la banda mexicana Café Tacuba, No hay nadie como tú. Ese mismo año, Calle 13 produjo Los de atrás vienen conmigo («A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave…«). Este álbum incluye La Perla, que Calle 13 interpretó con Rubén Bladés. Sólo Calle 13 logró sacar de su mutismo musical de varios años al mítico salsero panameño («Qué te parece, esta combinación de Rubencito y Calle 13…»).
Con Orishas, de Cuba, Calle 13 grabó Pa’l Norte, «para todos los emigrantes del mundo entero«. En julio de este año apareció Sin mapa, un recorrido por la inspiración de Calle 13, que se puede ver en varios segmentos en Youtube.
Y en octubre, René Pérez, de Calle 13, presentó junto a Nelly Furtado los Premios MTV Latinos, en Los Ángeles y con presentaciones simultáneas desde México y Bogotá. Ahí fue Troya. «Residente» lució distintas camisetas con letreros como «Chávez nominado Mejor Artista Pop», «México nunca olvida 2/oct/68», fecha de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, «Viva Puerto Rico Libre», «Micheletti rima con Pinochetti», y «Uribe Es Para Militar», que también se podía leer como «Uribe Es Para Bases Militares». Y mientras lucía esta camiseta sobre Álvaro Uribe, «Residente» mencionaba lugares de Colombia, incluyendo Ciudad Bolívar, enorme barriada al sur de Bogotá a donde llegan al mes miles de desplazados por la guerra en todo el país, y dominada por paramilitares.
Total, «Residente» se volvió por acá «alias Residente». Quienes dominan los espacios de opinión en Colombia consideraron que la bien diseñada camiseta era un insulto a la nacionalidad. La Cancillería emitió un comunicado de repudio en el que sugiere a las directivas del canal MTV, palabras más palabras menos, censurar en adelante ese tipo de manifestaciones.
El cantautor respondió a la cancillería colombiana con la carta que copio debajo. Espero que no pase mucho tiempo y que yo pueda conocer a René Pérez Joglar en mi país, que es mucho más que Uribe, y sin censura. Bienvenido desde ya.
19 de octubre, 2009
San Juan, Puerto Rico
Carta abierta a la Cancillería de Colombia
Por medio de esta carta les dejo saber lo que siento desde lo más profundo de mi corazón.
Yo amo a Colombia. Por eso me preocupa la entrada de bases militares extranjeras al país. Como puertorriqueño yo he vivido esto en carne y hueso y no me gustaría que su país pasara por lo que pasa el mío.
Según su comunicado, yo insulté a su presidente con el texto de mi camiseta.
En esa camisa existe un juego de palabras, tiene una doble lectura. Uno lee lo que quiere. Por lo menos yo leo claramente Uribe Para Bases Militares. Un mensaje directo y claro. El concepto de mis camisas fue creado por la misma gente a través de «Twitter». La camisa de Colombia la hizo un colombiano, la de Venezuela un venezolano y así sucesivamente. Se hizo una de cada país.
La idea de las camisas fue darle voz a los pueblos, a la gente que por lo general no la tiene ni son escuchados. En lugar de vestir una corbata bonita, opté por enviar un mensaje. Un mensaje no sacado de mi cerebro, sino de alguien que respira el mismo aire que se respira en Colombia día a día. Mi lucha no es contra el presidente, sino contra todo lo que promueva la guerra, como lo son las bases militares. El texto de la camiseta recoge también un sentimiento de muchos de los jóvenes de su país, los cuales como cualquier ser humano con sentimientos, comparto totalmente.
No puede ser que en este siglo todavía existan personas sin la habilidad para entender el derecho que tenemos los artistas de expresar lo que sentimos a todos los niveles. La censura no debe ser de parte del gobierno. El que no me quiere escuchar, que simplemente no venga al concierto. Esa sería la manera más válida y legítima de censurarme. Con todo el respeto que se merece el señor Uribe, el presidente de Colombia no es Colombia. Colombia es mucho más que un presidente. Como dice Rubén Blades: «la patria no la definen los que suprimen a un pueblo».
Con estas palabras me despido, no sin antes mandarle un beso a todos los lugares a los que he visitado en Colombia como lo son la Sierra Nevada en Santa Marta, Palenque, San Jacinto, Maicao, Cali, Medellín, Bogotá, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Barraquilla, Cartagena y a todos los lugares que me faltan por recorrer.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó» sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
«Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia», dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
Dos parientes cercanos del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, han sido asesinados; su familia “recibe amenazas constantes”; sus abogados “son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos”, incluyendo el seguimiento de sus teléfonos y correos electrónicos, razón por la cual anuncia que callará como un pez.
Mejor para el presidente Álvaro Uribe –entre otros.
Y, quién quita, mejor para algunos sectores del poder en Estados Unidos, habida cuenta el antecedente de la financiación de la entonces Contra nicaragüense con cocaína del Cartel de Cali, por intermedio de la CIA. Un eventual involucramiento estadounidense con el paramilitarismo colombiano es la única explicación que encuentro para los obstáculos que ostensivamente imponen en Estados Unidos para evitar que hablen los capos paramilitares extraditados.
“En una etapa de postración prácticamente insuperable” se encuentra el proceso de confesiones diseñado bajo Justicia y Paz, marco legal bajo el cual se desmovilizaron los principales jefes paramilitares, sostiene “Don Berna” en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el Metropolitan Correctional Center de New York.
Supuestamente sólo ahora “Don Berna” comprende que el aislamiento dispuesto por el gobierno mientras estuvo preso en Colombia “era necesario para silenciarme, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa impunidad”.
Cada cual puede creerle o no. Pero, no puede uno dejar de pensar que el silencio de los capos paramilitares mientras aún estaban en cárceles colombianas se debió a que mantuvieron hasta último momento su comprometedora verdad como arma de negociación.
La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a sabiendas de que “nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”.
Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.
Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara.
“Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”.
He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.
Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”.
O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.
El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llamamos “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.
+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.
+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.
+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.
+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Don Berna” advierte que es consciente de que, después de esta carta, el gobierno colombiano logrará que las autoridades carcelarias estadounidenses lo aíslen aún más, como ha sucedido con muchos de los demás capos paramilitares extraditados junto con él, y que han sido trasladados a cárceles alejadas y con regímenes penitenciarios que obstaculizan aún más la colaboración con la justicia colombiana.
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
Me pregunto si grafiteros que eventualmente pintaran paredes a favor de las bases militares también serían acusados de terrorismo. O si es que la censura a la libertad de opinión ahora se va a extender a la muralla –que, como dice el aforismo, es “el papel de la canalla”.
La nota de prensa, que reproduzco, habla por sí sola. Vale agregar que la JUCO (Juventud Comunista) es una organización legal, asociada al Partido Comunista, también legal, y que ambos hacen parte del movimiento de centro izquierda Polo Democrático Alternativo, con bancada en el parlamento colombiano. Y que Sincelejo es la capital del noroccidental departamento de Sucre, cuna de un importante movimiento campesino ya diezmado por la guerra; escenario de miles de asesinatos de líderes populares y, dominado por una dirigencia no ya estrechamente ligada al paramilitarismo, sino que ha conformado escuadrones de la muerte para exterminar a la disidencia electoral.
PROTESTAN POR USO DE BASES POR PARTE DE EE.UU.
Aparecen graffitis en varios sectores de Sincelejo
EL UNIVERSAL
SINCELEJO
La aparición de varios graffitis en distintos sectores de la ciudad, a través de los cuales se protesta por las instalaciones de bases militares de Estados Unidos en Colombia, obligó a las autoridades a la implementación de acciones para dar con los responsables de estos hechos.
Los graffitis fueron pintados en paredes de residencias, colegios y hasta en una nueva sede de una iglesia protestante.
La Policía informó que hasta el momento se desconocen los autores de estos hechos, que de establecerse se podrían ver vinculados a un proceso por el delito de daños en bien ajeno, hasta terrorismo.
Residentes del barrio precisaron que el graffiti pintado en ese sector fue obra de un grupo de jóvenes, al parecer, pandilleros que transitan diariamente por este sector.
La Policía investiga las iniciales Juco, las cuales, al parecer, son de una pandilla que se autodenomina de esa forma.
También han sido pintados graffitis en sectores como Mochila, zona céntrica, La Pajuela, Bosque, La María y en barrios de la zona norte de Sincelejo.
Precisamente cuando quedó libre el periodista iraquí que en plena rueda de prensa le tiró un zapato al entonces presidente Bush en gesto que, aunque inapropiado en periodismo, generó fervor y simpatía mundiales, el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, le lanzó un poco diplomático zapatazo al gobierno de España.
España ofreció nuevamente el martes mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela, así que el miércoles una periodista de la cadena Caracol Radio, de propiedad del grupo español Prisa, le preguntó al aire a Silva Luján: “Ministro, ¿Colombia estaría considerando esa mediación, esos buenos oficios que ayer reiteró el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar con Venezuela y superar esta crisis diplomática?”
-“Yo le contestaría a él que… Zapatero, a tus zapatos”, dijo el ministro Silva.
-“Já Já… Zapatero a tus zapatos…” –otro periodista que retomó el micrófono a continuación, habituado quizá a no cuestionar a los poderosos, se lo celebró como chiste y pasó a otro tema en la entrevista.
Horas más tarde, la misma emisora reprodujo, también sin objeciones, las disculpas del ministro Silva, quien se justificó diciendo que “yo vengo de la gente del campo” y por eso es maleducado y poco diplomático.
Que se lo crean en España, digo yo. Silva sí fue gerente de la Federación de Cafeteros durante siete años, pero su maleducadez con toda seguridad se le pegó en otra parte.
Silva estudió Ciencia Política en la privada -y costosa- Universidad de los Andes e hizo cursos de postgrado en economía y relaciones internacionales en la Escuela de Estudios Internacional Avanzados de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos. Fue asesor de Asuntos Políticos y Seguridad del presidente Virgilio Barco (1986-1990) e hizo parte del círculo cercano de César Gaviria (1990-1994) como consejero de Asuntos Internacionales. Gaviria lo envió en 1993 de embajador en Washington, y luego pasó a trabajar en calidad de asesor especial del mismo Gaviria, cuando éste fue secretario general de la OEA.
Con esa hoja de vida, a Silva Luján le queda difícil sustentar aquello de que es que “yo vengo de trabajar con el sector agrario, y a veces no somos tan elegantes como en los círculos diplomáticos”.
¿O será que cuando fue embajador les respondió a los estadounidenses también a zapatazos, cuando estos le inquirieron por la fuga de Pablo Escobar de la finca-cárcel en la que el capo había aceptado recluirse?
La advertencia principal que el movimiento colombiano por la paz tiene para UNASUR es: la paz en Colombia es necesaria para la integración suramericana y para evitar la regionalización de la guerra.
Si UNASUR no quiere que le pase lo que a la Comunidad Andina de Naciones -que está en cuidados intensivos, en últimas, por evadir durante decenios la realidad de que en Colombia hay una guerra- debe actuar frente al conflicto colombiano.
El mensaje de la Diplomacia Ciudadana por la Paz, que impulsa la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, movimiento integrado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, fue atendido por las delegaciones gubernamentales en Bariloche.
Menos de una hora después de que culminara la cumbre de UNASUR sobre la apertura de las bases militares colombianas a Estados Unidos, llegó desde ese balneario argentino el análisis de la Asamblea Permanente.
Éste llama la atención sobre el hecho de que es la primera vez que en América del Sur un pacto militar bilateral se discute en un escenario multilateral.
Aquí el texto.
La agenda de Bariloche: repercusiones de la cumbre de UNASUR
1. La cumbre hizo evidente la preocupación de todos los gobiernos que integran UNASUR sobre los alcances del convenio de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, en términos de estabilidad política, seguridad, integridad territorial, soberanía, armamentismo y paz. En este sentido se explica la convocatoria a una reunión del Consejo Sudamericano de Seguridad, la intención de monitoreo y verificación del convenio entre Estados Unidos y Colombia y la implementación de un mecanismo de transparencia, que garantice que no habrá bases militares extranjeras en territorios de los países de América del Sur. Pese a su molestia, el gobierno colombiano cedió en este punto, aun cuando reafirmó que el acuerdo ya está finiquitado y no es sujeto de modificación alguna. Fue clave la intervención del presidente Hugo Chávez para identificar los peligros del convenio de cooperación, en términos estratégicos de seguridad del gobierno de Estados Unidos. El presidente Correa de Ecuador demostró que no se necesitan esos acuerdos para combatir el narcotráfico y puso en evidencia el compromiso de su gobierno en la frontera con Colombia.
2. El armamentismo fue tema obligado en la cumbre, así como otros tratados y convenios militares que van a ser objeto de monitoreo por el Consejo Sudamericano de Defensa. El presidente Chávez se adelantó a ofrecer toda la información sobre el convenio militar suscrito por Venezuela con Rusia y con Irán.
3. Es la primera vez en Sudamérica que un tema de cooperación militar se discute en un espacio multilateral. Antes, los tratados militares se imponían sin ninguna posibilidad de discusión. Hay un nuevo escenario político en la región y se reafirma el rol de UNASUR, que sale fortalecida de la reunión de Bariloche. La presidenta Bachelet hizo énfasis en la agenda tradicional y la nueva agenda de seguridad en la región y reafirmó la transparencia en el tema de armas y recursos de seguridad y en la cooperación multilateral.
4. Quedó clara la necesidad de un diálogo político entre UNASUR y el gobierno de los Estados Unidos en torno a los temas de seguridad regional y lucha contra las drogas. La propuesta del presidente Lula tuvo acogida entre los mandatarios que integran la UNASUR, aun cuando es significativa la oposición del presidente de Colombia. Si se mantiene el espíritu de “alianza entre iguales” expresado por el presidente Obama en Trinidad y Tobago, este diálogo es posible.
5. Avanza una propuesta cooperación regional y multilateral en la lucha contra el narcotráfico, previa evaluación de la eficacia de la militarización y la estrategia implementada mediante el Plan Colombia. El rol principal estará a cargo del Consejo Sudamericano de lucha contra el narcotráfico. Este será un nuevo escenario de debate público que demanda una decidida participación de la sociedad civil.
6. A pesar de las preocupaciones expresadas por el presidente Lula, la transmisión en directo por televisión contribuyó a moderar el lenguaje de los mandatarios y, al final, a las espontáneas manifestaciones de aprecio y respeto entre los presidentes de Colombia y Ecuador, como antesala de un eventual diálogo entre los dos gobiernos.
7. Fue muy importante la contribución de la presidenta Cristina Fernández para moderar la reunión en momentos críticos y asegurar un resultado positivo de la cumbre. Este pedido de la presidenta de Argentina, así como las gestiones previas del presidente Lula, ayudaron en esta dirección.
8. El presidente Uribe logró incluir a la OEA en los mecanismos que adopte el Consejo Sudamericano de Defensa, así como un consenso en torno a la necesidad de combatir el terrorismo y a los grupos ilegales, que no tuvo objeción en la cumbre. En cambio no fue bien recibida la propuesta de Uribe de declarar terroristas a los grupos guerrilleros colombianos y penalizar el consumo de drogas en los países sudamericanos.
9. Cada vez más se posiciona la interlocución de UNASUR con la sociedad civil, en virtud del artículo 18 del organismo que asegura la participación ciudadana en las deliberaciones y decisiones. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia logró hacer saber de todos los mandatarios y ministro de relaciones exteriores sus propuestas y reflexiones en torno a la crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador, la ampliación del convenio de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos y la urgencia de avanzar hacia una solución no militar del conflicto armado en Colombia.
10. Justamente el tema de la paz en Colombia, premisa necesaria para asegurar la integración, evitar la regionalización del conflicto y evitar más roces diplomáticos, fue planteado al final por el presidente Hugo Chávez y abre la posibilidad de que UNASUR asuma un liderazgo en esta dirección.
Jorge Rojas
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, «Residente», de la 
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
es necesaria para la integración suramericana y para evitar la regionalización de la guerra.