Posts filed under 'Proceso de paz'
Imagen de circulodeperiodistasdebogota.com
LA APIC CONDENA EL ATENTADO CONTRA EL PERIODISTA DE SEMANA RICARDO CALDERÓN
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) condena el atentado perpetrado con armas de fuego contra el periodista colombiano de la revista Semana Ricardo Calderón, quien salió ileso en la noche del primero de mayo, cuando se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Ibagué a Bogotá.
La APIC exhorta a las autoridades a investigar este suceso para evitar que el caso quede en la impunidad y así garantizar la búsqueda de la verdad y el libre derecho de expresión y de información en Colombia.
Asimismo, la APIC expresa su preocupación por la seguridad, no sólo de Ricardo Calderón, sino de todos los periodistas y reporteros que ejercen la profesión en el país, en especial en las zonas más vulnerables.
Bogotá, 2 de mayo de 2013
mayo 2nd, 2013
Radical -como lo indica la etimología- es quien va a la raíz de los asuntos. Radical es el Profesor Emérito James Petras, sociólogo marxista estadounidense de 76 años, autor de más de 60 libros. Conoce a las FARC, como lo evidencian sus escritos, prácticamente omitidos en Colombia.
Al término de la tregua unilateral de las FARC, que tuvo una duración de dos meses a partir del 20 de noviembre, Petras se pronunció en su entrevista semanal en Radio Centenario, de Uruguay, sobre las negociaciones de paz. De paso dejó bastante mal parados al Frente Farabundo Martí de El Salvador y a la guerrilla guatemalteca. Aquí su análisis.
“La ilusión de Santos y del Departamento de Estado estadounidense, de que podrían repetir en Colombia lo que pasó en Centroamérica, es un error estratégico. (…) Esto no es sólo la cúpula de una organización pactando con un gobierno reaccionario, como pasó en Centroamérica.”
(…)
El alto al fuego unilateral de las FARC termina porque el gobierno de Juan Manuel Santos no aceptó una tregua bilateral; al contrario, ha seguido atacando y bombardeando los campamentos de las FARC y, más que nada, atacando las comunidades campesinas, indígenas, donde las FARC tienen prestigio e influencia. Y las FARC aguantaron dos meses de ataques unilaterales del gobierno colombiano y declararon que, si el gobierno no puede acomodar la paz, ellos vuelven a la guerra.
Es una mala señal el hecho de que el gobierno de Santos no quisiera firmar una tregua, porque está pendiente la reforma agraria. Y las FARC dicen que hay 20 millones de hectáreas que podrían servir para atender las necesidades de los 4 millones de campesinos sin tierra. Pero el gobierno rechaza eso.
Lo que el gobierno colombiano pretende es una solución como la del Frente Farabundo Martí en El Salvador, o como la de los guatemaltecos, donde los guerrilleros entregaron todo simplemente a cambio de ocupar fueros. Pero son países donde las desigualdades de tierra, de poder, de riquezas, siguen exactamente igual o peor que antes.
Las FARC no aceptan eso. Las FARC no se van a entregar, ni van firmar un documento simplemente para dedicarse a la politiquería, la política electoral, como el Farabundo Martí, para llegar a la Presidencia y gobernar en nombre de las multinacionales y en confabulación con los grandes terratenientes.
Eso no va a pasar en Colombia.
La ilusión de Santos y del Departamento de Estado estadounidense, de que podrían repetir en Colombia lo que pasó en Centroamérica, es un error estratégico.
Deben aceptar que, si quieren conseguir paz, tienen que conseguirla a partir de justicia social, que empezará, en primera instancia, con una reforma agraria, lo que va a afectar a los grandes poderes ganaderos y los grandes especuladores de la tierra, que son una fuerza importante en el gobierno.
Entonces el gobierno de Santos tiene que decidir si va a continuar la guerra, las FARC están a esa altura. Y si quiere sentarse para empezar un camino de paz con justicia social empezando con la reforma agraria, la paz es factible.
No deben pensar que las FARC unilateralmente se van a desmovilizar, desarmar y olvidar al pueblo. En cambio, las FARC convocan a los foros populares, a las organizaciones de masas a intervenir en estas negociaciones. Esto no es sólo la cúpula de una organización pactando con un gobierno reaccionario, como pasó en Centroamérica.
Tenemos que decirlo en forma categórica: eso no va a pasar en Colombia.
(…)
enero 29th, 2013
Para la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reciente “reporte intermedio” sobre Colombia, los ataques contra comunidades negras estarían motivados porque estas “viven en regiones con abundancia de recursos y que son consideradas estratégicamente importantes por los grupos armados dedicados al narcotráfico”.
Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a «una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano».
La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008 para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.
Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.
Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.
“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.
Continúa:
“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.
“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.
“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de 2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.
“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.
“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.
“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.
Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.
Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.
En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros». La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.
Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos
La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.
Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.
En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.
La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.
La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.
Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.
No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.
Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.
Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:
Haremos nuestra mesa e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.
En el espíritu de nuestros ancestros
Organizaciones Afrocolombianas
diciembre 18th, 2012
El negociador plenipotenciario de las FARC en La Habana, Rodrigo Granda, desmintió la afirmación de “Sandra Ramírez”, viuda de Manuel Marulanda, al diario cubano Juventud Rebelde: desde febrero no hay “retenciones” (secuestros extorsivos) y “no hay prisioneros de guerra en poder de las FARC en este momento”, dijo Granda a Blu Radio en entrevista de casi 6 minutos hoy lunes.
“Fue un problema de trascripción de la entrevista”, dijo por su parte otra fuente guerrillera desde La Habana a la misma emisora. Estos son los comentarios de los periodistas de Blu Radio al respecto.
Sobre los cuatro nacionales chinos (ingenieros de petróleos al servicio de Emerald Energy) que fueron secuestrados en junio de 2011 en la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos, y liberados el 21 de noviembre pasado, cuando fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, Granda dijo en la misma entrevista que no está al tanto: “En este momento no puedo decirte absolutamente nada. Yo estoy aquí en La Habana. No sé qué puede estar pasando en algunas regiones del país”, respondió al periodista que le preguntó si las FARC, entonces, no habrían secuestrado a los tres ingenieros chinos y a su traductor, de la misma nacionalidad.
Respecto a ese caso, María Cristina Rivera, portavoz del CICR en Colombia, expresó a IPS:
Nosotros somos una organización humanitaria. No nos compete establecer ese tipo de responsabilidades. Refiriéndonos a los hechos, podemos decir que la entrega de los ciudadanos chinos se dio en zona rural de San Vicente del Caguán, por parte de hombres de civil que no se identificaron, y que además no portaban armas. Por lo tanto, no podemos afirmar en ningún sentido quién tenía a los ciudadanos chinos, ni nos compete. Lo importante es que estas personas fueron liberadas.
En el rompecabezas sobre este caso sirve la descripción de la situación militar en esa zona en el momento en que fueron secuestrados los chinos, que IPS hizo con la ayuda de Ariel Ávila, del grupo de analistas Nuevo Arco Iris.
diciembre 3rd, 2012
Estas declaraciones de «Sandra Ramírez», viuda de Manuel Marulanda, al diario cubano Juventud Rebelde, traen a la actualidad el asunto del secuestro extorsivo (en el artículo lo llaman «retenciones económicas») y la captura de militares y policías para mantenerlos en condiciones equivalentes a prisioneros de guerra. Sandra considera que sigue vigente la propuesta del canje de estos uniformados por guerrilleros de las FARC presos, que ella calcula en unos 700. Reproduzco los párrafos pertinentes a continuación. Link con el texto completo,
aquí
—¿Por qué en un momento determinado inician la retención de civiles?
—Una organización político-militar como la nuestra requiere gastos. Nosotros tenemos una ley, la 002, donde se estipula que a quien tenga un patrimonio superior a un millón de dólares le exigíamos el pago de un impuesto para la paz, así como ellos pagan un impuesto para la guerra. A aquella persona que se negaba a darlo, la reteníamos.
«Sin embargo, a partir de un proceso interno, tomamos en febrero la resolución de no más retenciones económicas. Hemos tenido errores en torno a esto. Entonces decidimos buscar nuevas formas de hallar los recursos que necesitamos para la organización. Nos financiamos con la ayuda de muchos compañeros, pero también en nuestras áreas cultivamos para autoabastecernos, y vender».
—Y los secuestros de políticos, ¿qué fin perseguían?
—La clase política es la que hace las leyes, y no beneficiando a los pobres: las hace favoreciendo a los ricos. Pensamos que había que hacerles sentir el peso de la tragedia que vive el pueblo colombiano. Ellos viven en otra Colombia. Y el hecho de tenerlos también era para que ellos nos devuelvan a nuestros compañeros presos en las cárceles, y reconozcan que somos un factor político en el país: un factor al que no se le escucha, al que se le cierran todas las puertas. Ya todos han sido entregados.
—¿Sigue vigente por parte de las FARC-EP la propuesta de un canje?
—Mantenemos ese proyecto porque es lo que nos permitiría buscar, precisamente, cómo logramos que los compañeros que se están pudriendo en las cárceles del país, regresen.
«En combate capturamos policías, soldados. Es distinto: son prisioneros de guerra porque son capturados en combate. A ellos se les respeta su vida, se les respeta su integridad física, sus creencias. Se les respeta sus derechos humanos. Con ellos también buscamos el canje. Sí, nosotros tenemos prisioneros de guerra y los vamos a entregar, pero que el Estado nos devuelva a los nuestros que están allí, en las prisiones».
—¿Cuántos son?
—Calculamos que hay aproximadamente 700 compañeros nuestros, pero tenemos datos de que también existen ocho mil presos políticos y de conciencia. A muchos no se les ha realizado proceso y no hay definición de qué tiempo tienen que pagar. Y pasa y pasa el tiempo. No todos son guerrilleros, hay muchos compañeros de apoyo acusados de serlo. Son compañeros que viven en los campos, que pasa uno y le dan un vaso de agua; nos ofrecen una comida o un racimo de plátanos. Por ese hecho ya son judicializados. Les dicen guerrilleros o que son apoyo logístico de las FARC, pero son civiles. Hay muchísimos compañeros civiles que están en las cárceles del país.
—¿Y extraditados?
—Tenemos tres compañeros: Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas. Ellos tres fueron extraditados durante el Gobierno de Uribe. Nosotros no estamos de acuerdo con la extradición. Consideramos que constituye una entrega total de la soberanía de Colombia. ¡Cómo es que un país como Colombia no pueda juzgar a sus conciudadanos! Si es que Simón Trinidad tiene delitos, en Colombia hay leyes, hay un poder judicial que puede juzgar a quienes han cometido delitos. Es un apátrida el que entrega a sus conciudadanos para que sea otro país el que los juzgue.
diciembre 3rd, 2012
La fase de la confidencialidad propia de la exploración terminó y comienza la de la participación ciudadana, dice un documento del equipo negociador de las FARC, emitido en La Habana el viernes 26 y titulado “Reflexiones sobre la Agenda de La Habana I”.
Destaco el tono de palabrero wayúu que tiene esta frase:
Necesario es que al hacer una interpretación de la Agenda o del conjunto del Acuerdo, con paciencia y acudiendo siempre al factor de inspiración que son los anhelos de justicia y reconciliación del pueblo colombiano, optemos por no descontextualizar y no delimitar insertando visiones personales del asunto.
Elementos
El preámbulo del “Acuerdo General” entre el gobierno y las FARC, que reconoce el estado de injusticia en Colombia, no es retórica y es vinculante.
La Agenda de la Habana es breve pero profunda; sus propósitos no son formales, plantea objetivos de fondo. En el discurso de instalación de las FARC-EP en Oslo, los aspectos tocados están estrictamente enmarcados en ella. No hay agendas paralelas ni ocultas por parte de la insurgencia.
No se les olvide que la cosa es de lado y lado:
En el tema víctimas, “el compromiso suscrito en la capital de Cuba, (…) incluye indefectiblemente el deber de abordar el terrorismo de Estado como factor causal, esencial, del fenómeno.”
El equipo del gobierno en la negociación aún no engrana:
Ojalá, antes del 15 de noviembre, que es la fecha en que se inician las sesiones de la Mesa, quienes estuvieron durante la elaboración del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tengan tiempo y manera de darle una explicación objetiva del documento al conjunto de sus equipos de trabajo. Esto es fundamental para que comencemos con buen entendimiento y para evitar que desde las vocerías de las partes surjan mensajes que generen confusión en el seno de la población que se apresta a participar en los diálogos con sus múltiples iniciativas.
Queda para la historia del periodismo colombiano que los dos principales canales privados de TV, Caracol y RCN, cortaron la señal desde Oslo:
Sobre un proceso que es de interés nacional, se actuó impidiendo que el país escuchara los puntos de vista de la insurgencia en la misma dimensión en que lo permitió al gobierno.
Atención medios alternativos:
(…) lamentable contraste de participación de la agenda que habría que superar con urgencia: de 140 medios de comunicación que acudieron al evento, solamente dos eran alternativos colombianos. La dirigencia de las FARC saludó el esfuerzo de estos y expresó su determinación por contribuir a que en adelante sean atendidos de manera prioritaria.
Derecho de la sociedad a estar informada:
Urge abrir un espacio verás, eficiente y oportuno, el canal público y los medios democráticos, que permitan que Colombia tenga un conocimiento cierto de los desarrollos del proceso; es decir lo que transcurra en La Habana entre gobierno e insurgencia, como el desenvolvimiento de la participación popular, especialmente.
Al final de este link a El Espectador está el texto completo http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-383558-farc-piden-evitar-mensajes-confusos-el-proceso-de-paz?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
octubre 27th, 2012
“Es absolutamente claro que no se negocia la doctrina militar”, dijo este martes 23 por la Emisora del Ejército el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. “No va haber una aceptación de exigencia de disminución de fuerzas, de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, señaló a su vez el general retirado Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Militares y también negociador plenipotenciario con las FARC.
La analista Laura Gil comentó: “La doctrina militar de un país en guerra no puede ser la misma doctrina militar de un post-conflicto”.
Lo que dice Gil suena tan lógico que, a lo mejor –pienso yo- lo que no se negocia es la impunidad.
La ampliación del fuero militar fue emprendida por el gobierno durante la fase secreta de las negociaciones con las FARC. Inicialmente, esta ampliación estaba incluida en la reforma a la justicia. Hubo un momento en que el propio gobierno la extrajo del naufragio: el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón radicó de manera independiente la reforma al fuero militar, para garantizar su aprobación.
La ampliación del fuero militar modifica los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución.
Cuando entre en vigencia,
-la justicia penal militar podrá investigar, procesar y dictar sentencia en casos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual el Estado colombiano reconocerá que estas acciones, tan largamente ejercidas en forma directa, o a través de grupos paramilitares, hacen parte del servicio.
-los tribunales militares tendrán competencia sobre crímenes de guerra, aunque quedan por fuera el genocidio, los crímenes sistemáticos y generalizados (crímenes de lesa humanidad) y la desaparición forzada.
-será la justicia penal militar la que aborde ese pan de cada día que son las detenciones arbitrarias; también las torturas, incluidas la violación sexual y las mutilaciones; las ejecuciones extrajudiciales (sí, también en la modalidad de falsos positivos) y el uso de menores en la guerra.
-será la justicia penal militar la que defina si hay delito o no, aun en la fase de investigación preliminar.
La ampliación del fuero militar crea un sistema paralelo de justicia con el Tribunal de Garantías Penales, que funcionará como una instancia adicional para tratar cualquier acusación contra un miembro de la fuerza pública.
Ojo a los cargos de los tres que encabezan esta lista:
Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias
Todas estas personas, titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos (ONU), firmaron una carta abierta al gobierno y al Congreso de Colombia. Ofrecen su asesoría y piden que se frene la reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar, por considerarla “un retroceso histórico” en la lucha contra la impunidad.
Los firmantes advierten así sobre los falsos positivos:
Consideramos que, si se aprueba esta reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, especialmente entre 2003 y 2008 por miembros de la Fuerza Pública. Precisamente como resultado de estos esfuerzos, Colombia ha logrado desde 2009 una reducción notable en la comisión de estos tipos de violaciones, hecho que pone en cuestión la necesidad de la reforma constitucional propuesta.
Aquí la carta completa
octubre 23rd, 2012
Si durante la nefanda noche uribista Daniel Pardo hubiera osado escribir que las FARC tienen un discurso político, quizá lo hubieran censurado hace nueve años, o cinco, y se hubiera ganado un capítulo en el Power Point del G-3 del DAS, donde se disponían y describían las operaciones ofensivas contra los disidentes: por ejemplo, llamar desde teléfono público a la periodista Claudia Julieta Duque y decirle que le iban a cortar los dedos a su niña y se los iban a esparcir por el apartamento.
De eso se salvó –se ha salvado por ahora- Daniel Pardo, quien hasta esta semana escribió columnas de opinión en Kien & Ke, portal virtual propiedad, que se sepa, de una señora que vende seguros y que le montó parte de la estrategia de medios a Uribe Vélez.
Aquí está la secuencia sobre la exclusión de Pardo de Kien & Ke, según recopilación del CEPER, Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Una lectura imperdible respecto al mismo asunto, y que me dio el título para esta entrada, es escrita por Carlos Cortés: “La salida de Daniel Pardo del portal Kien&Ke abre una ventana indiscreta a la intimidad de los medios”.
Por si acaso Kien & Ke elimina las columnas de Pardo de su archivo, me apresuro a reproducir (más abajo) un texto suyo en el que cuenta que descubrió que las FARC, efectivamente, tienen un discurso político. “Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años (…) Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación”, escribió Daniel Pardo.
Antes de reproducir la mencionada columna, quiero aludir a la mención que hace Pardo de Medios para la Paz (MPP), asociación profesional a la que pertenecí y a la que sus integrantes le pusimos fin hace unos seis meses. ¿Por qué se acabó MPP? Porque los financiadores llevaban ya un tiempo pretendiendo imponernos su agenda a cambio de su dinero. Una pésima costumbre que parece generalizarse en estos tiempos de crisis económica y “responsabilidad social empresarial”.
MPP no surgió después del fracaso del Caguán, como dice Daniel Pardo. Sino a finales de 1998, justo cuando comenzaba ese proceso de paz con las FARC y el fiscal general y el Procurador general de la época acusaron a los periodistas de ser un actor más de la guerra. Durante 13 años, MPP recorrió el país capacitando a miles de periodistas en el cubrimiento responsable del conflicto armado.
En parte estoy de acuerdo con el veredicto del joven Pardo: con demasiada frecuencia parece que en Medios para la Paz no logramos mayor cosa. Sin embargo, siempre he tenido y sigo teniendo la satisfacción de encontrar aquí y allá, sobre todo en el periodismo regional, semillitas sembradas por MPP.
Pero MPP no es el tema central en este artículo de Daniel Pardo que reproduzco. Sino la exclusión sistemática, en el periodismo colombiano, del punto de vista del contrario.
EXCLUSIVO: los guerrilleros son políticos
Por: Daniel Pardo
Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años y, por mucho, llevo diez parándole bolas a las noticias. Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación. Siempre que oía o veía noticias sobre un guerrillero se referían a él como “terrorista”, “genocida”, “narcoterrorista”, “matón”, “asesino”.
Hoy conocí, realmente, el discurso de los guerrilleros. Iván Márquez, el vocero de las Farc, tuvo micrófono por primera vez en una década y lo aprovechó como nunca: dijo que el paramilitarismo está asociado con el Estado, que el pueblo debe jugar un papel en el proceso de paz, que el conflicto termina si acaba la injusticia social, que el Estado colombiano tiene complicidad con multinacionales que han explotado a la gente en el campo. Omitió las matanzas, las minas antipersona, el narcotráfico, los desaparecidos y las innumerables víctimas de su ejército. Sin embargo, por primera vez en diez años pude ver a la guerrilla como ésta quiere que yo la vea. Como políticos.
Caí en cuenta de que durante los últimos diez años el discurso de las Farc ha estado censurado de los medios de comunicación. Se reportan las matanzas, pero las ideas con las que el grupo guerrillero pretende legitimar sus prácticas violentas se omiten del periodismo. Hoy, en la rueda de prensa que el gobierno colombiano dio con las Farc, parece que lo volvieron a hacer: cuando empezaron las preguntas a los guerrilleros, varios medios cortaron la trasmisión.
En las negociaciones de paz están hablando dos partes que se consideran a sí mismas legítimas. Son partes, digamos, iguales. Que consideran a la otra ilegal y están negociando. Los medios van a tener que representarlas así –y nosotros oír los discursos de ambos– si es que queremos darles las condiciones a los guerrilleros para que se dejen las armas. Ahora que supuestamente se van a reintegrar a la sociedad, lo último que podemos hacer es excluir su discurso.
Después del fracaso del proceso de paz en el Caguán, los colombianos nos llenamos de odio y se volvió parte de la normalidad decirles “los asesinos de las Farc”. Fue la misma época, principios de siglo, en que se produjeron los ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y el mundo se volcó, de la mano del presidente George Bush, en una guerra “contra el terror” cargada de un discurso fundamentalista y polarizador que dividió al mundo entre el “eje del mal” y la supuesta legalidad. Los efectos de esa guerra dogmática hoy son incuestionables en muchas partes del mundo, incluido nuestro país.
El presidente que Colombia eligió para contrarrestar el fiasco del Caguán, Álvaro Uribe, seguía de cerca ese discurso de Washington y lo aplicó en Colombia con las Farc, que con prácticas de lesa humanidad le dieron cada vez más argumentos a Uribe para reforzarlo. Con una exitosa política de seguridad y comunicaciones que le dio mucha popularidad, Uribe logró inyectar el lenguaje polarizador en los medios y la gente: los periodistas que entrevistaban a las Farc, como Romeo Langlois y Hollman Morris, se volvieron “cómplices” y los políticos de izquierda, como Carlos Gaviria, se convirtieron en “marxistas disfrazados”.
Medios por la paz fue una ONG que se creó después del Caguán para pensar la manera como se iba cubrir el conflicto y no se repitieran los errores del pasado. Las investigaciones de la organización demostraron que el conflicto en Colombia estaba siendo muy mal cubierto: era amarillista, oficialista, parcial al tratar a la guerrilla y a los gobiernos. Hicieron todo tipo de talleres y foros para entrenar a los periodistas y crear modelos para cubrir el conflicto. Se hicieron manuales de estilo, cursos, debates. Hoy Medios para la paz no existe y, según lo que vimos hoy, sus revelaciones no sirvieron de nada.
¿Cuál es, acaso, la necesidad de tratar a los guerrilleros como iguales al gobierno y no rotularlos con adjetivos como “terrorista”, “genocida” o “asesino” durante el proceso de paz? Hay varias respuestas. Originalmente, las Farc se crearon como un ejército rebelde e ilegal de una gente que se sentía excluida del Estado y del debate público. El proceso de paz busca que se reintegren a la sociedad y salgan de la ilegalidad. Para eso, hay que incluir su discurso en el debate público y político, así sus palabras suenen anacrónicas, mamertas y hasta chistosas. Los guerrilleros creen, y en parte tienen razón, que el establecimiento colombiano también es “terrorista”, “genocida” y “asesino”. Y, para citar un ejemplo, está la Masacre de Segovia, que acabó con un partido político, la Unión Patriótica, que se había armado después de un proceso de paz en el 84.
Tal vez odiemos el discurso de los guerrilleros. Pero es un discurso. Y, si queremos jugar a la democracia, vamos a tener que oírlo. Como dijo De la Calle hoy, “si las Farc quieren un cambio en el sistema tendrán que presentarse a elecciones y cambiarlo”. “La gente debe decidir a quién le cree más: a las Farc o al gobierno. Por eso los medios deben transmitir ambos puntos de vista”, dijo hoy el periodista y profesor Javier Darío Restrepo. Les tengo una chiva: los guerrilleros son políticos.
octubre 23rd, 2012
A mediados de 1991, Humberto de la Calle Lombana fue enviado a la negociación con las guerrillas en Caracas, negociación que no pasó de dos reuniones. De la Calle era entonces ministro de Gobierno de César Gaviria (1990-1994).
De la Calle había saltado a la palestra porque en 1990 dio con la fórmula jurídica para abrirle paso a la Constituyente contabilizando la Séptima Papeleta, que era promovida por un comité de jóvenes.
Veintiún años después, De la Calle nuevamente es jefe negociador con las FARC. Ahora dice que, en torno a los acuerdos que surjan, el gobierno buscará mecanismos de refrendación, pero en ningún caso una Constituyente.
En su columna este domingo 21, Daniel Samper Pizano caracteriza así la política económica introducida por Gaviria y la cual, según De la Calle en rueda de prensa en Oslo y refiriéndose a la negociación con las FARC, es un modelo que “no estamos discutiendo”:
La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.
La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.
Puede que no en Oslo o en La Habana, pero…
Habrá que abrir un juicio al actual modelo económico colombiano cuando se pueda discutir en paz y dentro de las normas de la democracia. Tenemos que buscar y encontrar un esquema de desarrollo diferente al neoliberal que nos impusieron como panacea salvadora desde hace algo más de veinte años y que ha significado la prosperidad de los ricos y la ruina de los más pobres.
Ojo al dato que rescata Samper Pizano:
Una evaluación realizada en el 2004 en Montevideo con patrocinio, entre otros, de la muy liberal Fundación Friedrich Ebert condenó «el desastre neoliberal continental» que, en el caso colombiano, manifiesta un «retroceso social escandaloso, tal como lo expresa la última versión del informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas». Un documento publicado allí señala que «los peores resultados económicos del último siglo se presentan en la gestión del actual Gobierno [URIBE I]» y dice que «la economía burbuja ha disparado las ganancias del sector financiero y asegurador de servicios, configurando un estereotipo de crecimiento económico que ha aislado del verdadero desarrollo al 65 por ciento de la población».
La columna completa
octubre 21st, 2012
El embajador estadounidense en Colombia, Michael McKinley, fue ratificado en ese cargo por el Senado de su país el 5 de agosto de 2010, dos días antes de que Juan Manuel Santos reemplazara a Álvaro Uribe. En su primera semana de gobierno, Santos organizó una cumbre con el presidente Hugo Chávez en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta. Allí, Chávez dijo a la prensa que Santos le había planteado un tema muy importante sobre el que no podía hablar. Hoy pienso que Santos le planteó al mandatario vecino su intensión de iniciar un diálogo exploratorio con las FARC.
Ahora, el industrial antioqueño Nicanor Restrepo revela al diario El Colombiano que McKinley es uno de los asesores clave de Santos en los diálogos con las FARC.
También asesoran a Santos el ex canciller israelí Shlomo Ben Ami y una figura británica central en el proceso de paz con el Ejército Revolucionario Irlandés, IRA por sus siglas en inglés. El Colombiano, parece, escribe mal su nombre. Según yo, se refiere a John Reid, secretario de Estado de Gran Bretaña para Irlanda del Norte durante la negociación con el IRA
Destaco:
Sobre tres de los extranjeros que asesoran a Santos en el actual intento de paz con las FARC, Nicanor Restrepo dijo:
En estos procesos están consiguiendo no solo experiencia local sino de afuera muy grande. Entre los tipos de afuera está Shlomo Ben Ami, que como canciller de Israel, le tocó la toma de la iglesia de Belén que queda en Palestina. En esa iglesia había unos 500 católicos. Llegaron palestinos armados y los secuestraron. Como canciller le tocó negociar con los palestinos la liberación. Al Estado israelí le tocó soltar 1.200 prisioneros palestinos para que salieran los 500 (secuestrados). Él es uno de los consejeros. Hay otro consejero, Jonh Rots (puede referirse a John Reid, secretario de Estado de Gran Bretaña para Irlanda del Norte durante la negociación con el IRA), que fue el responsable en el Reino Unido de todo el tema del pacto con IRA. Un tipo más veterano, muy zorro. Y otro hábil, es el embajador americano Michael McKinley, que le ha tocado todos los bollos en Sudán. El gobierno americano está perfectamente de acuerdo con lo que realiza el gobierno colombiano. Como el presidente tenía la idea de poner un plazo de seis meses a las negociaciones, el inglés, el Rots (quizáReid), le dijo al presidente: ‘no se le ocurra, nosotros tuvimos ese error con el IRA, usted no se imagina qué es un plazo en una negociación. Eso es como un semáforo en rojo titilando, que faltan pocos días, algo que se vuelve totalmente obsesivo. Eso debe ser rápido, rapidito, pero no le ponga fecha y recuérdelo’.
Y no deja de ser interesante lo que cuenta el doctor Nicanor sobre el golpe “democrático” que planeaban contra Ernesto Samper, cuya campaña fue financiada por la mafia del Cartel de Cali:
En la época de Ernesto Samper había un grupo al que llamaban ‘los conspiretas’, que eran unos personajes que estaban teóricamente conspirando: pero no era favoreciendo un golpe militar ni nada de eso. Era una conspiración democrática, pero al fin y al cabo una conspiración. Con un esquema romántico y simplista en determinado momento los paramilitares y las guerrillas harían un gran pacto de paz pero que obviamente estaría avalado por el Estado. Las fuerzas de policía y militares también respetarían ese gran pacto y habría desarme y todas esas cosas de finales de los conflictos. A cambio de eso se producía un relevo en el gobierno. O sea: entraría el vicepresidente, no recuerdo cuál, el gobierno continuaba el proceso democrático, se iba Samper y se convocaba a unas elecciones y una constituyente. Esas eran las bases de la conspiración, pero no había soldados para sacar al tipo, no había golpe militar, era un golpe democrático o una gran presión. Parte de esos ‘conspiretas’ eran Santos (Juan Manuel), Angelino (Garzón), Lucho Garzón, Álvaro Leyva; yo era parte de eso.
Toda la entrevista aquí
octubre 18th, 2012
Next Posts
Previous Posts
