Pará es el estado de Brasil que soporta más conflictos agrarios y violencia. El sudeste paraense es un punto rojo: tiene una tasa de 72 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Así viven las poblaciones en un canal del río Guamá, cerca de Belém. Crédito: Diana Cariboni/IPS
También es estado muy pobre pese a sus riquezas naturales, porque el esquema impositivo está concebido para que los inversores se lleven las ganancias y dejen muy poco al fisco.
Ahora Pará está sacudido por la resistencia a la central hidroeléctrica de Belo Monte que, incluso antes de estar terminada, ha desfigurado para siempre la vida del pueblo más cercano, Altamira: la población se duplicó, se disparó la prostitución juvenil, así como la drogadicción, y los habitantes que serán afectados por la represa están en gran desamparo.
Pero estos temas casi no se tocan en los medios locales. En los días que estuve en Belém y alrededores escuché sobre medios y periodistas comprados, silenciados o amenazados.
“Nosotros somos periodistas, como ustedes”, nos dijeron las relacionistas públicas de Albras.
]]>“Más de 15 millones de litros por [...]]]>
“Más de 15 millones de litros por segundo pasan por los vertederos y forman un enorme salto de agua en la salida, el más grande de ese tipo entre los que existen, sin generar energía”, informa el periodista Lucio Flavio Pinto en su libro “La Amazonia en cuestión”, publicado en septiembre de 2012. Los estudios que aseguran su factibilidad son “mantenidos en secreto por el gobierno”, según él.
El 17 enero, Folha de São Paulo divulgó que esos estudios indican la posibilidad de un incremento de entre 2.000 y 2.500 megavatios con una inversión de 2.000 a 3.000 millones de reales (900 a 1.350 millones de dólares), cerca de mitad del costo por megavatio de la hidroeléctrica más barata en construcción en la Amazonia, la Teles Pires, en el río del mismo nombre.
En el agua embalsada de las hidroeléctricas, hay gas metano. Represa de Canoa Quebrada en el río Verde, norte de Mato Grosso. Crédito: Mario Osava/IPS
La desventaja es que solo será productiva durante el “invierno” amazónico, es decir la época lluviosa (en general diciembre-mayo). Pero sería de construcción rápida y sin las restricciones sociales y ambientales que suelen interrumpir o atrasar nuevos proyectos. Las obras de Teles Pires, por ejemplo, se suspendieron varias veces por quejas indígenas sobre la inundación de áreas sagradas y falta de consultas previas.
La ampliación de Tucuruí, sin embargo, no está incluida en el Plan Decenal de expansión eléctrica del gobierno hasta 2021.
Otro potencial del que ni siquiera se estudia la factibilidad es el aprovechamiento del gas metano almacenado en las represas amazónicas. En 2007, IPS entrevistó a investigadores que sostienen la posibilidad de añadir hasta 53 por ciento a la capacidad generadora de las centrales extrayendo el gas que se acumula en las aguas en las que están sumergidos bosques y una gran cantidad de material orgánico. Eso ahorraría la construcción de muchas y polémicas hidroeléctricas en la Amazonia.
Las propuestas presentadas por investigadores de dos respetadas instituciones científicas brasileñas no tuvieron eco. Si fueran factibles, constituirían una fuente muy barata de electricidad, evitarían grandes emisiones de gases invernadero y ahorrarían nuevos gastos en líneas de transmisión y otras estructuras, por estar vinculadas a centrales hidroeléctricas ya existentes.
Pero ni siquiera se admite oficialmente que las represas amazónicas contienen y emiten metano y dióxido de carbono, los principales gases causantes del cambio climático, y en gran cantidad, como aseguran investigadores de varios centros de estudio, entre ellos el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA).
El estudio de impacto ambiental de Belo Monte, la polémica central en construcción en el río Xingú, subestima las emisiones al considerar solo el metano de la superficie del embalse, omitiendo el de las turbinas y vertederos, donde más se hace presente este el gas, al revolverse las aguas profundas, denunció Philip Fearnside, investigador del INPA.
]]>En mayo, invadieron y ocuparon durante dos semanas una planta de los constructores de Belo Monte. Los mundurukús encabezaron esa acción a una distancia de 830 kilómetros por carretera de sus territorios, en solidaridad con los afectados del Xingú y para reclamar la suspensión de los proyectos hidroeléctricos en su propia cuenca.
Aceptaron la propuesta gubernamental de viajar a Brasilia, 1.480 kilómetros al sur, para negociar un acuerdo. Pero tenían que ir todos. Los mundurukús no aceptan ser representados por una comisión y no delegan tales poderes siquiera en sus caciques.
Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su territorio indígena Governador. Crédito: CIMI
La Secretaría General de la Presidencia, que cuida las relaciones del gobierno con la sociedad, tuvo que conseguir dos aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para transportar a los 144 indígenas que, siempre juntos, se encontraron el 4 de junio con el ministro jefe de esa cartera, Gilberto Carvalho.
En los 10 días que estuvieron en la capital brasileña protagonizaron protestas ante la Presidencia, el Congreso Nacional y el Ministerio de Justicia, terminando por ocupar la sede de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI).
Una segunda audiencia con el ministro Carvalho no se concretó. Los indígenas rechazaron la condición de enviar una comisión de 10 representantes. “Nunca nos separamos”, justificó un vocero. En un comunicado, la Secretaría alegó que “se negaron a participar en la reunión”.
Esa dificultad de lidiar con pueblos de otras culturas y formas de organización agrava las perplejidades actuales del gobierno brasileño. También los jóvenes que salieron a las calles en protestas multitudinarias desde el 6 de junio no reconocen la representatividad de los poderes estatales, rechazan jerarquías y no presentan líderes con quienes negociar.
Sus reclamos son “difusos”, según una definición que se hizo lugar común.
Como los indígenas desde hace mucho tiempo, los jóvenes tampoco aceptan mediaciones. Eligen a sus blancos y los hostigan con presencia masiva, y pacífica hasta el momento en que grupos radicales o de “vándalos” se apartan de las marchas, depredan inmuebles, tiendas y bancos y se enfrentan con la policía.
El gobierno trata de interpretar a su modo el mensaje de las calles para ofrecer respuestas, sin lograr hasta ahora desarmar las movilizaciones que prosiguen en actos menores y dispersos.
Una reforma política que mejore la representatividad de los parlamentarios y gobernantes constituye el principal intento con que la presidenta Dilma Rousseff trata de salir del arrinconamiento.
Ya está claro que es imposible cualquier cambio en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales de octubre de 2014 y que los actuales legisladores no se disponen a aprobar nada que afecte su reelección.
Para los indígenas poco importa. Seguramente ninguna reforma les permitirá tener voz en el Congreso o cargos decisivos en el Poder Ejecutivo.
Solo en un único período, en los años 80, contaron con un diputado nacional, Mario Juruna, elegido en Río de Janeiro, donde son escasos los remanentes autóctonos. Los electores locales decidieron homenajear al líder indígena que grababa sus conversaciones con los gobernantes, porque ellos “mienten mucho y no cumplen sus promesas”. Esto fue hace 30 años.
Dispersos por el extenso territorio de Brasil, unos 900.000 indígenas tienen escasa posibilidad de elegir a sus parlamentarios, a excepción de que se adopte un sistema similar al de Colombia, donde el Senado destina dos escaños a los indígenas que suman 3,4 por ciento de la población nacional.
Sería quizás una forma de cultivar el sentido de representatividad entre los aborígenes brasileños y de unidad entre sus 305 etnias, además de una defensa permanente y pública de sus demandas y necesidades vitales.
]]>