Archive for junio, 2009
En las páginas internacionales aparecen hoy dos noticias que indican que el mundo está cambiando. Una es que, por primera vez según mis cuentas de memoria, un presidente de Estados Unidos no está de acuerdo con un golpe militar de derecha en Centroamérica.
He aquí una frase histórica, pronunciada por un presidente estadounidense: “Para Estados Unidos, Manuel Zelaya sigue siendo presidente de Honduras. La maniobra que condujo a su derrocamiento es ilegal y crea un grave precedente en la región”.
La otra noticia tiene que ver con que Iraq proclamó hoy, 30 de junio, Día de la Soberanía Nacional. Así celebra ese país el primer día del repliegue de las tropas estadounidenses. Los 131 mil soldados estadounidenses quedarán desde hoy acantonados en sus bases.
Ayer lunes 29 de junio se retiraron de Bagdad, la ciudad de las Mil y Una Noches. Entregaron a las fuerzas iraquíes su último bastión, la antigua sede del Ministerio de Defensa en el centro de Bagdad, ocupado en abril de 2003 por George W. Bush, a quien yo considero un criminal de guerra.
El retiro de tropas que se proyecta será lento, demorará año y medio; y muchos dudan de que efectivamente tenga lugar. Las tropas de Bush, en todo caso, sólo enredaron más las cosas en el de por sí enredado Iraq. A comienzos de mayo se había retirado ya el principal aliado estadounidense, Gran Bretaña.
En todo caso, la noticia me hizo recordar esa escena histórica, el 30 de abril de 1975, cuando los últimos funcionarios de la embajada estadounidense en Saigón fueron recogidos por helicópteros en el tejado de la misión diplomática, para sacarlos de la ciudad liberada. El poeta y presidente Ho Chi Minh, muerto cinco años y medio antes, había vencido al país más poderoso del mundo. Los tanques de la guerrilla del Viet Cong llevaban pancartas: «Tú siempre marchas con nosotros, Tío Ho».
No se sabe cuántos muertos iraquíes produjo esta guerra, que buscó el petróleo iraquí, pero sobre todo buscó retrasar el reloj de la crisis económica que se cernía sobre Estados Unidos desde comienzos de siglo, y que finalmente reventó el año pasado. La base de datos del proyecto Iraq Body Count, creado por británicos y estadounidenses en enero de 2003 y que suma únicamente muertes violentas documentadas de civiles iraquíes, calcula que van entre 92.435 y 100.911 muertos.
Uno de ellos es el periodista de IPS Alaa Hassan, asesinado en julio de 2006. El hijo póstumo de Alaa debe tener unos dos años y medio.
Justo por esos días en que mataron a Alaa conocí al poeta iraquí Muhsin Al-Ramli, invitado al Festival Internacional de Poesía de Medellín.
He seguido en contacto con Muhsin. Su hermano Hassan Mutlak es considerado el Federico García Lorca de Iraq. Murió en la horca en 1990, tras un intento de derrocar a Saddam Hussein, quien a su vez también murió en la horca tras un espantoso juicio, en 2003.
A Hassan Mutlak le nació un nieto en abril. También se llama Hassan.
Esa ha sido, junto con los poemas de Mushin y su paso inolvidable por el Festival de Poesía, la noticia más bonita que he recibido de Iraq, en estos oscuros años de ocupación por parte de los mismos países que le ayudan al gobierno de Álvaro Uribe a matar colombianos. Esto sólo demora más un cese al fuego negociado en Colombia, mientras crece nuestro propio body-count, ejecuciones extrajudiciales incluidas.
En contraprestación, el presidente Uribe apoyó la invasión de Iraq. Quizá pensaba que el mundo iba a seguir tal cual. Debe estar caviloso por estos días.
Yo en cambio le regalé al sobrino-nieto de Mushin un deseo, como las hadas-madrinas: que ese nuevo habitante del Planeta viva en libertad, y en paz. Y que herede de su abuelo y de su tío el don de la palabra indeleble.
junio 30th, 2009
“Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”- mientras Fito Páez cantaba ese estribillo en el cierre del festival Rock al Parque, edición número 15, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ante más de 80 mil extasiados asistentes, llegó una carta de las FARC.
Está dirigida a Luis Alberto Calvo Marín, padre de un soldado profesional herido en combate, recogido por la guerrilla y atendido por sus enfermeros. Lo quieren devolver, únicamente porque no es “mando”. El gobierno había guardado silencio sobre él.
La guerrilla reitera que quiere devolver también al cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, tal como lo anunció el 16 de abril. Ambas liberaciones se harán en una sola operación, en entrega al movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, que lidera la senadora liberal Piedad Córdoba, y al padre de Pablo Emilio, el Caminante por la Paz Gustavo Moncayo. Puede estar presente la Iglesia Católica colombiana, reiteran las FARC. No sugieren garantes internacionales adicionales al Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Show”, responde el gobierno, cuando para algunos ya empieza la serie de “shows” para celebrar el primer aniversario de la Operación Jaque, el próximo 2 de julio, que liberó a Ingrid Betancourt, tres estadounidenses activos en la guerra y 11 uniformados colombianos.
Ni una cosa ni otra son apenas “show”. Detrás de ambas está el sufrimiento de muchísima gente: está la guerra.
“Show” es negar el conflicto armado, como hace el gobierno.
Con bastante poco “show” firma acuerdos con más de 25 grandes empresas para rebajarles el impuesto de guerra, pero el «show» se reactiva cuando anuncia que más colombianos, y no sólo los más ricos, también pagarán esa alcabala que, además, va a convertirse en permanente porque los estadounidenses tienen sus prioridades internas y la recesión de Colombia, aunque no declarada oficialmente, aprieta.
“Show” es decir que el paramilitarismo fue desmantelado, cuando éste campea en las barriadas populares, quizá ya en preparación de las elecciones de 2010.
“Show”, mantener a la gente en la ignorancia de lo que verdaderamente está pasando en el campo colombiano, como bien lo dicen las FARC en su carta al padre del soldado.
“Show” es anunciar el presidente Álvaro Uribe, a dos horas de su encuentro con Barack Obama el lunes, que en la noche del domingo, y en territorio estadounidense, ha sancionado una ley que endurece las penas por asesinatos y amenazas a sindicalistas, y que estaba para su firma desde el 26 de este mes.
“Show” es seguir las huellas de la labor humanitaria por la liberación de rehenes de las FARC para apresar a los mensajeros, sabotear las liberaciones o atacar a las unidades de la guerrilla responsables de entregar a quienes durante años y años han estado esperando la libertad.
Pero “show” es también prometer las FARC a los indígenas que esa guerrilla no seguirá asesinando aborígenes, y seguir matándolos. Los indígenas nasa del norte del departamento del Cauca señalan a las FARC de haber dado muerte a Marino Mestizo, que integraba una misión comunitaria para erradicar laboratorios de droga y expulsar la guerra del territorio indígena.
Y, puede que haya «shows» que lleven a algo constructivo. Depende. Por ejemplo, qué tal si hubiera un “show” de parte de las FARC en torno al secuestro de un concejal (legislador municipal) en Garzón, departamento del Huila, este lunes hace un mes. Después de una acción militar espectacular, las FARC se han quedado calladas como peces. ¿El concejal estaba manejando contratos relacionados con un megaproyecto que va a afectar a miles de campesinos? Si esa versión es cierta, que las FARC lo digan públicamente, es mi opinión. Veremos entonces qué hacer o qué decir. Lo que no sirve es el silencio de la violencia: “Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”, canta el rockero argentino.
En esta carta, las FARC apuntan a que las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos” – es decir, aquellos asesinatos de civiles para ser presentados como guerrilleros y así abultar las cifras triunfalistas de la fuerza pública- hacen “parte de la escabrosa estrategia por perpetuarse en el poder, del show presidencial y de la gran mentira oficial sobre la realidad, dimensión, calidad y esencia del conflicto colombiano”.
Las FARC ponen aquí sal en la llaga: yo azuzo la guerra, ya no quiero financiarla solamente yo, y mis hijos jamás de los jamases irán al frente de combate porque para eso están los pobres, y al fin y al cabo la guerra soluciona en buena parte el problema del desempleo. Así piensan y actúan las poderosas familias de Colombia, y la guerrilla menciona sólo cuatro nombres – el presidente, el banquero, el industrial, el importador de armas.
El texto de la carta de las FARC se puede leer en la página de Piedad Córdoba.
junio 30th, 2009
En esta tierna tercera edad en que me encuentro, “radicales libres” es un término que da miedo. Produce arrugas, creo. Y con mi supino desconocimiento de los secretos íntimos de las computadoras, la palabra “hacker” también da miedo. Más aún si estoy escribiendo en IPS una serie sobre la interceptación de comunicaciones, o “chuzadas”, por parte de paramilitares o de sus cómplices e ideólogos ultraderechistas, aposentados en entidades estatales que pago con mis impuestos.
Hay que ver cómo es la vida. Vengo a descubrir que entre mis amigos electrónicos tengo Radicales Libres y hasta hackers. Eso me hace pensar, al rompe, que debe haber sido un derechista envidioso el que le puso “radical libre” a algo relacionado con el envejecimiento.
“No somos de esos ni de los otros, tampoco de los que estas pensando!”, me escriben.
Ellos son así, no ponen todas las tildes que toca ni se molestan necesariamente en colocar el signo de admiración inicial, como ordena la gramática. Mejor no preguntar a qué exactamente se refieren, para no correr el riesgo de quedar como imbécil. No son de esos, pues, ni tampoco de los que pueda uno estar pensando. Punto.
A lo mejor nos hemos hecho amigos cuando la poli nos ha correteado juntos en las manifestaciones del Primero de Mayo en Bogotá. Para darles bolillo a ellos, para gasearnos a todos, en tanto yo circunspecta dama en tenis supongo, mientras corro, que con mi distintivo de prensa y mi libreta de apuntes voy a lograr evitar lo que ya hicieron en plena manifestación de los trabajadores, Carrera Séptima con Calle 18, centro de Bogotá, en 2005, cuando la policía antimotines mató a palos a Nicolás Neira, de 15 años, un chico radicalmente libre. A nadie le importó. El padre de Nicolás, Yuri Neira, está bajo amenaza. Y los integrantes de la policía antimotines que lo mataron se cobijan con el manto de la impunidad.
Hoy comienza el festival de rock de Bogotá, Rock al Parque, que está cumpliendo 15 años. Nicolás Neira ya tendría 19.
Pero mis amigos Radicales Libres son los que están en vísperas de la Segunda Campus Party Colombia 2009, sin duda «la mejor fiesta tecnológica del mundo», que inicia el 6 de julio. Me mandan una noticia con pocas comas y tildes o con tildes sobrantes, con puntos que faltan, pero sorprendente.
Se trata de una promoción del Partido Pirata el cual, al contrario de los politicastros, tiene programa pero aún no busca votos.
En estos tiempos de interceptaciones de la Seguridad Democrática, el programa del Partido Pirata me llama poderosamente la atención: “la defensa de la privacidad y libertad, el derecho a compartir y el equilibrio informático”.
Van a empezar con una campaña de difusión sobre el Partido Pirata, para “que la gente comprenda su verdadera importancia y relevancia para la libertad de la información, la cultura en general, la lucha contra las patentes, el apoyo a los autores etc. y algo muy importante, es que nos empecemos a preparar contra la oleada de leyes que buscaran manipular la informacion, la privacidad y vos sabes todo lo que se avecina», me escriben con una sola tilde que de seguro se les coló.
Hay que averiguar más, pero suena emocionante. Dejo a mi lector o lectora con mis Radicales Libres. Que no son de esos, ni de los otros, ni tampoco de los que estamos pensando.
Va textual. Sensibles con la gramática y sus signos de puntuación, favor abstenerse.
Hacker colombiano ofrece su camiseta por Internet para promocionar elPartido Pirata de Colombia en la Campus Party de Bogotá
El hacker Elkin Botero conocido como CyBuX en la red, ha abierto una campaña para recolectar fondos para asistir a la Campus Party de Bogotá con el fin de promocionar el Partido Pirata de Colombia, Elkin quien ha estado en la coordinación conjunta de las reuniones preliminares del Partido Pirata en Medellín, decidió lanzar la propuesta por twiter, facebook y otras redes sociales ante la dificultad de conseguir los fondos necesarios para su desplazamiento y demás gastos en Bogotá y tras analizar la oportunidad que representa la red de redes en cuanto al apoyo de proyectos solidarios.
CyBux ofrece a cambio del aporte a su cuenta bancaria de minimo $5.000 pesos colombianos equivalentes aproximadamente a 2 euros o 3 dólares, la «escritura de su nombre en las camisetas que usaré durante la campus», agrega que recopilará los nombres de sus patrocinadores hasta el jueves 2 de julio para mandar a imprimir las 5 camisetas que usará durante el evento y que luego de este posiblemente las subaste para recolectar fondos para las demás actividades que demanda el naciente Partido Pirata.
Entre otras estratégias para la recolección de fondos está la venta de planes de hosting para páginas web a precios especiales dedicando una parte de los ingresos a «la causa».
El partido pirata, nació inicialmente en Suecia en enero del 2006, su bandera fundamental es la defensa de la privacidad y libertad, el derecho a compartir y el equilibrio informático, en Colombia ya se cuenta con grupos de trabajo en Bogotá y Medellin y se espera que con la campaña en la campus party se vinculen grupos de otras ciudades para la conformación de nuevas celulas.
Los organizadores del Partido Pirata de Colombia, aun no tienen metas electorales proximas pero esperan fortalecerse y entrar en lo que consideran «una dura pelea contra el bipartidismo aún reinante en Colombia», «El primer paso será la tarea de difusión, que la gente entienda qué es un partido pirata y cuales son sus fines, que la gente comprenda su verdadera importancia y relevancia para la libertad de la información, la cultura en general, la lucha contra las patentes, el apoyo a los autores etc. y algo muy importante, es que nos empecemos a preparar contra la oleada de leyes que buscaran manipular la informacion, la privacidad y vos sabes todo lo que se avecina».
A continuación los enlaces con mas información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Pirata
http://blog.ebotero.com/
http://www.partidopirataco.org/
http://lists.partidopirataco.org/listinfo.cgi/general-partidopirataco.org
Radicales Libres!
No somos de esos ni de los otros, tampoco de los que estas pensando!
junio 27th, 2009
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Mestizo fue asesinado el martes hacia las 13:30 horas cerca del sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, municipio de Caloto, en territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Dos hombres armados y encapuchados lo hicieron apearse de su moto, le amarraron las manos a la espalda, se lo llevaron fuera de la vía. La Guardia Indígena lo encontró boca abajo, con tres balazos en la cabeza.
Las FARC dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.
Mestizo fue presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda (vecindario rural) La Esperanza
Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la jurisdicción indígena.
Ante el funcionamiento de laboratorios de drogas de gentes “externas”, y ante la “presencia de actores armados de derecha e izquierda en nuestras comunidades”, que estaban “causando problemas de descomposición social en la población civil”, el 26 de febrero de este año las autoridades indígenas de Jambaló expidieron la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria.
La Declaratoria daba tres días a los dueños de los laboratorios de droga para desalojar voluntariamente el territorio indígena.
Vendría luego una verificación del territorio, por parte de guardias indígenas (Nasakiwe Tegnas), en los sitios donde se sabía del funcionamiento de laboratorios. Si para entonces seguían allí, y si los “actores armados continúan en las viviendas de los comuneros y dentro del territorio, se procederá a realizar una minga pacífica de desalojo”, decía la Declaratoria.
El Parágrafo 1 del artículo sexto de la Declaratoria advertía: “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio”.
Marino Mestizo estuvo entre los líderes que encabezaron la verificación.
El 2 de marzo, Jambaló se declaró en Asamblea Permanente. Hombres y mujeres se organizaron en 11 comisiones de verificación y evaluación.
En su recorrido “se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar”, rezaba un comunicado de la comunidad retransmitido por la ACIN.
Al acercarse al laboratorio, las comisiones “fueron hostigadas con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana”. Supuestos guerrilleros intentaron quemar el bus de propiedad del Cabildo Indígena de Jambaló, pero la comunidad lo impidió.
El texto consignaba: “continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad”.
El 3 de marzo, segundo día de la Asamblea Permanente, las comisiones hallaron “artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad”.
“Se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso”, agregaba el comunicado divulgado por ACIN.
La Asamblea Permanente reiteró con fecha 6 de marzo “a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente”.
Como miembro del Comité de Investigación del Cabildo de Jambaló, Marino Mestizo estaba investigando a milicianos de las FARC supuestamente comprometidos en las amenazas contra varios líderes luego de que las comisiones de la Asamblea Permanente destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló.
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ahora, la Consejería Mayor de la ACIN, en nombre de las autoridades tradicionales de todo el norte del Cauca, se declaró en Asamblea Permanente. Este miércoles se tomaron más decisiones colectivas, “para defender el territorio y la vida”. Estas serán publicadas en http://www.nasaacin.org/
La ACIN hace parte del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.
Remito a mi lector o lectora a la carta enviada por el CRIC a las FARC el 19 de febrero, y a la que adhirieron Colombianas y Colombianos por la Paz, grupo que lleva un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla y con el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
En la misiva a las FARC, motivada por la ejecución de ocho indígenas awá por esa guerrilla, el CRIC resume la razón de las luchas de los indígenas del Cauca: buscan un sistema democrático, un sistema económico que no destruya la naturaleza y una sociedad en armonía.
«No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos», resumió entonces el CRIC, pero “no queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”.
junio 25th, 2009
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila.
Tampoco se manifestaron ni el alcalde, ni el cura, y la personera no volvió.
En cambio, llegó más gente al curso. “No sé cuántos serían, pero llegaron personas que no estuvieron” el jueves, durante la primera y accidentada jornada del evento (Ver En Algeciras), cuando había cerca de 60 personas, contó Luis Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del CPDH.
“A nosotros nos preocupa es la gente que quedó allá”, contestó Ramírez cuando quise confirmar que él y la abogada que lo acompañó para adelantar el seminario habían salido sanos y salvos de la zona cuyo nombre ha figurado trágicamente en el mapa de la guerra colombiana. “Da la impresión, por lo que la gente dijo hoy (por el viernes), que esa región está en manos de paramilitares y el alcalde, la personera y hasta el cura son subalternos de ellos”, comentó telefónicamente desde la carretera rumbo a Bogotá el defensor de derechos humanos.
“Personalmente me dio la impresión de que los de la policía eran mucho más agresivos. Los del ejército se metieron (a la Casa de la Cultura el jueves), dieron una vuelta por el salón pero el resto del día se quedaron afuera”, señaló. Esta es “una policía militar, como una policía de tropel, porque estaban muy fuertemente armados. Son muy agresivos”, reiteró. Es, parece, la fuerza que permanece estacionada en el casco urbano de Algeciras.
“La gente se mantiene en un estado de zozobra. Habían pedido esta capacitación precisamente para tener herramientas para defenderse de estos bárbaros. Para tener algún tipo de orientación”, agregó Ramírez. “Los atropellos contra la población son cotidianos. Los golpean, los maltratan, los torturan. La gente está hasta la coronilla de tanto abuso”, son las noticias frescas que trae.
“Nosotros, por lo menos ayer (por el jueves) probamos en carne propia lo que es el salvajismo de estos bárbaros. Uno está dos o tres días en el lugar, pero la gente queda allá en un estado de zozobra e intimidación muy grave”, advirtió Ramírez, y agregó que el CPDH está evaluando organizar una misión a Algeciras, para observar y dejar consignadas las condiciones en las que están los habitantes del municipio. Ante la pregunta de qué opinaron los asistentes al seminario de derechos humanos acerca de lo ocurrido el jueves, y que se describe en la nota En Algeciras, relató que “por un lado, la gente estaba más o menos gratamente sorprendida de que alguien enfrentara a estos señores, y que mientras estuvimos en esa situación hubiéramos llamado a todo el mundo. De (la oficina del CPDH en) Bogotá también llamaron a todos lados”.
“La gente se dio cuenta de cómo es. Que no es agachando la cabeza sino haciendo frente a las cosas. Comentaban que ‘qué bueno’”, dijo el activista humanitario. Es decir, que este fue un seminario sobre derechos humanos con sesión de práctica en vivo y en directo.
Si mi lector o lectora quiere hacerse una idea de las cosas que padecen los habitantes de Algeciras, le recomiendo, por ejemplo, entrar a la base de datos en línea del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. La dirección es https://www.nocheyniebla.org/consulta_web.php
Allí se debe indicar, simplemente, en “departamento”, Huila. Y en “municipio”, Algeciras, y oprimir “Consulta”. A mí me aparecen 69 entradas, aunque nada más desde el 14 de marzo de 2001. 
Algeciras queda en la zona andina cercana al nacimiento del río Magdalena, emblemático de Colombia. Está al oriente del departamento del Huila y a 56 kilómetros de su capital, Neiva. Tiene 672 kilómetros cuadrados. Su economía es agropecuaria en el 95 por ciento y se lo conoce como “la despensa del Huila”. 57 por ciento de los pobladores viven en las 61 veredas (vecindarios rurales). A la capital municipal se suman tres caseríos: Paraíso, El Toro y La Arcadia.
En 2007 tenía 23.427 habitantes, según la proyección 2007 del Censo Poblacional de 2005, o 24.603 en 2008 según el Sisbén (sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales, considerado de la mayor exactitud para las mediciones de los expertos en pobreza). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 49.26 por ciento de la población vivía en 2007 con sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Las NBI afectan al 62.78 por ciento de la población rural y al 40.14 por ciento en el sector urbano.
Es el municipio del Huila con más desplazados forzadamente. Entre 1991 y hasta mayo de 2007, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, el 17,63% de las familias expulsadas de los 37 municipios del Huila provenían de Algeciras. El alcalde Algeciras, Rigoberto Sánchez Tamayo (el mismo que autorizó el seminario sobre derechos humanos del CPDH pero ni acudió a la invitación de los habitantes para instalarlo oficialmente, ni se apareció por allí durante el allanamiento del jueves) sostiene en su Plan de Desarrollo 2008-2011:
“El plan de desarrollo del Municipio de Algeciras se estructura con base en la participación y el sentir de las comunidades que son el eje central de las acciones de desarrollo. “En él se reconoce a la persona como titular de derechos, como centro y actor del proceso de desarrollo en cada uno de los ciclos de vida y se viabiliza la integración de los principios y estándares de los derechos humanos, universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la restitución de derechos vulnerados.”
Ante semejante brecha entre la realidad y las declaraciones, si yo viviera en Algeciras también necesitaría capacitación urgente en derechos humanos.
junio 20th, 2009
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Luis Jairo Ramírez, está trabajando en el poblado de Algeciras, unos 60 kilómetros al sur de Neiva, la capital del central departamento del Huila, dictando un seminario de derechos humanos.
La capacitación, dirigida a unos 60 campesinos de esa región en guerra, comenzó hoy y termina mañana. Debería haber sido un evento académico más, de los incontables cursos, talleres y capacitaciones sobre este crucial tema que el CPDH ha dictado desde su surgimiento en 1978.
El propio Ramírez perdió la cuenta de cuántas veces ha repetido los mismos principios en los 12 años que hace que se vinculó al CPDH. En esos mismos 12 años, esta fue la primera vez que fue tratado como un delincuente.
El encuentro estaba citado a las nueve de la mañana de este jueves en la Casa de la Cultura de Algeciras, a una cuadra de la alcaldía.
Estaban invitados a instalar el curso el alcalde, el cura y la personera (funcionaria que representa en cada municipio al ministerio público y tiene a su cargo vigilar el respeto a los derechos humanos).
El cura no fue.
El alcalde tampoco, pero mandó a un funcionario con las llaves para abrir la Casa de la Cultura, sede adscrita a la alcaldía y que los campesinos le habían solicitado para realizar el encuentro, el cual él autorizó verbalmente.
Y la personera llegó tarde, ya en medio del allanamiento.
Porque los que sí hicieron aparición puntual a las ocho, en una espectacular operación conjunta, fueron tropas de Contraguerrilla del ejército, del Comando Operativo 5 perteneciente a la IX Brigada, así como Policía Militar y DAS, servicio de inteligencia que depende de la Presidencia.
El pretexto inicial fue el de pedirle su identificación a Ramírez y a una abogada que lo acompañaba en la labor de capacitación.
Luego se retiraron y 15 minutos después volvieron, con el (segundo) pretexto: querían ver la autorización del alcalde para la reunión.
“Cuando les mostramos la solicitud radicada, la rechazaron y dijeron que querían el permiso firmado por el alcalde”, contó telefónicamente Ramírez a esta periodista.
El seminario sólo comenzó después de la una de la tarde, luego de que los miembros del CPDH llamaran a la misión de la Unión Europea en Bogotá, a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –en cuya sede bogotana se adelantaba a la misma hora una rueda de prensa del Relator Especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Profesor Philip Alston-, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, a la misión en el Huila del PNUD, y a todas las organizaciones de derechos humanos que pudieron, para que intervinieran.
“Sólo así se retiraron, pero media hora después llegó nuevamente una camionada de ejército y nos tuvieron rodeados toda la tarde. Así tuvimos que dictar el taller”, relató Ramírez.
En todo caso, los integrantes del operativo “les tomaron fotos a todos los asistentes, básicamente líderes campesinos de la región y miembros de juntas de acción comunal del municipio, de distintas profesiones y oficios, amas de casa etcétera”, dijo Ramírez.
Sobre la personera, Ramírez expresó que “se ve que está muy intimidada por el ejército. Trató de quitarle importancia a la cosa y preguntó qué temas íbamos a tratar en la conferencia. Dijimos que el tema de nuestras capacitaciones lo definimos nosotros”.
Curiosamente, fueron más agresivos los miembros de la policía que los del ejército.
“De una cartilla sobre el fenómeno paramilitar, los policías dijeron que no teníamos que hablar de paramilitarismo porque ‘aquí no hay paramilitares’, y que teníamos que hacer una capacitación denunciando al ‘terrorismo narcotraficante’. Dijimos que ellos no tenían por qué intervenir en el contenido de la capacitación”, agregó el defensor de derechos humanos.
“Yo me negué a iniciar la capitación hasta que no se retiraran, cosa que hicieron después del medio día” dijo Ramírez, quien cree que en ello medió una llamada de Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El seminario termina este viernes en la tarde. Los miembros del CPDH regresan a Bogotá por carretera, unas siete u ocho horas de trayecto.
Los campesinos quedan en Algeciras.
junio 18th, 2009
Poco antes de las cuatro de la tarde (21:00 GMT), una delegación indígena en la cual descollaba el ex Constituyente Lorenzo Muelas logró por fin, tras más de hora y media de espera en la calle, radicar en la embajada del Perú, en Bogotá, una carta dirigida al presidente Alan García.
La misiva expresa el “más profundo rechazo” frente al asesinato de decenas de aborígenes en la Amazonia peruana, el pasado 5 de junio, Día de la Tierra.
“Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los derechos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios.
“Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante de la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas”, expresa a García el Consejo de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, es decir la dirección de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia exige al gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión, «y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos».
También, garantizar el respeto y la protección de la vida, respetar la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica, dialogar pacíficamente con los manifestantes y sus representantes sobre los temas que los llevaron a protestar, atender a los heridos e investigar los hechos, tomando medidas preventivas para éstos no se repitan.
Muelas, también ex senador y ex gobernador del suroccidental departamento del Cauca, y tres veces Gobernador de Guambía, el territorio de su etnia, que habita en el Cauca, expresó frente a la embajada del Perú que “los salvajes son esos capitalistas que entran en nuestros territorios”.
Advirtió que lo ocurrido en la Amazonia peruana “puede pasar en cualquier país en este continente”, por eso “este no es un problema indígena, es un problema de todos. Pedimos al mundo entero solidaridad”.
Como periodista, me sorprende cómo muchas comunidades en Colombia trazan cada vez más una relación entre la gran inversión privada, el vaciamiento territorial que genera desplazamiento forzado y la matanza que ocurre en el país.
Le cuentan a uno del asesinato de un líder y a continuación dicen, por ejemplo, como escuché hoy: «la represa de Salvajina»; «la mina de oro en Suárez». Y a continuación mencionan la empresa transnacional detrás del megaproyecto al que aluden, como causa de esa muerte.
Sólo que aquí los perpetradores aprendieron desde comienzos de este siglo que matar de un plumazo y en plural no conviene.
Sean 30, 70 o 100 los muertos, como se dice que hubo en la Amazonia peruana, los de aquí son gota a gota, de uno en uno o de tres en tres, de semana en semana o de mes en mes.
Pero eso sí, en una misma región sobre la cual dentro de un par de años saldrá el anuncio de que será anegada por una represa, o que en un futuro no muy lejano va a ser concedida para una explotación minera.
Grandes proyectos económicos o yacimientos sobre cuya existencia sólo conocen con tanta antelación aquellos con acceso a información privilegiada.
junio 8th, 2009
Al día siguiente de la matanza de indígenas amazónicos en Perú, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que la fiscalía colombiana solicitó orden de captura contra Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué, los líderes más visibles de la Minga indígena que desafió al presidente Álvaro Uribe el año pasado.
La orden de captura es por «secuestro agravado» y «lesiones personales agravadas». El asunto es altamente interesante, por dos cosas.
La más importante es que implica una colisión con la jurisdicción indígena, prevista en el artículo 246 de la Constitución de Colombia, el cual dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En segundo lugar, porque la demanda fue interpuesta claramente por instigación gubernamental, por parte de un militar de origen nasa que se infiltró vestido de civil en la Minga en octubre pasado y fue sorprendido por los comuneros en territorio indígena y portando material de guerra cuya utilización podría haber desprestigiado a la Minga, como bien lo recuerda el CRIC.
Uribe necesitaba por entonces con urgencia mostrar “pruebas” de que la protesta indígena estaba penetrada, o incluso que era dirigida por la guerrilla. Y que los indígenas estaban armados de algo más que palos y piedras.
El militar fue detenido por la Guardia Indígena, fue sometido a juicio por parte del Tribunal Indígena y condenado al “remedio”, como lo consideran los usos y costumbres de los nasa, de recibir cinco fuetazos en público, y vestido.
Ni qué decir tiene que, entre tanto, fue asesinado por militares el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, también en territorio indígena, y que la única hija de ambos, de 12 años, fue hostigada peligrosamente.
Por cierto, los indígenas del suroccidental departamento del Cauca, igual que los masacrados en Perú, han liderado una importante movilización contra el TLC entre Colombia y Estados Unidos.
junio 8th, 2009
