Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”.
El movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCPP), que a contrapelo de la política gubernamental inició desde septiembre del año pasado un Diálogo Público Epistolar con las guerrillas, con miras a encontrar una solución política a la guerra colombiana, entregó hoy una carta a los presidentes de UNASUR.
“Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva”, dice la carta.
Ante la ahora ya abierta intervención militar estadounidense en Colombia, uno se pregunta ¿a dónde irá a parar la solución política?
La carta de CCPP llama a no quedarse en las declaraciones del gobierno civil de Estados Unidos. Apunta a la necesidad de conocer qué diablos anda haciendo y diciendo el complejo militar-industrial de ese país, que es el que realmente tiene el poder allá. También, anota que Colombia no podrá tener realmente control sobre las actividades militares de Estados Unidos aquí. “Vamos, en ningún lugar del mundo un general Fernández le da órdenes a un general Johnson”, como lo expresó la presidenta argentina.
Dejo a mi lector o lectora con el texto de la carta que han recibido hoy los presidentes de UNASUR, de manos de una delegación de CCPP que viajó hasta Bariloche.
Bogotá, D.C., agosto 27 de 2009
Señoras y señores
Presidentes
Unión Suramericana de Naciones UNASUR
E. S. M
Respetados Señores y Señoras Presidentes de UNASUR:
Colombianas y Colombianos por la Paz, expresión ética de sectores de la sociedad colombiana que aboga por la terminación del conflicto armado interno, su humanización y el diálogo para las salidas a problemas estructurales, les presenta su atento y cordial salud.
Los acuerdos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos afectan la seguridad de la región. La voz de los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela se ha levantado para alertar y disentir de las negociaciones militares de los dos países. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida en la visita del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló que “Este acuerdo no les incumbe a otros países, es sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, dentro de Colombia”, y apremió a los países vecinos de Colombia a apoyar y contribuir de manera propositiva.
Más allá de las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos y las palabras del presidente Uribe y su canciller, es preciso poner atención a exposiciones provenientes de medios militares norteamericanos. Antes de que los acuerdos tomaran alguna forma, en abril de este año, se conoció un informe elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AMC). En él examinaban las posibilidades de la base colombiana de Palanquero para los intereses militares de su país y se mencionaban consideraciones, como la siguiente: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad”. Se precisaba, además, que el objetivo no era únicamente la persecución al narcotráfico: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África”.
La posición de varios países del continente en torno a la relación militar entre Estados Unidos y Colombia no resulta entonces sorprendente. Con ocasión de la Cumbre de Países Suramericanos, el 31 de agosto de 2000, los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela expresaron en aquel entonces su preocupación por la firma del Plan Colombia. Si se tiene en cuenta que el primer año del presente milenio se diferenciaba de la configuración geopolítica actual, se convendrá que ha existido en la región preocupación de los Estados por un tema que trasciende los cambios en los regímenes políticos.
Más allá de esa información, que permite entender que el acuerdo proyectado tiene dimensiones que desbordan el alcance bilateral que se declara, es importante tener en cuenta que en el mundo contemporáneo el desarrollo científico y técnico ha modificado de manera significativa las actividades de carácter militar. Aunque se proclame que su alcance no trascenderá determinadas fronteras, como serían las de Colombia, es indudable que esas acciones pueden sobrepasar esos límites de forma incontrolada, lesionando la soberanía territorial de otros países que no participan en el Acuerdo de cooperación militar.
Nadie puede garantizar que se utilicen de manera oculta los novedosos instrumentos militares para fines diferentes a los que se definan de manera formal. Ni tampoco basta que ondee la bandera nacional o que se diga que las operaciones serán previamente autorizadas por las fuerzas colombianas. Por su desequilibrio en el conocimiento y operación de los elementos técnicos disponibles, en el país no habrá capacidad de ejercer control.
Desde otra perspectiva, se debe tener en cuenta que el conflicto armado interno en el país tiene características tales que sus consecuencias afectan los países vecinos, como lo reconoce el gobierno nacional. A título ilustrativo, basta mencionar los episodios que han tenido como protagonistas a las fuerzas insurgentes o a las mafias paramilitares en los territorios de Venezuela y Ecuador, imponiéndoles a los gobiernos de estos países onerosas cargas por un conflicto que no es el suyo. Además, esas fuerzas irregulares han llegado a violar la soberanía territorial. De igual manera, el conflicto ha provocado fenómenos migratorios y desarticulación de las relaciones económicas fronterizas, que afectan de manera sensible la organización social de la población de las fronteras.
En estas circunstancias, no es posible explicar y justificar la cooperación militar de Estados Unidos con el gobierno colombiano como un asunto sólo bilateral, que responde en forma exclusiva a la voluntad soberana de los dos gobiernos. No está sólo en juego el interés nacional colombiano, como se destaca para alentar nacionalismos, sino el de toda la región y, en especial, el de los países limítrofes.
Este problema debe ser, por consiguiente, materia de debate, de negociación y acuerdo entre los afectados por el conflicto, para examinar, como lo viene impulsando Colombianas y Colombianos por la Paz, dentro de una alternativa humanitaria que abra el camino a una superación del conflicto interno colombiano. Los recursos que exige la guerra podrían tener una destinación diferente, en la dirección del cambio de las situaciones socioeconómicas injustas que representan, en última instancia, las raíces de este prolongado, complejo y difícil conflicto que padece la sociedad colombiana.
EnColombianas y Colombianos por la Pazluchamos por el Intercambio Humanitario e inscribimos nuestros esfuerzos en el horizonte de una superación política del conflicto interno. Condenamos los actos de terror independientemente de los agentes que los propicien sean estos los organismos del Estado o las formaciones de la insurgencia. Rechazamos la pretensión de buscar cambios de la sociedad y del Estado por el camino de la acción armada pero al tiempo auspiciamos iniciativas que desde la sociedad civil conviertan a la Insurgencia en referencia de interlocución y no únicamente la destaquen como objeto de estigmatización y diatriba.
Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva.
Nos preocupa que decisiones de algunos gobiernos afecten el empleo de emigrantes nacionales. Aparte de castigar a quienes nada tienen que ver con las actuaciones oficiales, se ofrece una ocasión propicia para que se emprendan inconvenientes campañas nacionalistas, con el ánimo de fortalecer las encuestas de opinión.
Apelamos, por lo tanto, a UNASUR, y en particular a cada uno de los mandatarios nacionales, a reflexionar sobre la situación colombiana, para impedir la posibilidad de que se profundice el conflicto. Este riesgo se derivaría del acuerdo de cooperación proyectado, puesto que traería consecuencias lesivas para la región y los países limítrofes, comprometiendo las soberanías nacionales. Nuestros pueblos tienen el derecho a vivir en paz, bajo condiciones de convivencia dignas y justas.
Se debe fortalecer el diálogo político para evitar la prolongación y profundizar el conflicto mediante el exterminio como única perspectiva, sino de encontrar senderos novedosos para construir la paz. Clamamos por soluciones que eviten un clima de tensión y armamentismo. Se debe buscar una verdadera cooperación con alternativas pacíficas de superación del conflicto armado colombiano. En este sentido, apreciamos que, como lo ha sugerido el Presidente Lula Da Silva, un diálogo constructivo entre UNASUR con el presidente Obama resultaría altamente conveniente.
Confiamos, Señores y Señoras Presidentes de UNASUR, que nuestra voz tenga audiencia en esta prometedora organización de la comunidad de naciones suramericanas.
Con nuestro mayor respeto,
Colombianas y Colombianos por la Paz
Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Alpher Rojas Carvajal, Olga Amparo Sánchez, Iván Cepeda Castro, Gloria Cuartas, Lisandro Duque Naranjo, Gloria Inés Ramírez, William Ospina, Víctor Manuel Moncayo, Jorge Enrique Botero, Alberto Cienfuegos, Francisco Caraballo, Danilo Rueda, Marck Chernik, Ricardo García Duarte, Florence Thomas, Alfredo Molano B, Luís Fernando Medina, Daniel Samper Pizano, Andrés Felipe Villamizar, Leopoldo Múnera Ruíz, María Teresa Arizabaleta, Ricardo Sánchez A, Álvaro Camacho Guisado, Fabio Morón Díaz, Marleny Orjuela Manjarres, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luís Eladio Pérez, Libardo Sarmiento Anzola, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlene B. Tickner, Vladimir Flores (Vladdo), Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Efraín Viveros, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla G, Jairo Maya Betancur, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro V, León Valencia A, Raúl Alameda O, Marleny Orjuela, Gladis Jimeno, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos A. Rodríguez Díaz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto G, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Galvez, Juan Sebastián Lozada P, Apolinar Díaz-Callejas, Jaime Caicedo T, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera Z, Carlos Lozano Guillen, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Luís Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Mario Esteban Hernández, Gregorio Alberto Arcila, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío I Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Hayeck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero T, Maria Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo T, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de Los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luís Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Gricelda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chagueza, Janeth Moreno Chagueza, Fernando Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladiys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Alberto Franco, Daniel Lasso, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. Siguen firmas
“Traidor de guerra”, según la Ley Militar nacionalsocialista, era aquel que le hacía “daño a su país” o “favorecía al enemigo”. Incluía toda insubordinación o actitud de resistencia contra la guerra, incluyendo la distribución de volantes pacifistas, la defensa de los derechos de los prisioneros de guerra y la omisión de denuncia contra cualquiera que pensara distinto a Hitler. Entre los “traidores de guerra” figuraban soldados que intentaban salvar la vida de un judío. El castigo era el fusilamiento o la horca, pena que se ejecutaba de inmediato.
Al menos 30 mil denominados “traidores de guerra” fueron condenados por jueces militares nazis. Una fuerte minoría como se ve, si se tiene en cuenta que el ejército alemán tenía 18 millones de hombres y que Hitler era festejado masivamente como un héroe en las ciudades alemanas que visitaba.
En vísperas de la cumbre de UNASUR en Bariloche, en la que los presidentes suramericanos examinarán el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe sobre el uso de todas las bases militares colombianas; ante los llamados del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal Colombiano (en la oposición), a “rodear” a Uribe en la actual crisis con sus vecinos, y a propósito de los fuertes ataques del oficialismo en Colombia contra el izquierdista Polo Democrático Alternativo, por los intentos de su Comisión Internacional de limar asperezas con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, bien vale la pena mirar hacia la Alemania de hoy.
Porque en ese país, hoy, a los entonces “traidores de guerra” se les reconoce su valor y el honor que le hicieron a Alemania.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Los comandantes militares colombianos de cada base autorizarán cada operación.
Nadie se pregunta por ahora quién cargará con la responsabilidad, en caso de que los estadounidenses cometan crímenes de guerra: quien efectivamente cometa el crimen, o quien haya autorizado la operación.
Lo máximo que se han llegado a preguntar los analistas es por la inmunidad de las tropas de Estados Unidos: en ningún caso, dicen que dice el acuerdo (aún no se conoce el texto), los estadounidenses podrán ser juzgados por la justicia colombiana.
Así las cosas, mejor que cuando ustedes vean uno de estos avioncitos (C-17), se resguarden.
Cuando el psiquiatra Luis Carlos Restrepo era Alto Comisionado de Paz de Álvaro Uribe, en alguna ocasión sostuvo que si alguien piensa igual que las FARC, es de las FARC y apoya el terrorismo. Ya Restrepo no está en el gobierno, pero sigue vigente aquello de que no se puede pensar como las FARC.
Por lo menos dos catedráticos están en la cárcel porque su forma de pensar coincide con algunas ideas de las FARC: el docente de secundaria y profesor universitario William Javier Díaz Ramírez, capturado frente a sus alumnos, y Miguel Ángel Beltrán, sociólogo-historiador con dos doctorados y quien estaba preparando su postdoctorado en la UNAM, cuando fue detenido en México y deportado a Colombia como “terrorista” peligroso.
Como un servicio social, Heavy Metal Colombia ofrece a su lector o lectora algunos extractos especialmente dicientes de las primeras declaraciones de Cano a un medio colombiano desde que asumió la dirección de las FARC, en marzo de 2008. Si usted coincide con alguna de las respuestas, corra al primer puesto de policía para autoincriminarse. Big Brother vigila. Las bases ya llegaron a Bogotá.
Cambio: ¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional?
Alfonso Cano: “Mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe”.
La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo.
“Le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo”.
¿Qué efectos tuvo la muerte de ‘Reyes’ para los vínculos externos de las Farc?
“’Raúl’ era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo”.
La incautación de los computadores de ‘Raúl Reyes’ los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos.
“Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente”.
Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela.
“Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las ‘filtraciones’ ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente”.
También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil ‘Lula’ da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno?
“En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables”.
¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que ‘el Mono Jojoy’ se refiere en un video conocido hace pocos días?
“No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?”
¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008?
Son “unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc”.
Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja…
“El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis”.
La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar.
“Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario”.
¿Qué significó para el Secretariado la ‘Operación Jaque’?
“Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto”.
¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y ‘el Mono Jojoy’?
“Nuestra unidad es monolítica”.
¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro?
“La nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente”.
¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva.
“Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto”.
¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles?
“Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano”.
¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc?
“Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad”.
¿El canje es una prioridad para las Farc?
“Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado”.
¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe?
“Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto”.
¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos?
“Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones”.
¿Por qué persistir en la guerra?
“Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión”.
¿El regreso de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’ de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo?
“Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones”.
¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno?
“Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo”.
¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación?
«Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia».
¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente?
«¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos…»
¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz?
«Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes».
¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano?
«Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.»
En las páginas internacionales aparecen hoy dos noticias que indican que el mundo está cambiando. Una es que, por primera vez según mis cuentas de memoria, un presidente de Estados Unidos no está de acuerdo con un golpe militar de derecha en Centroamérica.
He aquí una frase histórica, pronunciada por un presidente estadounidense: “Para Estados Unidos, Manuel Zelaya sigue siendo presidente de Honduras. La maniobra que condujo a su derrocamiento es ilegal y crea un grave precedente en la región”.
La otra noticia tiene que ver con que Iraq proclamó hoy, 30 de junio, Día de la Soberanía Nacional. Así celebra ese país el primer día del repliegue de las tropas estadounidenses. Los 131 mil soldados estadounidenses quedarán desde hoy acantonados en sus bases.
Ayer lunes 29 de junio se retiraron de Bagdad, la ciudad de las Mil y Una Noches. Entregaron a las fuerzas iraquíes su último bastión, la antigua sede del Ministerio de Defensa en el centro de Bagdad, ocupado en abril de 2003 por George W. Bush, a quien yo considero un criminal de guerra.
El retiro de tropas que se proyecta será lento, demorará año y medio; y muchos dudan de que efectivamente tenga lugar. Las tropas de Bush, en todo caso, sólo enredaron más las cosas en el de por sí enredado Iraq. A comienzos de mayo se había retirado ya el principal aliado estadounidense, Gran Bretaña.
En todo caso, la noticia me hizo recordar esa escena histórica, el 30 de abril de 1975, cuando los últimos funcionarios de la embajada estadounidense en Saigón fueron recogidos por helicópteros en el tejado de la misión diplomática, para sacarlos de la ciudad liberada. El poeta y presidente Ho Chi Minh, muerto cinco años y medio antes, había vencido al país más poderoso del mundo. Los tanques de la guerrilla del Viet Cong llevaban pancartas: «Tú siempre marchas con nosotros, Tío Ho».
No se sabe cuántos muertos iraquíes produjo esta guerra, que buscó el petróleo iraquí, pero sobre todo buscó retrasar el reloj de la crisis económica que se cernía sobre Estados Unidos desde comienzos de siglo, y que finalmente reventó el año pasado. La base de datos del proyecto Iraq Body Count, creado por británicos y estadounidenses en enero de 2003 y que suma únicamente muertes violentas documentadas de civiles iraquíes, calcula que van entre 92.435 y 100.911 muertos.
Uno de ellos es el periodista de IPS Alaa Hassan, asesinado en julio de 2006. El hijo póstumo de Alaa debe tener unos dos años y medio.
He seguido en contacto con Muhsin. Su hermano Hassan Mutlak es considerado el Federico García Lorca de Iraq. Murió en la horca en 1990, tras un intento de derrocar a Saddam Hussein, quien a su vez también murió en la horca tras un espantoso juicio, en 2003.
A Hassan Mutlak le nació un nieto en abril. También se llama Hassan.
Esa ha sido, junto con los poemas de Mushin y su paso inolvidable por el Festival de Poesía, la noticia más bonita que he recibido de Iraq, en estos oscuros años de ocupación por parte de los mismos países que le ayudan al gobierno de Álvaro Uribe a matar colombianos. Esto sólo demora más un cese al fuego negociado en Colombia, mientras crece nuestro propio body-count, ejecuciones extrajudiciales incluidas.
En contraprestación, el presidente Uribe apoyó la invasión de Iraq. Quizá pensaba que el mundo iba a seguir tal cual. Debe estar caviloso por estos días.
Yo en cambio le regalé al sobrino-nieto de Mushin un deseo, como las hadas-madrinas: que ese nuevo habitante del Planeta viva en libertad, y en paz. Y que herede de su abuelo y de su tío el don de la palabra indeleble.
“Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”- mientras Fito Páez cantaba ese estribillo en el cierre del festival Rock al Parque, edición número 15, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ante más de 80 mil extasiados asistentes, llegó una carta de las FARC.
Está dirigida a Luis Alberto Calvo Marín, padre de un soldado profesional herido en combate, recogido por la guerrilla y atendido por sus enfermeros. Lo quieren devolver, únicamente porque no es “mando”. El gobierno había guardado silencio sobre él.
La guerrilla reitera que quiere devolver también al cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, tal como lo anunció el 16 de abril. Ambas liberaciones se harán en una sola operación, en entrega al movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, que lidera la senadora liberal Piedad Córdoba, y al padre de Pablo Emilio, el Caminante por la Paz Gustavo Moncayo. Puede estar presente la Iglesia Católica colombiana, reiteran las FARC. No sugieren garantes internacionales adicionales al Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Show”, responde el gobierno, cuando para algunos ya empieza la serie de “shows” para celebrar el primer aniversario de la Operación Jaque, el próximo 2 de julio, que liberó a Ingrid Betancourt, tres estadounidenses activos en la guerra y 11 uniformados colombianos.
Ni una cosa ni otra son apenas “show”. Detrás de ambas está el sufrimiento de muchísima gente: está la guerra.
“Show” es negar el conflicto armado, como hace el gobierno.
Con bastante poco “show” firma acuerdos con más de 25 grandes empresas para rebajarles el impuesto de guerra, pero el «show» se reactiva cuando anuncia que más colombianos, y no sólo los más ricos, también pagarán esa alcabala que, además, va a convertirse en permanente porque los estadounidenses tienen sus prioridades internas y la recesión de Colombia, aunque no declarada oficialmente, aprieta.
“Show” es decir que el paramilitarismo fue desmantelado, cuando éste campea en las barriadas populares, quizá ya en preparación de las elecciones de 2010.
“Show”, mantener a la gente en la ignorancia de lo que verdaderamente está pasando en el campo colombiano, como bien lo dicen las FARC en su carta al padre del soldado.
“Show” es anunciar el presidente Álvaro Uribe, a dos horas de su encuentro con Barack Obama el lunes, que en la noche del domingo, y en territorio estadounidense, ha sancionado una ley que endurece las penas por asesinatos y amenazas a sindicalistas, y que estaba para su firma desde el 26 de este mes.
“Show” es seguir las huellas de la labor humanitaria por la liberación de rehenes de las FARC para apresar a los mensajeros, sabotear las liberaciones o atacar a las unidades de la guerrilla responsables de entregar a quienes durante años y años han estado esperando la libertad.
Pero “show” es también prometer las FARC a los indígenas que esa guerrilla no seguirá asesinando aborígenes, y seguir matándolos. Los indígenas nasa del norte del departamento del Cauca señalan a las FARC de haber dado muerte a Marino Mestizo, que integraba una misión comunitaria para erradicar laboratorios de droga y expulsar la guerra del territorio indígena.
Y, puede que haya «shows» que lleven a algo constructivo. Depende. Por ejemplo, qué tal si hubiera un “show” de parte de las FARC en torno al secuestro de un concejal (legislador municipal) en Garzón, departamento del Huila, este lunes hace un mes. Después de una acción militar espectacular, las FARC se han quedado calladas como peces. ¿El concejal estaba manejando contratos relacionados con un megaproyecto que va a afectar a miles de campesinos? Si esa versión es cierta, que las FARC lo digan públicamente, es mi opinión. Veremos entonces qué hacer o qué decir. Lo que no sirve es el silencio de la violencia: “Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”, canta el rockero argentino.
En esta carta, las FARC apuntan a que las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos” – es decir, aquellos asesinatos de civiles para ser presentados como guerrilleros y así abultar las cifras triunfalistas de la fuerza pública- hacen “parte de la escabrosa estrategia por perpetuarse en el poder, del show presidencial y de la gran mentira oficial sobre la realidad, dimensión, calidad y esencia del conflicto colombiano”.
Las FARC ponen aquí sal en la llaga: yo azuzo la guerra, ya no quiero financiarla solamente yo, y mis hijos jamás de los jamases irán al frente de combate porque para eso están los pobres, y al fin y al cabo la guerra soluciona en buena parte el problema del desempleo. Así piensan y actúan las poderosas familias de Colombia, y la guerrilla menciona sólo cuatro nombres – el presidente, el banquero, el industrial, el importador de armas.
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Mestizo fue asesinado el martes hacia las 13:30 horas cerca del sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, municipio de Caloto, en territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Dos hombres armados y encapuchados lo hicieron apearse de su moto, le amarraron las manos a la espalda, se lo llevaron fuera de la vía. La Guardia Indígena lo encontró boca abajo, con tres balazos en la cabeza.
Las FARC dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.
Mestizo fue presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda (vecindario rural) La Esperanza Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la jurisdicción indígena.
Ante el funcionamiento de laboratorios de drogas de gentes “externas”, y ante la “presencia de actores armados de derecha e izquierda en nuestras comunidades”, que estaban “causando problemas de descomposición social en la población civil”, el 26 de febrero de este año las autoridades indígenas de Jambaló expidieron la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria.
La Declaratoria daba tres días a los dueños de los laboratorios de droga para desalojar voluntariamente el territorio indígena.
Vendría luego una verificación del territorio, por parte de guardias indígenas (Nasakiwe Tegnas), en los sitios donde se sabía del funcionamiento de laboratorios. Si para entonces seguían allí, y si los “actores armados continúan en las viviendas de los comuneros y dentro del territorio, se procederá a realizar una minga pacífica de desalojo”, decía la Declaratoria.
El Parágrafo 1 del artículo sexto de la Declaratoria advertía: “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio”.
Marino Mestizo estuvo entre los líderes que encabezaron la verificación.
En su recorrido “se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar”, rezaba un comunicado de la comunidad retransmitido por la ACIN.
Al acercarse al laboratorio, las comisiones “fueron hostigadas con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana”. Supuestos guerrilleros intentaron quemar el bus de propiedad del Cabildo Indígena de Jambaló, pero la comunidad lo impidió.
El texto consignaba: “continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad”.
El 3 de marzo, segundo día de la Asamblea Permanente, las comisiones hallaron “artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad”.
“Se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso”, agregaba el comunicado divulgado por ACIN.
La Asamblea Permanente reiteró con fecha 6 de marzo “a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente”.
Como miembro del Comité de Investigación del Cabildo de Jambaló, Marino Mestizo estaba investigando a milicianos de las FARC supuestamente comprometidos en las amenazas contra varios líderes luego de que las comisiones de la Asamblea Permanente destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló.
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ahora, la Consejería Mayor de la ACIN, en nombre de las autoridades tradicionales de todo el norte del Cauca, se declaró en Asamblea Permanente. Este miércoles se tomaron más decisiones colectivas, “para defender el territorio y la vida”. Estas serán publicadas en http://www.nasaacin.org/
La ACIN hace parte del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.
Remito a mi lector o lectora a la carta enviada por el CRIC a las FARC el 19 de febrero, y a la que adhirieron Colombianas y Colombianos por la Paz, grupo que lleva un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla y con el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
En la misiva a las FARC, motivada por la ejecución de ocho indígenas awá por esa guerrilla, el CRIC resume la razón de las luchas de los indígenas del Cauca: buscan un sistema democrático, un sistema económico que no destruya la naturaleza y una sociedad en armonía.
«No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos», resumió entonces el CRIC, pero “no queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila.
Tampoco se manifestaron ni el alcalde, ni el cura, y la personera no volvió.
En cambio, llegó más gente al curso. “No sé cuántos serían, pero llegaron personas que no estuvieron” el jueves, durante la primera y accidentada jornada del evento (Ver En Algeciras), cuando había cerca de 60 personas, contó Luis Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del CPDH.
“A nosotros nos preocupa es la gente que quedó allá”, contestó Ramírez cuando quise confirmar que él y la abogada que lo acompañó para adelantar el seminario habían salido sanos y salvos de la zona cuyo nombre ha figurado trágicamente en el mapa de la guerra colombiana.“Da la impresión, por lo que la gente dijo hoy (por el viernes), que esa región está en manos de paramilitares y el alcalde, la personera y hasta el cura son subalternos de ellos”, comentó telefónicamente desde la carretera rumbo a Bogotá el defensor de derechos humanos.
“Personalmente me dio la impresión de que los de la policía eran mucho más agresivos. Los del ejército se metieron (a la Casa de la Cultura el jueves), dieron una vuelta por el salón pero el resto del día se quedaron afuera”, señaló.Esta es “una policía militar, como una policía de tropel, porque estaban muy fuertemente armados. Son muy agresivos”, reiteró. Es, parece, la fuerza que permanece estacionada en el casco urbano de Algeciras.
“La gente se mantiene en un estado de zozobra. Habían pedido esta capacitación precisamente para tener herramientas para defenderse de estos bárbaros. Para tener algún tipo de orientación”, agregó Ramírez.“Los atropellos contra la población son cotidianos. Los golpean, los maltratan, los torturan. La gente está hasta la coronilla de tanto abuso”, son las noticias frescas que trae.
“Nosotros, por lo menos ayer (por el jueves) probamos en carne propia lo que es el salvajismo de estos bárbaros. Uno está dos o tres días en el lugar, pero la gente queda allá en un estado de zozobra e intimidación muy grave”, advirtió Ramírez, y agregó que el CPDH está evaluando organizar una misión a Algeciras, para observar y dejar consignadas las condiciones en las que están los habitantes del municipio.Ante la pregunta de qué opinaron los asistentes al seminario de derechos humanos acerca de lo ocurrido el jueves, y que se describe en la nota En Algeciras, relató que “por un lado, la gente estaba más o menos gratamente sorprendida de que alguien enfrentara a estos señores, y que mientras estuvimos en esa situación hubiéramos llamado a todo el mundo. De (la oficina del CPDH en) Bogotá también llamaron a todos lados”.
“La gente se dio cuenta de cómo es. Que no es agachando la cabeza sino haciendo frente a las cosas. Comentaban que ‘qué bueno’”, dijo el activista humanitario.Es decir, que este fue un seminario sobre derechos humanos con sesión de práctica en vivo y en directo.
Si mi lector o lectora quiere hacerse una idea de las cosas que padecen los habitantes de Algeciras, le recomiendo, por ejemplo, entrar a la base de datos en línea del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.La dirección es https://www.nocheyniebla.org/consulta_web.php
Allí se debe indicar, simplemente, en “departamento”, Huila. Y en “municipio”, Algeciras, y oprimir “Consulta”.A mí me aparecen 69 entradas, aunque nada más desde el 14 de marzo de 2001.
Algeciras queda en la zona andina cercana al nacimiento del río Magdalena, emblemático de Colombia. Está al oriente del departamento del Huila y a 56 kilómetros de su capital, Neiva. Tiene 672 kilómetros cuadrados.Su economía es agropecuaria en el 95 por ciento y se lo conoce como “la despensa del Huila”. 57 por ciento de los pobladores viven en las 61 veredas (vecindarios rurales). A la capital municipal se suman tres caseríos: Paraíso, El Toro y La Arcadia.
En 2007 tenía 23.427 habitantes, según la proyección 2007 del Censo Poblacional de 2005, o 24.603 en 2008 según el Sisbén (sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales, considerado de la mayor exactitud para las mediciones de los expertos en pobreza). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 49.26 por ciento de la población vivía en 2007 con sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Las NBI afectan al 62.78 por ciento de la población rural y al 40.14 por ciento en el sector urbano.
Es el municipio del Huila con más desplazados forzadamente. Entre 1991 y hasta mayo de 2007, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, el 17,63% de las familias expulsadas de los 37 municipios del Huila provenían de Algeciras.El alcalde Algeciras, Rigoberto Sánchez Tamayo (el mismo que autorizó el seminario sobre derechos humanos del CPDH pero ni acudió a la invitación de los habitantes para instalarlo oficialmente, ni se apareció por allí durante el allanamiento del jueves) sostiene en su Plan de Desarrollo 2008-2011:
“El plan de desarrollo del Municipio de Algeciras se estructura con base en la participación y el sentir de las comunidades que son el eje central de las acciones de desarrollo. “En él se reconoce a la persona como titular de derechos, como centro y actor del proceso de desarrollo en cada uno de los ciclos de vida y se viabiliza la integración de los principios y estándares de los derechos humanos, universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la restitución de derechos vulnerados.”
Ante semejante brecha entre la realidad y las declaraciones, si yo viviera en Algeciras también necesitaría capacitación urgente en derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Luis Jairo Ramírez, está trabajando en el poblado de Algeciras, unos 60 kilómetros al sur de Neiva, la capital del central departamento del Huila, dictando un seminario de derechos humanos.
La capacitación, dirigida a unos 60 campesinos de esa región en guerra, comenzó hoy y termina mañana. Debería haber sido un evento académico más, de los incontables cursos, talleres y capacitaciones sobre este crucial tema que el CPDH ha dictado desde su surgimiento en 1978.
El propio Ramírez perdió la cuenta de cuántas veces ha repetido los mismos principios en los 12 años que hace que se vinculó al CPDH. En esos mismos 12 años, esta fue la primera vez que fue tratado como un delincuente.
El encuentro estaba citado a las nueve de la mañana de este jueves en la Casa de la Cultura de Algeciras, a una cuadra de la alcaldía.
Estaban invitados a instalar el curso el alcalde, el cura y la personera (funcionaria que representa en cada municipio al ministerio público y tiene a su cargo vigilar el respeto a los derechos humanos).
El cura no fue.
El alcalde tampoco, pero mandó a un funcionario con las llaves para abrir la Casa de la Cultura, sede adscrita a la alcaldía y que los campesinos le habían solicitado para realizar el encuentro, el cual él autorizó verbalmente.
Y la personera llegó tarde, ya en medio del allanamiento.
Porque los que sí hicieron aparición puntual a las ocho, en una espectacular operación conjunta, fueron tropas de Contraguerrilla del ejército, del Comando Operativo 5 perteneciente a la IX Brigada, así como Policía Militar y DAS, servicio de inteligencia que depende de la Presidencia.
El pretexto inicial fue el de pedirle su identificación a Ramírez y a una abogada que lo acompañaba en la labor de capacitación.
Luego se retiraron y 15 minutos después volvieron, con el (segundo) pretexto: querían ver la autorización del alcalde para la reunión.
“Cuando les mostramos la solicitud radicada, la rechazaron y dijeron que querían el permiso firmado por el alcalde”, contó telefónicamente Ramírez a esta periodista.
El seminario sólo comenzó después de la una de la tarde, luego de que los miembros del CPDH llamaran a la misión de la Unión Europea en Bogotá, a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –en cuya sede bogotana se adelantaba a la misma hora una rueda de prensa del Relator Especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Profesor Philip Alston-, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, a la misión en el Huila del PNUD, y a todas las organizaciones de derechos humanos que pudieron, para que intervinieran.
“Sólo así se retiraron, pero media hora después llegó nuevamente una camionada de ejército y nos tuvieron rodeados toda la tarde. Así tuvimos que dictar el taller”, relató Ramírez.
En todo caso, los integrantes del operativo “les tomaron fotos a todos los asistentes, básicamente líderes campesinos de la región y miembros de juntas de acción comunal del municipio, de distintas profesiones y oficios, amas de casa etcétera”, dijo Ramírez.
Sobre la personera, Ramírez expresó que “se ve que está muy intimidada por el ejército. Trató de quitarle importancia a la cosa y preguntó qué temas íbamos a tratar en la conferencia. Dijimos que el tema de nuestras capacitaciones lo definimos nosotros”.
Curiosamente, fueron más agresivos los miembros de la policía que los del ejército.
“De una cartilla sobre el fenómeno paramilitar, los policías dijeron que no teníamos que hablar de paramilitarismo porque ‘aquí no hay paramilitares’, y que teníamos que hacer una capacitación denunciando al ‘terrorismo narcotraficante’. Dijimos que ellos no tenían por qué intervenir en el contenido de la capacitación”, agregó el defensor de derechos humanos.
“Yo me negué a iniciar la capitación hasta que no se retiraran, cosa que hicieron después del medio día” dijo Ramírez, quien cree que en ello medió una llamada de Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El seminario termina este viernes en la tarde. Los miembros del CPDH regresan a Bogotá por carretera, unas siete u ocho horas de trayecto.
“No le encuentro la forma del cráneo a este hueso”. A instancias de su madre, Camilo, de 11 años, de cabello y ojos negrísimos, se ha puesto unos guantes quirúrgicos y un tapabocas.
Está sentado sobre sus talones, en el suelo de baldosín de una pequeña alcoba de la casa de los Claretianos en Bogotá, y saca uno a uno los huesos de su padre de una caja de cartón de 30 x 30 x 25 centímetros, para depositarlos en una urna de madera, a su lado.
La caja es reciclada. Lleva en sus costados la marca “Assenda”, de la empresa colombiana Carvajal S.A., que provee, entre otros, suministros de oficina. La fiscalía la entregó sellada con esparadrapo. En su interior, huesos secos en bolsas, y ropa apelmazada.
Camilo estira con sus manos una bolsa de plástico transparente, ya vacía, con un letrero: Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación. “Aquí venía todo el cráneo”, dice Camilo sin aspavientos, y luego intenta juntar dos pedazos, como en un puzzle.
El cráneo de su padre, Arnoldo Naranjo, está destruido. Lo reconocieron sólo por su carta dental.
Quizá por eso en el CTI de la Fiscalía de Pasto, capital del departamento de Nariño, retuvieron los restos durante 15 meses más, luego de que Arnoldo fue exhumado en diciembre de 2007 de una tumba en Puerto Asís, departamento del Putumayo, y en la que había sido enterrado como “N.N.”: identidad desconocida.
Identidad desconocida, a pesar de que durante tres días la emisora Putumayo FM Stéreo retransmitió un parte militar según el cual un guerrillero había sido dado de baja, y a continuación daban su nombre: Arnoldo Naranjo Ramírez. Le fueron incautados fusiles, dijo el ejército.
Los restos fueron entregados a su familia el pasado 5 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, sólo después de una tutela interpuesta por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Lo mataron el 23 de enero de 2005 en la vereda (vecindario rural) La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caycedo, Putumayo. Allí todo el mundo lo conocía como El Gordo, porque así lo llamaba su esposa Carmen. Por eso al comienzo nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el parte militar.
“No hablé ni el 23, ni el 24, ni el 25. Yo vine a hablar como el 26 ya”, dice Carmen. El 23 pensó apenas que, si acaso, el ejército lo había detenido. El 24 una vecina le insistió en que escuchara la radio. El 25 otro vecino le dijo que a su marido, dirigente local de la extinta Unión Patriótica (UP), lo había matado el ejército.
Entonces, esta madre campesina y militante del partido comunista emprendió camino por la selva hasta llegar el 26 al teléfono más cercano, en la vereda Las Perlas, y llamó a Putumayo FM Stéreo: “Ese es mi esposo. No es ningún guerrillero”. Fue cuando “todo el mundo se dio cuenta”, relata ella.
Por la radio le dijo al ejército que cómo era posible que engañaran así al país, y a la gente.
En la mañana del 23, Arnoldo desayunó y junto con el trabajador de su finca, Yamid Tumbo, enjalmó la mula para traer frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) a los 22 marranos. Salieron hacia las ocho. El ejército los detuvo en la orilla del Caño Picudo. Era verano, y un niño vio cómo los hicieron atravesar a pie el caño semiseco.
A las 2 de la tarde, un hombre le advirtió a Carmen: “el ejército está aquí”.
Camilo tenía entonces siete años. Era el que siempre acompañaba al padre, y conocía bien el camino para ir por el chontaduro. Carmen se sentó a hablar con su hijo mientras esperaban el regreso. Pero a las cinco de la tarde decidió aceptar que quizá Arnoldo había sido detenido. Esa noche durmieron donde unos vecinos.
Al otro día se encontró con Yamid. Estaba pálido.
— Doña Carmen, al Gordo se lo llevaron.
— ¿Se lo llevaron, o lo mataron?
— Se lo llevaron.
Hacia las dos de la tarde, una mujer le preguntó si había oído la radio. “Ese día no me doy cuenta”, recuerda ella. Pero el 24, cuando estaba en casa de un amigo, otro hombre le dijo: “Doña Carmen, al Gordo lo mandaron pa´l otro lado”.
Un hombre que tenía una lancha se ofreció a traer el cuerpo desde Puerto Asís, por dos millones de pesos (unos 800 dólares), pero otro le advirtió que no era seguro de que se tratara de Arnoldo, y que más bien podía ser peligroso para ella.
Carmen se demoró un tiempo vendiendo algunas cosas para juntar dinero y poder viajar a Bogotá. Lo hizo en julio, y expuso lo ocurrido ante un foro de la corporación Reiniciar, que lleva el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su relato llevó a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Desaparecidos. Junto con Yamid, fue citada en mayo de 2006 por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).
Los restos de Arnoldo fueron encontrados dos años y 11 meses después de que el ejército presentó la muerte de este dirigente campesino como un éxito militar. Y sólo otro año y otros tres meses más tarde, fueron entregados a su mujer y a sus hijos.
Carmen es hija de campesinos comunistas. En 1987 comenzó a meterse en política, en Mapiripán, departamento del Meta. Conoció a Arnoldo en 1991 y a los tres meses se fueron a vivir juntos. Quince días después, ella le preguntó por sus opiniones políticas. “Me dijo: yo soy de la Unión Patriótica. Y le dije: yo soy del partido comunista. Me abrazó y me dijo: ‘Carmenza, usted es la mujer para mí”.
Arnoldo nació en 1967 en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Era el segundo de nueve hijos de una familia campesina. Cursó hasta tercero de primaria. A los 12 años se fue a trabajar en la finca de una tía, en Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán, también en Caquetá, donde en 1986 supo de la UP.
Ese movimiento político había sido creado un año antes, en 1985, propuesto por las FARC en medio de negociaciones de paz con el gobierno, como fórmula para integrarse a la vida civil. A la UP se unieron el partido comunista, y movimientos locales y regionales o individuos independientes.
En 1987 Arnoldo se marchó a buscar suerte en Puerto Asís, y allí se vinculó a la UP. Ya había comenzado la matanza de ese partido y tuvo que huir por tres meses hacia la frontera con Perú.
Dos años más tarde, cuenta su hija Karen, la dirección de la UP en Putumayo lo delegó para construir esa organización en la región fronteriza de Piñuña Blanco, donde estuvo cerca de un año, pues “entraron los Masetos (paramilitares) y asesinaron familias enteras, lo mismo que en Puerto Asís”. Se refugió hasta finales de 1990 con un tío en una región cercana, llamada Piñuña Negro.
Arnoldo y Carmen se establecieron en Putumayo, compraron una finca, “hicimos una casa muy bonita”, cuenta ella, pero a los dos meses de terminarla les tocó irse.
La razón: 13 comunidades se declararon en paro para hacer que el alcalde fuera a la zona, pues tenían problemas con el costo de los víveres. Una panela (melaza solidificada de jugo de caña de azúcar) costaba 10 mil pesos (cuatro dólares), una libra de arroz, siete mil (2,80 dólares).
Pero el vecino, que tenía una camioneta y se beneficiaba de esos costos, se opuso al paro. Y por su parte, las FARC declararon “paro armado”, es decir que apoyaron el paro amenazando a quienes transitaran.
A partir de ahí, cuenta Carmen, “nos tildan de guerrilleros”, “ni siquiera de auxiliadores” de la guerrilla.
Carmen está huyendo.
El 1 de septiembre fue sacada de la región por el CICR, junto con sus hijos. Ya en Bogotá, el 2 de marzo fue abordada por una mujer desconocida que le advirtió que la están siguiendo. Antes, hace unos 20 días, y «para que no vayan solos los militares», ella anunció que acompañará in situ una inspección judicial convocada por la Procuraduría.
Carmen no cree que la persecución se deba a que ella sigue siendo comunista. Es “porque he llevado hasta las últimas consecuencias este proceso” de Arnoldo, a quien, como resume ella, “lo retienen, lo torturan, lo asesinan y lo desaparecen”.
Arnoldo Naranjo Ramírez encontró el 10 de marzo su tumba definitiva, luego de una misa oficiada en la sede de los Claretianos en Bogotá. “Seguimos denunciando estos atropellos contra la vida”, dijo el sacerdote.
Acompañaron a Carmen, Karen y Camilo apenas una veintena de personas, incluidas dos corresponsales de prensa extranjera.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”. 
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la 
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila. 
