En gesto al Diálogo Público Epistolar, las FARC anunciaron seis liberaciones unilaterales.
“Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros, en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como ‘colombianos por la paz de Colombia’, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.”
Así respondió el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC a nuestra misiva del 27 de noviembre, en el marco del Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla insurgente.
Las nuevas liberaciones unilaterales serían “inminentes”, según me advierte una persona de la coordinación del Diálogo, que comenzó en septiembre a iniciativa de la senadora liberal Piedad Córdoba.
Alan Jara, ex gobernador del central departamento del Meta, es rehén de las FARC desde el 15 de julio de 2001. Fue capturado cuando se movilizaba en un vehículo de Naciones Unidas, acompañando una misión de la ONU en el Meta.
Sigifredo López es el único sobreviviente del grupo de 12 diputados (legisladores regionales) del occidental Valle del Cauca, capturados el 11 de abril de 2002 por las FARC en plena sede de la Asamblea Departamental (sede del legislativo regional).
De los cuatro prisioneros de guerra que serán liberados unilateralmente, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC sólo detalla que se trata de tres agentes de policía y un soldado, es decir uniformados rasos.
No sería liberado, pues, ninguno de los oficiales y suboficiales de la policía y el ejército sometidos a canje desde hace años, como los cabos del ejército Libio Martínez y Pablo Emilio Moncayo, este último el hijo del profesor Gustavo Moncayo, el “caminante por la paz”.
Precisamente en este Solsticio de 2008 ambos cumplen 11 años en la cárcel selvática.
Al mismo tiempo, la guerrilla relanza su propuesta de un marco legal que posibilite el canje de prisioneros de guerra (combatientes por combatientes) mientras persista la guerra en Colombia.
En un acercamiento hacia el Derecho Internacional Humanitario (DIH) anuncia simultánemante la libertad de los dos civiles que mantenía, del grupo de “canjeables” que encabezaba la política Ingrid Betancourt, rescatada por la fuerza pública el pasado julio.
El DIH prohíbe en los conflictos armados la toma de rehenes, es decir de civiles, al tiempo que reconoce el canje de combatientes.
Por lo demás, las FARC confirman que están relacionando el canje de prisioneros con el reconocimiento de beligerancia, lo que quedó en evidencia en la gestión humanitaria del presidente venezolano Hugo Chávez.
En enero, Chávez planteó dejar de llamar terroristas a las FARC y al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y reconocerles estatus de beligerancia.
A cambio, exigió el compromiso de ambas guerrillas de poner punto final al secuestro extorsivo para financiarse y, de parte de las FARC, de clausurar la toma de rehenes civiles para obtener la libertad de guerrilleros.
Por entonces, Chávez dejó en suspenso el último paso legal (notificar a las embajadas en Caracas) para el reconocimiento venezolano de estatus de beligerancia a las FARC y el ELN pero, ante la fiera campaña en contra por parte del gobierno del colombiano Uribe, no volvió a insistir en el tema.
La fórmula de Chávez se parecía a la del ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen, que propuso en 1999 una “beligerancia restringida para legitimar el canje”.
En todo caso, en declaraciones a la emisora colombiana La FM el 17 de diciembre, Chávez reiteró desde Brasil, donde asistió a la Cumbre de Jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, que está “a la orden” para ayudar en el tema de las liberaciones y el canje.
“Había un plan el año pasado, el plan se acabó. Pero si surgiera otro plan, aún cuando me sigan dando latigazos, no me importa porque yo amo a Colombia”, señaló Chávez.
El presidente venezolano y el colombiano hablaron telefónicamente la semana pasada, según se informó, de asuntos económicos. “Los enemigos comunes son la pobreza, la exclusión, el atraso”, comentó Chávez sobre esa comunicación. Hay que conseguir la paz de Colombia, y esa “será la fortaleza para la unión suramericana”, dijo.
Las FARC responden así a pregunta tan concreta: “No está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos”.
Recuerdan que desde marzo de 2000 decidieron limitar el secuestro extorsivo (“impuesto para la paz”) a los más ricos. Desde mayo del mismo año establecieron públicamente que también se llevan a cárceles selváticas a políticos corruptos y azuzadores de la guerra.
La carta de la guerrilla plantea, además, una serie de temas que a mí también me inquietan. El primero, en mis prioridades, la desaparición forzada. Esta incluye secuestro y muchas veces tortura hasta la muerte, aunque la desaparición forzada a tiros de fusil, para simular éxitos militares, se volvió epidemia bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Así que el secuestro va a durar menos que una eternidad, nos contestan las FARC.
Hagamos, pues, un “zoom” sobre la desaparición forzada.
Suscribo la descripción que las FARC hacen de “la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.”
La verdad es que anteriores definiciones del derecho internacional tipificaban la desaparición forzada como una violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado o por quienes ejercieran como tales.
Pero resulta que para el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, el secuestro en ciertas condiciones es una forma de desaparición forzada y ésta puede ser cometida “por un Estado o una organización política”.
Para la CPI, no reconocer el secuestro; no dar información sobre las personas víctimas de secuestro; y, secuestrar en esas condiciones por un periodo prolongado, es delito equivalente a la desaparición forzada de opositores.
Ambos están definidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, bajo el título “Crímenes de lesa humanidad” (sobre los cuales el Fiscal de la CPI puede actuar hoy en Colombia).
Dice así la definición de la CPI: “Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”(Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 7.
Otro tema que abordan las FARC en su respuesta, y que a mí también me inquieta, es la cantidad de no combatientes que están presos acusados de “rebelión”, frecuentemente por el sólo hecho de habitar zonas guerrilleras.
De las dimensiones de ese fenómeno habló una presa de las FARC en una entrevista para IPS el 10 de enero, a la misma hora de la liberación de las políticas rehenes Clara Rojas y Consuelo González.
A continuación, la carta de las FARC, que contiene dos anexos: el Manifiesto de las FARC-EP y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Ambos documentos son aportados por la guerrilla en la reflexión abierta por el Diálogo Público Epistolar, sobre cómo se puede llegar a soluciones de fondo en los problemas sociales de Colombia.
Señores
COLOMBIANOS POR LA PAZ
Bogotá
“Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección.”
Simón Bolívar
Compatriotas:
Con esta reflexión del padre de nuestras repúblicas, el Libertador Simón Bolívar, -que ayuda a comprender preocupaciones colectivas- damos continuidad al intercambio epistolar respondiendo a los temas planteados en su misiva del 27 de noviembre.
Compartimos con ustedes que la discusión sobre la guerra y la paz en Colombia no puede ignorar fenómenos que estremecen hoy la conciencia nacional. Los denominados eufemísticamente “falsos positivos” –que debieran llamarse asesinatos de civiles no combatientes ejecutados por el Estado- son, como ustedes acertadamente lo perciben, manifestación dolorosa de la guerra sucia que vive Colombia. Constituyen un espeluznante grito de victoria de la “seguridad democrática” del presidente Uribe, que siempre midió el éxito de esa política –en su componente militar- en litros de sangre.
No puede considerarse como hecho aislado lo que obedece a una directiva puntual del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, repetida sistemáticamente a nivel nacional en todas las guarniciones.
Es imposible desvirtuar que los miles de civiles asesinados para ser presentados noticiosamente como guerrilleros muertos en combate, lo fueron por el estímulo de los ascensos y recompensas ofrecidas desde el gobierno a los militares. Así como es un hecho destacable el que, después del conocimiento público sobre semejante genocidio, el Ministerio de Defensa no volvió a publicar sus abultadas cifras de «muertos en combate» con las que sustentaban su fantasiosa «derrota de la insurgencia» y el «fin del conflicto». La conciencia de la nación debe impedir que este tipo de crímenes de lesa humanidad que implican al Estado, terminen en la impunidad. La destitución de algunos altos mandos militares por tales hechos debe ser complementada con una responsabilidad penal, lo que muy seguramente llevará a que las cortes y los tribunales de los pueblos sienten a la «seguridad democrática» -desarrollo de la fascista doctrina de la seguridad nacional- en el banquillo de los acusados.
Tal como lo aprecian ustedes, la escalada del conflicto -que tiene relación directa con la injerencia creciente del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia- ha estado acompañada de una mayor degradación. Algo debemos hacer para desembarazarnos de esa maldición que pareciera perseguirnos desde la destrucción de la Colombia de Bolívar y de su gran obra legislativa concebida de cara al bien común.
Desde las medianías del siglo pasado la degradación acicateada por el Estado no cesa de crecer en espiral. Los mismos métodos brutales que segaron la vida de 300 mil colombianos en la década del 50, ahora más refinados, siguen victimizando a la población, descuartizando con motosierras, enterrando en fosas comunes, desplazando a millones de campesinos para apoderarse de sus tierras, “empapelando” jurídicamente a ciudadanos, hasta alcanzar el nivel de barbarie de los “partes positivos”.
Recordamos la respuesta del comandante de las FARC Manuel Marulanda a una pregunta sobre humanización de la guerra: “la mejor manera de humanizar la guerra es acabarla”. Hoy seguimos teniendo la misma percepción, y para ello es indispensable el cambio de las injustas estructuras.
Celebramos que su alusión a los prisioneros de guerra esté desprovista de ese “humanitarismo tuerto” diseminado por los medios, que ve a los prisioneros de un sólo lado, ignorando que se trata de dos partes contendientes. Este enfoque ayuda a la búsqueda de una solución realista del problema, para lo cual reiteramos nuestra determinación y voluntad de alcanzarla.
En este esfuerzo colectivo es importante avanzar en la identificación y precisión de los temas objeto de nuestras reflexiones para ganar certezas en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo: en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace más de 40 años, integrantes de la fuerza pública debidamente armados, entrenados y uniformados combaten diariamente, de distinta manera y en diferentes escenarios, con la guerrilla revolucionaria, presentándose bajas de parte y parte, como ocurre en toda contienda bélica. Finalmente una de ellas obtiene la victoria y toma prisioneros de la parte contendiente. Eso ha ocurrido, ocurre e inevitablemente seguirá ocurriendo, aquí y en todo el mundo mientras persistan los conflictos. Ese tipo de capturados son prisioneros de guerra. Esa es su categoría dentro de la confrontación. Salvo que se pretenda, como en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, negar la existencia del conflicto.
La propuesta de Manuel Marulanda Vélez al congreso de aprobar una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje, cobra plena vigencia en estas circunstancias. Evitaría un cautiverio prolongado y doloroso. En este mismo sentido y con implicaciones de muy diversos órdenes, hemos planteado en diversas oportunidades la conveniencia de un reconocimiento de las FARC-EP como fuerza beligerante. Se presenta también la retención de personas con algún tipo de representación política, que han tomado partido involucrándose abiertamente a favor de la guerra y en crímenes contra sectores populares, vinculados con el militarismo y el paramilitarismo como lo demuestra todo el proceso de la para política, o, que con sus acciones, golpean al pueblo, al tesoro o los bienes públicos. Estos, ante la ominosa impunidad del régimen y en la lógica de los de abajo, deben responder por su conducta. Y se da también el fenómeno de la retención de personas con objetivos económicos que tiene múltiples autores: policías, militares, DAS, paramilitares, delincuencia común y miembros de la insurgencia. En la responsabilidad que nos cabe y, entendiendo las dificultades que ello nos acarrea, nos hemos hecho esta reflexión: ¿cómo se financia una confrontación como la colombiana? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Estado? Decreta cargas impositivas generales, impuestos de guerra, aportes de las empresas trasnacionales, entre las que se destacan: BP, Chevron- Texaco OXI, Drummond, Chiquita Brands, Repsol, Monsanto, Coca Cola, etc.; pero fundamentalmente financia la guerra con ayuda económica, militar y tecnológica del gobierno de los Estados Unidos. Colombia es el primer receptor de esta «ayuda» en el hemisferio, la cual se paga con soberanía. El prominente sociólogo estadounidense James Petras estima que Washington ha invertido en el Plan Colombia más de 10 mil millones de dólares en los últimos seis años. Es una desproporción de recursos económicos y de medios para una guerra injusta contra un pueblo.
En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que solo en última instancia contempla el recurso de la retención.
La guerra, a medida que se generaliza, produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota.
Los temas de esta misiva son más que oportunos para sugerirles lo importante que sería abrir un amplio debate sobre la situación de miles de presos políticos encarcelados luego de redadas masivas utilizadas como táctica para atemorizar y disuadir el apoyo popular a las fuerzas insurgentes. Son millares los ciudadanos acusados de rebelión y terrorismo a través de montajes de la inteligencia militar y del pago de jugosas recompensas. Esta reflexión colectiva debería incluir también la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.
Finalmente, nos piden ustedes, de cara a un eventual intercambio humanitario, avanzar en algunas reflexiones acerca de cómo «diseñar escenarios en donde sea posible debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa».
Al respecto estamos proponiendo a través del manifiesto de las FARC-EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia (documentos adjuntos), un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social. Estamos seguros que a nosotros y a millones de colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado tenga además, sustento constitucional.
Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como «colombianos por la paz de Colombia» en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.
Reciban nuestro saludo cordial.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008
Manifiesto de las FARC
Compatriotas:
1
La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.
Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.
2
El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.
Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.
Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.
Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto… Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.
Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los “paracos”, está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actúo sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.
Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos…
El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.
Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.
Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.
Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
3
Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.
No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.
Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.
Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonia que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.
De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.
Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.
4
Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.
La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.
5
Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.
Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que priorice las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.
Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.
6
La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO (Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.
Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.
7
La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.
Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.
Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la redención de Colombia.
Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres… a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.
8
El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.
No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.
Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, septiembre de 2007
Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia
Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente:
1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.
2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.
La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.
3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.
4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.
6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.
La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.
7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.
Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos de los contratos existentes.
8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.
El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.
9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.
10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.
11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.
12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.
Novena Conferencia de las FARC-EP
Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo
Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.
La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.
La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.
Este es el texto del comunicado:
ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.
2008-12-17
(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.
Por si acaso cuestionan a Colombia por el uso ilegal del distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la célebre y exitosa operación Jaque, que liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla, el vicepresidente Francisco Santos entró pisando duro en Ginebra, en vísperas del Examen Periódico Universal en derechos humanos a Colombia.
Le entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, una carta que denuncia que las FARC atacaron el fin de semana una “misión médica” a unos 14 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá.
Creo que voy a enviar varias candidaturas al Premio Monster de Periodismo, que estableció el periódico gratis Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.
La primera candidatura es colectiva: para todos los periodistas nacionales e internacionales que calificaron a priori como “misión médica” una caravana de vehículos civiles que fue atacada por las FARC cuando se adentró en territorio guerrillero el domingo.
La caravana estaba integrada por cuatro vehículos: adelante iba una camioneta con logotipos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a la infancia desprotegida.
Luego avanzaban dos camionetas más, cuyos ocupantes, como se afirma, trabajan en un hospital –las informaciones no mencionan si esos vehículos llevaban la insignia de la Misión Médica- y por último un auto con funcionarios de la alcaldía de San Vicente.
Esta vez murieron Yamith Correa, psicólogo del ICBF de apenas 26 años, y John Alape, conductor del vehículo del mismo instituto, y resultaron heridas tres funcionarias: una psicopedagoga, una trabajadora social y una nutricionista.
“La carga estaba oculta a la orilla de la carretera y fue activada al paso del primer automotor”, dijo el secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Endo, “por la acción de los explosivos, el carro se salió de la vía y rodó 50 metros por un abismo, lo cual provocó el deceso del conductor y su acompañante y heridas múltiples a tres personas más”.
Las mujeres heridas fueron trasladadas en helicóptero militar inicialmente al Batallón Cazadores, en las afueras de San Vicente, y luego a un hospital en Florencia, capital del Caquetá.
El alcalde de San Vicente, Hernán Cortés, no viajó, pues fue advertido por el comandante de la Policía local “que no había garantías de seguridad y que era posible que las FARC estuvieran en la zona”, dice el diario bogotano El Tiempo.
“Nosotros conocimos del primer ataque hacia las 8 de la mañana, por eso no viajé al lugar de la brigada”, aseguró Cortés a W Radio. El comentario extraña, pues los reportes sitúan la explosión contra el vehículo del ICBF entre las 9 de la mañana y las 9:30. Caracol Radio informó del hecho a las 10:59.
El alcalde de San Vicente suele transportarse en los vehículos del ICBF, según el diario La Nación, de la ciudad de Neiva.
El asunto es que la “misión médica” era escoltada por la fuerza aérea, informa El Tiempo, que además precisa que la “brigada”, como acertadamente la llama el alcalde, fue “organizada por el ICBF, la Alcaldía y la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares”.
Por su parte, el diario El País, de la ciudad de Cali, informa que “la misión humanitaria estaba destinada a atender a los niños afectados por la violencia en la región y a los uniformados de la Fuerza Pública que combaten en esta zona vulnerable del país”.
En otras palabras, era una brigada cívico-militar, que son parte de la estrategia de guerra contrainsurgente en Colombia. No dejo de preguntarme por qué la fuerza pública “escoltaba” a la “misión médica” sólo desde el aire. ¿Para resguardar a sus tropas, si acaso había un ataque guerrillero?
“El principio de distinción implica hacer lo posible para evitar que los medios de transporte sanitarios y las instalaciones de salud se puedan convertir en objetivo militar. Igualmente se debe prevenir que el personal sanitario sea sujeto de ataque”, se lee en el Manual de la Misión Médica, publicado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en 2004.
“Debe evitarse viajar en un vehículo perteneciente a alguna de las partes en conflicto, o hacerse desvarar por ellos. Así mismo, solicitar o aceptar escolta”, agrega el manual, cuya impresión fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud.
Otros párrafos del manual, cuya lectura recomiendo a mis colegas candidatizados al Premio Monster de Periodismo:
“Debe procurarse evitar recurrir a personas ajenas a la entidad de salud para trabajar en zonas particularmente tensas”.
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para la Misión Médica”.
“Los Medios de Transporte Sanitario deberán pintar el Emblema Protector en el techo y en los lados, así como en el frente y la parte posterior, de forma tal que sea óptima su visibilidad cuando se desplieguen sus actividades de salud. La señalización debe ser permanente y no se autorizará su uso en medios de fácil remoción (magnéticos, autoadhesivos, etc.). Adicionalmente, en zonas de alto riesgo en razón del conflicto armado, se podrá complementar la señalización del vehículo con el uso de banderas con el Emblema Protector”.
“El personal sanitario de carácter civil (tanto público como privado) debe abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo o ventaja estratégica a los combatientes (de cualquier bando), dado que estas acciones pondrían en duda su calidad de ‘no combatiente’».
Una pregunta adicional es si acaso en el Caquetá comenzó ya el programa del Ministerio de Defensa que algunos denominan Consolidación Social del Territorio.
Este programa es manejado por el Centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI), un organismo interagencias que lidera Acción Social, oficina de la Presidencia de la República que, entre otras actividades, canaliza la cooperación internacional.
“Acción Integral” es el nuevo nombre que se les da a las operaciones o brigadas cívico-militares, como puede verse en todas las páginas web de las unidades militares colombianas.
El Ministerio de Defensa propuso a mediados de 2007 un nuevo plan de guerra, que combina el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. El departamento piloto para este experimento contrainsurgente fue durante 2008 el central departamento del Meta, en el límite norte del Caquetá.
El objetivo para 2010 es ejecutar recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y cuyos habitantes no gustan al gobierno, ni éste gusta a sus habitantes.
Esto es “ejecutar una política social a través de la guerra”, como explica el analista José Aristizábal García en la revista Arcanos No. 14, de la Corporación Nuevo Arco Iris, a punto de iniciar circulación.
Así que también valdría preguntar cómo se financiaba la fallida y trágica “misión médica”: ¿con recursos del ICBF o del Ministerio de Protección Social, o con recursos del Ministerio de Defensa? Y cabe aún otro interrogante: ¿Colombia va tras el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio recurriendo, en estas zonas, a la propaganda de guerra?
Va lento este diálogo de una carta por mes, pero no importa. Lo que importa es la esperanza. Como dice la senadora liberal Piedad Córdoba, autora de esta iniciativa: “No es esperanza querer ver muertos”. Ella seguramente se refiere a esas muecas públicas de alegría que a mí también me causan repulsión, cuando altos funcionarios gubernamentales celebran sobre cadáveres de guerrilleros.
Los mismos funcionarios que callan los reveses que sufre el ejército, o que silencian, por ejemplo, que los paramilitares de alias Cuchillo se posesionan de los pueblos del central departamento del Meta tiempo después de que, en medio de gran publicidad, los copa el ejército.
Todo sea, pues, por la esperanza, aunque el correo de estos tiempos de Internet haya retornado a transportarse a lomo de mula, a pie y en bus. El 11 de septiembre, 150 personas firmamos una carta a los miembros del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, proponiéndoles un diálogo público epistolar. Por esos días, escribirle a las FARC era pecado – pero eso tampoco importa, porque en Colombia a veces se pone de moda dialogar con la guerrilla y a veces no, depende de cómo vayan los negocios.
Las FARC respondieron el 16 de octubre que sí, que nos escribiéramos. Ahora respondemos de nuevo, pero ya no somos 150 sino 25 mil, informa la base de datos de la senadora Córdoba.
En nuestra segunda carta planteamos una pregunta que nos causa a todos urgente curiosidad: ¿Están ustedes dispuestos a abandonar la práctica del secuestro?
Este es el texto de la carta, con fecha 27 de noviembre. ¿Qué tal que las FARC contesten que sí, que bueno, que dejan el secuestro?
Bogota DC., noviembre 27 de 2008
Señores
Miembros del Secretariado
FARC-EP
Cordial saludo.
Su respuesta a nuestra carta nos ha estimulado por los contenidos de esperanza para la paz nacional y por el lenguaje acorde con el diálogo epistolar emprendido. Nuevos fenómenos conmueven hoy a la conciencia nacional. Sin ignorarlos, estimamos que ellos no nos deben apartar de la discusión crucial de la guerra y la paz en Colombia.
La divulgación sobre la práctica por parte de sectores de las Fuerzas Armadas de los crímenes contra la vida o ejecuciones extrajudiciales cubiertos bajo la denominación de falsos positivos y la purga en las filas del Ejército Nacional han puesto en evidencia el más reciente capítulo de la guerra sucia en Colombia. La escalada en el conflicto colombiano ha estado acompañada de mayor degradación. En ese contexto aspiramos a avanzar hacia un Estado moderno y democrático que permita alcanzar condiciones dignas para la vida en comunidad.
Estamos persuadidos de que la comunicación que ustedes declararon iniciada al responder a nuestra carta del 16 de septiembre del año en curso, tendrá sentido y logrará eficacia si se desenvuelve bajo el signo del intercambio concreto y transparente.
Creemos que la práctica del secuestro es de por sí inhumana y no se la puede defender sin que al mismo tiempo se ingrese en el terreno cenagoso donde campea la divisa del “fin justifica los medios”. Por ello, de manera cordial, pero sin rodeos, nos permitimos preguntarles si están dispuestos a abandonar de manera definitiva la práctica del secuestro. Al respecto hemos recordado un antecedente aportado por el Secretariado de las FARC-EP, entonces bajo el liderazgo de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas y respaldado conjuntamente por Raúl Reyes y Alfonso Cano el 28 marzo de 1984: Nos referimos al segundo apartado del “Acuerdo de la Uribe”, en el sentido de abandonar el secuestro como arma política y económica. Esa toma de posición fue recibida con inmensa satisfacción por la opinión pública y en el corto plazo salvó del colapso al proceso de paz que tenía poderosos enemigos. El asunto planteado tiene una estrecha vinculación con el espíritu del DIH y, en especial, con los convenios de Ginebra (Protocolo II).
Millones de personas en Colombia y fuera de ella no pueden alejar de la conciencia la imagen de numerosos colombianos que ven pasar sus horas y sus días en doloroso cautiverio, tanto en las selvas de Colombia como en las cárceles del Estado. Estimamos que en el orden de urgencias está en primer lugar el Intercambio Humanitario y que la búsqueda de condiciones realistas para convenirlo entre el Estado y la Insurgencia debe comprometer nuestros esfuerzos y los de ustedes.
En ese sentido, el aporte de elementos explícitos a la discusión por ustedes, corresponderá a las palpitantes preocupaciones de la opinión nacional e internacional. Por lo tanto les sugerimos que, de cara a un eventual Intercambio Humanitario, se sirvan avanzar en algunas reflexiones conforme a las cuales se pudieran diseñar -en su carácter de organización- escenarios en donde sea posible plantear y debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa.
Una ola de optimismo sobre la renovación democrática del mundo alcanza hoy a pueblos y países. Los vientos no soplan a favor de las tendencias y gobiernos que alientan las guerras. Sentimos que ese clima internacional es favorable a todos aquellos que en Colombia trabajan sin vacilación por una salida política a la confrontación bélica interna.
En la mayoría de países de nuestro continente han accedido a la dirección del Estado movimientos y figuras comprometidas con el cambio social, la inclusión étnica, la ampliación democrática y el desarrollo de políticas internacionales independientes. Creemos que en ellos la Paz de nuestro país cuenta con incondicionales aliados. Las perspectivas, ciertamente diferenciadas, que estos gobiernos ofrecen, representan sin duda un interesante y alentador horizonte político.
Con nuestros mejores deseos esperamos a la mayor brevedad su respuesta a esta nueva carta.
Atentamente,
COLOMBIAN@S POR LA PAZ DE COLOMBIA
Piedad Córdoba Ruiz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Jorge Enrique Botero, Medófilo Medina, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Marck Chernik, Lilia Solano, Ricardo García Duarte, Carlos Medina Gallego, Andrés A. Vásquez, Ricardo Montenegro, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Luis Fernando Medina, Luz Helena Sánchez, María Eugenia Sánchez, Alfredo Beltrán Sierra, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Víctor Manuel Moncayo, Consuelo González de Perdomo, Andrés Felipe Villamizar, Álvaro Córdoba, José Gregorio Hernández, William Ospina, Gustavo Gallón Giraldo, Luis Eladio Pérez, Ricardo Sánchez, Óscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Gloria Inés Ramírez, Orlando Beltrán Cuéllar, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlen B. Tickner, Ramiro Jurado, Vladimir Flores (Vladdo), Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Leopoldo Múnera Ruiz, Efraín Viveros, Daniel Garcia-Peña, Lilia Solano, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, León Valencia, Raúl Alameda, Marleny Orjuela, Gladys Jimeno, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Teresa Arizabaleta, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Andrés Felipe Villamizar, Carlos A. Rodríguez Díaz, Apecides Alviz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Gálvez, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caycedo, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Hayeck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García B., Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortéz, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín, Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luis Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Griselda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chagueza, Janeth Moreno Chagueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco, Juanita Bazán, Luis Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. Siguen más de 25.000 firmas…
El noticiero de televisión Noticias Uno mostró, en su emisión del domingo, un aparte de la declaración del capitán Ronald Coy Ortiz.
El experto de la Policía dice bajo juramento a la Fiscalía colombiana, en el proceso contra la diputada ecuatoriana a la Asamblea Constituyente, María Augusta Calle, que no había correos electrónicos como tales en los computadores de “Raúl Reyes”.
Estos contenían documentos Word, que no sirven para probar un intercambio de comunicaciones mediante correos entrantes o salientes. La diputada Calle, además periodista de la agencia Altercom, y ex becaria de Ashoka, aparece en un correo pidiéndole a “Reyes” plata para el arriendo, según las autoridades colombianas.
Este es el texto del expediente revelado por Noticias Uno:
“PREGUNTADO: Informe al despacho si ustedes hallaron en los elementos electrónicos incautados a Raúl Reyes archivos correspondientes a los correos electrónicos enviados y recibidos por él. RONALD HAYDEN COY ORTIZ: Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado hasta el momento. Se han halladogran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos. Pero Reyes almacenaba la información en Word y en programas de Microsoft”.
Según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, se trata de “una estrategia de mucha gente que sale implicada por los correos y así defenderse. Pero los correos son prueba incluso en España. Cinco etarras han sido capturados…”
Vale recordar los párrafos 66 y 67 del “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia – Informe Público”. Estos, efectivamente, no hablan de correos electrónicos, aunque sí de direcciones electrónicas.
El párrafo 66 dice que “en el informe confidencial de INTERPOL (entregado al gobierno colombiano) figuran todos los archivos de usuario almacenados en las ocho pruebas instrumentales decomisadas. Corresponde a las autoridades colombianas decidir de manera soberana qué información debe revelarse”.
Por su parte, dice el párrafo 67: “Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:
·Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales
·452 hojas de cálculo
·7.989 direcciones de correo electrónico
·10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)
·22.481 páginas web
·37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)
·210.888 imágenes
De los anteriores, 983 archivos estaban cifrados”.
Los ocho elementos informáticos entregados a INTERPOL como supuestamente incautados en el ataque al campamento de “Reyes” en territorio de Ecuador son tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB.
Pero los dos discos duros externos aparecieron a mitad de camino, aunque hay que aclarar que éstos supuestamente sólo contienen música, videos e imágenes, y todo fue ingresado a ambas piezas con fecha futura. También registra fecha futura uno de los computadores, que a su vez alberga sólo un archivo.
En la sección de Anexos del mismo informe, en la primera comunicación a INTERPOL, con el asunto “Solicitud experto técnico forense”, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, solicita la valoración oficial de “tres (3) computadores y tres (3) dispositivos USB”. El secretario generadle INTERPOL, Ronald K. Noble, contesta el 5 de marzo a la entonces directora del servicio secreto, DAS, María del Pilar Hurtado, confirmando por escrito una previa conversación telefónica: “Concretamente, han pedido Vds. a INTERPOL que les proporcione ayuda especializada en materia de investigación informática forense en relación con los datos almacenados en tres (3) ordenadores y tres (3) USB que fueron decomisados en el marco de una operación…”
Al día siguiente, la misma directora del polémico DAS le escribe a Noble, con la referencia “Solicitud de asistencia técnica”, “establecer el origen y manejo técnico dado a la información obtenida de los procesos de búsqueda de los archivos almacenados en los tres computadores portátiles, tres memorias USB, y dos discos externos, que son objeto de análisis por parte de la Policía Nacional de Colombia…”.
El 28 de agosto, la lectora Lucy Roessler acertadamente comenta: “En la página 53 del informe Interpol se lee que se le solicitó oficialmente al organismo: ‘la valoración oficial de tres (3) computadores y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB…’”, y remite a un artículo suyo en Indymedia.
«Repentinamente, pero no de manera fortuita», son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por X-Tractor.
Este grupo de contracultura, música electrónica y de la “ciberpunk way of life” (esto es, “oscura y corrosiva y a veces rosa y depresiva”) basado en Berlín y Colonia, está citando a una manifestación ciberpunketa en apoyo de la Minga colombiana el martes 25 de noviembre, cerca de la emblemática Alexanderplatz, en el corazón de Berlín.
La Minga anunció este domingo que nuevamente adelanta su llegada a la capital colombiana: estaría entrando el jueves 20. Los miles de indígenas no tienen aún dónde dormir, en la lluviosa Bogotá de noviembre.
La Universidad Nacional de Colombia de estos tiempos de Seguridad Democrática se niega a recibir a la Minga en su campus, conocido como la Ciudad Blanca por el color de la mayoría de sus edificios, rodeados de amplios prados, en el centro-occidente de Bogotá.
A vuelo de pájaro, el conjunto de las construcciones de la Ciudad Blanca semejan un búho, símbolo occidental de la sabiduría y el conocimiento. Da como pena, en nombre de la cultura occidental.
«El problema fundamental es que la Universidad tiene un semestre muy recortado y no tenemos el tiempo para recuperarlo, de tal manera que si llega allí la Minga, tenemos que cerrar la Universidad«, argumenta un empleado pagado con mis impuestos y llamado Fernando Montenegro, actualmente vicerrector de la principal universidad estatal de Colombia. La frase quedará en la historia de la resistencia civilista en Colombia.
«Siempre hemos reiterado que el problema nuestro no es sólo de tierras. Qué nos ganamos con que nos entregue tierras el gobierno, cuando (en nuestros territorios) existen los paramilitares, cuando están los narcotraficantes, cuando siguen las multinacionales, y cuando el campo está sumido en la pobreza absoluta», dijo ese domingo en la noche, al arribar la Minga a la ciudad de Cali, Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN.
El 12 de noviembre, cuando la Minga iba a llegar a Ibagué, capital del departamento del Tolima, el presidente Uribe profirió altisonante, refiriéndose a la Minga: “¿Por qué se utilizan esas cortinas de humo para esconder asesinatos de policías y soldados?”, y ordenó en la mañana a los “coroneles” (de Policía y del Ejército en ese departamento) no permitir que la protesta civil entrara a la ciudad.
Las imágenes de televisión mostraban esa noche a unos amenazantes policías armados de bolillos que, sin embargo, no se atrevieron a tocar a la Minga. Luis Évelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, habló de “despliegue militar exagerado”.
El 13 de noviembre la Minga llegó a Chicoral. Transcribo del relato de Gloria Gaitán, hija del inmolado Jorge Eliécer Gaitán:
“Como recibimiento a la marcha indígena al municipio de Chicoral, en el departamento del Tolima, la corregidora recorrió previamente sus calles con un altoparlante, alertando a la población para que no saliera de sus casas y no permitiera a los niños que se asomaran a la puerta de entrada porque, según la funcionaria, con la llegada de los indígenas ‘corrían grave peligro’.
“Fue sorprendente ver la ausencia de chiquillos en las calles de Chicoral, lo que siempre ocurre cuando en un pueblo se presenta un hecho poco habitual, como la llegada en masa de caminantes, algunos de los cuales llevaban sus trajes indígenas y otros llevaban el bastón de mando. En la plaza principal, el líder indígena Feliciano Valencia leyó el Pacto por la Tierra y por la Vida”.
“Guerra de baja intensidad a la Minga indígena”, titula Gloria su despacho.
La Minga está en Fusagasugá desde el viernes 14 a las 6 de la tarde. La alcaldía de esa población, a unos 40 kilómetros al suroeste de Bogotá, intentó alojar a la Minga en un lugar alejado del casco urbano. Pero la Minga, desde hoy conformada por 17 mil personas, impuso que se aloja en las instalaciones de la estatal Universidad de Cundinamarca.
Este lunes estará en audiencia pública con los habitantes de Fusagasugá.
El martes llegará a Soacha, un municipio pegado a Bogotá por el sur. Allí se realiza el jueves la Audiencia Extraordinaria sobre la Situación de Derechos Humanos de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Altos de Cazucá pertenece a Soacha, y Ciudad Bolívar, a Bogotá. Ambos son receptores de nubes de desplazados por la guerra.
En Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, llevar un muchacho arete en la oreja o el pelo largo, fumarse una copiada de marihuana en una esquina, o quizá gustarle la música electrónica, puede costarle la desaparición forzada, y aparecer horas después como curtido guerrillero dado de baja en combate por el ejército nacional, uno más en las abultadas cifras exitosas de la guerra contrainsurgente que financia Estados Unidos.
Entre Soacha y la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, hay 14 kilómetros. Dado que la Universidad Nacional no los recibe, “en consecuencia los caminantes de la palabra se establecerán desde su llegada en la Plaza de Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, anuncia la Minga en un comunicado al anochecer de este domingo.
Y añade que el viernes 21 de noviembre “estudiantes, trabajadores y otros sectores sociales de Bogotá convergerán en la Plaza de Bolívar, en donde se unirán a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para indicar la continuidad de esta iniciativa de país que venimos construyendo entre todas las mayorías populares”.
“Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social”.
Así expresan su apoyo al Diálogo Público Epistolar con las FARC 70 intelectuales, activistas de paz, religiosos y periodistas de Argentina, Estados Unidos, Bélgica, México, Francia, Italia, Israel, Cuba, Puerto Rico y sobre todo del Estado Español.
Piden que el diálogo epistolar se abra también internacionalmente con la sociedad civil, y que éste se extienda asimismo al Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Encabezan el mensaje Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, James Petras, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, New York, François Houtart, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, y el obispo mexicano Samuel Ruiz García.
POR UNA PAZ CON DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA COLOMBIA
6 de noviembre de 2008
Señores/as
Firmantes de la carta del 11 de septiembre de 2008
Att. Senadora Piedad Córdoba
Señores
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Att. Comandante Alfonso Cano
Quienes firmamos esta comunicación, mujeres y hombres de diversos lugares del planeta, a quienes nos concierne la realidad de Colombia, no indiferentes sino preocupados/as por los graves hechos del día a día que degradan la vida y libertades de su pueblo, consternados/as por el ensombrecido futuro del país, y a la vez reforzados/as por los signos de orden social y político nacidos de sus luchas, queremos manifestar nuestra adhesión a las voluntades que inician un diálogo y que alumbran con él una convicción profunda de búsquedas hacia salidas dignas y justas al conflicto social, político y armado que se afronta desde hace décadas;
En ese sentido, conocedores y conocedoras de diferentes clamores por la paz y la justicia, entre esas manifestaciones de esperanza asumimos y respaldamos la carta que el pasado mes de septiembre de 2008 encabezó la Senadora Piedad Córdoba, urgiendo aproximaciones para que puedan darse pasos hacia la comprensión, pidiendo que puertas de conversaciones sean abiertas por la insurgencia colombiana con la sociedad civil nacional e internacional, comenzando por un intercambio epistolar con el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP;
Sabiendo de la respuesta positiva de las FARC-EP a esa propuesta, y su ratificación, queremos pública y explícitamente apoyar ese intercambio epistolar y su cometido ético, seguros que en el mundo miles y miles de voces se sumarán, para pedir el diálogo, que ojalá se haga extensivo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto de cara a necesarias soluciones humanitarias y de derecho internacional aplicables a la confrontación, como para albergar ese supremo propósito de avanzar hacia desenlaces fundados en los ideales de justicia para todos.
Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios, para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz, Argentina.
James Petras,
Profesor emérito Universidad de Binghamton, New York, Estados Unidos.
François Houtart,
Profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica.
Santiago Alba Rico,
Filósofo, España.
Enrique Santiago Romero,
Jurista, España.
Monseñor Samuel Ruiz García,
Secretaría Internacional de Solidaridad Monseñor Romero SICSAL, México.
Pascual Serrano,
Periodista, España.
Ana Andrés Ablanedo,
Lingüista, Coordinadora de Soldepaz Pachakuti, Asturias, España.
Carlos Taibo,
Profesor universitario, Madrid, España.
Francisco Erice,
Profesor universitario, Oviedo, España.
Ana García,
Activista social y política, Asturias, España.
Carlos Fazio,
Profesor, periodista, Periódico La Jornada, México.
Como para que no se nos olvide, me permito consignar aquí 10 promesas de campaña del presidente electo de Estados Unidos, resumidas por Avaaz.org.
UNO. Reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 80 por ciento para el año 2050, y jugar un fuerte papel positivo en las negociaciones para un tratado global vinculante, en reemplazo del Protocolo de Kyoto, que está próximo a expirar
DOS. Retirar todas las tropas de combate de Iraq, en un plazo de 16 meses, y no mantener bases permanentes en ese país
TRES. Establecer el claro objetivo de eliminar todas las armas nucleares en todo el mundo (espero que Estados Unidos no considere que debe ser el último país en eliminar este armamento que, tras el desastre de Chernóbil en 1986, demostró ser inaplicable porque afecta al mundo entero, no importa dónde explote una bomba de esas)
CUATRO. Cerrar el centro de detención de Guantánamo
CINCO. Doblar la ayuda estadounidense dirigida a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente disminuir la pobreza a la mitad para 2015 y acelerar la lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria
SEIS. Abrir el diálogo diplomático con países como Cuba, Irán y Siria, en busca de la resolución pacífica de tensiones
SIETE. Despolitización de la inteligencia militar, para evitar que se repitan manipulaciones como las que llevaron a la invasión de Iraq
OCHO. Poner en marcha un importante esfuerzo diplomático para detener la matanza en Darfur
NUEVE. Negociar solamente tratados de libre comercio que contengan protecciones laborales y ambientales
DIEZ. Invertir 150 mil millones de dólares durante 10 años para apoyar las energías renovables y tener, para 2015, un millón de autos eléctricos en las calles.
Felicito a mis muy queridos amigos estadounidenses. No sé por qué diablos, toditos todos votaron por Obama.
Pienso en mi amigo, el poeta iraquí Muhsin Al-Ramli, exiliado en España.
No soy un criminal cualquiera.
Yo vuelo.
Mis presas están allá abajo.
No veo sus ojos ni oigo sus gritos.
Vuelo.
Sé que me están mirando.
No sé cómo se llaman, ni quiénes son,
No necesito saberlo.
Me basta con saber dónde están,
Para dejar caer sobre ellos
Una lluvia dolorosa.
Lo mío es la muerte y después una cerveza.
No conozco la guerra.
Aún no me han derribado.
(Escrito en Abril de 2003, mes en que cayó Bagdad, la Ciudad de las Mil y Una Noches)
Cuando el río suena, es porque lleva piedras, dicen.
Los dos principales financiadores de la guerra colombiana (me refiero a gobiernos, no al narcotráfico y la corrupción) saludaron la destitución, ayer miércoles, de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
Ayer se pronunció el embajador de Estado Unidos en Colombia, William Brownfield. Hoy hizo lo propio el gobierno británico desde Londres.
No es que ese respaldo a las destituciones no se necesite: por supuesto que sí.
Pero quizá arroja luz sobre por qué diablos el gobierno de Álvaro Uribe madrugó ayer -en plena visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- a reconocer lo que hasta hace pocas semanas consideraba calumnias: el fusilamiento de civiles para presentarlos como «muertos en combate», y disfrazados de guerrilleros y paramilitares, esto último para probar que sí persigue a sus aliados.
La práctica no es de hoy, recuerdan las organizaciones de derechos humanos, que vienen denunciando ejecuciones desde los años 70. ¿Por qué reaccionó el gobierno, y precisamente en este momento?
Ayer en Bogotá, en el lanzamiento simultáneo de cuatro informes de la sociedad civil sobre ejecuciones extrajudiciales (hora y media antes, Uribe anunció las destituciones), algunos defensores de derechos humanos estaban desconcertados, y otros especulaban respuestas.
Estas iban desde la actual visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, hasta el alto riesgo (para Uribe) de que Obama gane la presidencia de Estados Unidos el próximo martes, pasando por el escándalo en los medios.
El senador de izquierda Gustavo Petro tipificó hoy estas ejecuciones extra juicio como crimen de lesa humanidad, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga.
Nuevamente cabe recordar que la salvaguarda de siete años para la acción de la CPI en Colombia, y que vence exactamente el 1 de noviembre de 2009, es únicamente para los crímenes de guerra.
No para los crímenes de lesa humanidad -actos repetitivos, planeados fríamente y ejecutados de manera masiva- ni para el crimen de genocidio.
En otras palabras, si Uribe no actúa contra los criminales dentro del ejército, que asesinan inocentes para obtener días de vacaciones, medallas y bonificaciones -como se premian desde hace 100 años las bajas en combate- el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede entrar a Colombia mañana viernes.
Y hasta me da por malpensar que quizá hay ya una comunicación en ese sentido de por medio – pero no nos precipitemos.
En todo caso, también hoy jueves, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró: “Si aquí llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad, y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”.
Eso sí, que quede claro que la CPI actúa sólo si Iguarán no hace nada, como hasta ahora.
Iguarán habló de las recompensas que tanto ha promovido este gobierno: “¿No será que el afán por el positivo*, y el ansia por la recompensa, está generando o llevando a estos graves y oscuros sucesos?” (*Positivo, para los militares, es lo contrario de lo que a uno le dice la palabra–> matar, herir, destruir, confiscar, encarcelar y etc.)
“Con todo el respeto, tenemos que revisarnos todos”—dijo Iguarán, que tampoco ha atendido mucho que digamos las denuncias de los defensores de derechos humanos.
“Yo le diría al gobierno, por ejemplo, que revisara la Directiva Ministerial 029 del 2006, sobre el tema de las recompensas. Porque allí, a riesgo de equivocarme, puede estar diciéndose que hay recompensas, incluso, no sé si son 3 millones 600 mil pesos (unos 1.300 dólares), para cuando se trata de bajas” en combate, recordó Iguarán.
La declaración del gobierno británico, por su parte, da pistas sobre lo que preocupa. Copio el texto, y luego comento.
Bogotá, 30 de Octubre de 2008
La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Gillian Merron, se refirió a la medida tomada por el gobierno colombiano con respecto al retiro de los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país.
«Es importante que el gobierno colombiano haya tomado la decisión de retirar un número de militares como resultado de su implicación en las recientes ejecuciones extra-judiciales y casos de conspiración criminal. Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional, razón por la cual el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando una determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y que los condenados por el Sistema de Justicia Civil sean castigados debidamente».
Hasta ahí, la declaración desde Londres, enviada por la Embajada Británica en Bogotá.
Primero, observe mi lector o lectora que Merron no utiliza el término «supuestamente» cuando se refiere a «los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país».
Aquí en Colombia los medios les están abriendo amplios espacios a los militares destituidos, promoviendo que hasta que no sean vencidos en juicio, son inocentes. Eso es cierto.
Pero una neurona traviesa me cuestiona invariablemente: ¿a los jóvenes llevados al matadero se les aplicó la presunción de inocencia?
También fijémonos en que Merron delimita correctamente: los destituidos ayer están implicados apenas en las ejecuciones «recientes».
De una vez, está hablando de «conspiración criminal». Es decir, de algo planeado.
Cuando hace referencia a la «reputación internacional» de Colombia, uno recuerda lo que ya dijo el ministro británico de Relaciones Exteriores Kim Howells el 1 de octubre al gobierno de Uribe, cuando ya había estallado la bomba de esta pena de muerte a la colombiana: «Crímenes extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática».
Luego, Merron dice que las investigaciones deben continuar; es decir, estamos apenas en el principio. Y, finalmente, una advertencia al buen entendedor: que ni se le ocurra al gobierno permitir que estos casos pasen a la justicia penal militar.
Por cierto, la radio reporta desde ayer una verdadera avalancha de denuncias desde distintos puntos de Colombia, por fusilamiento de civiles reportados por autoridades militares como muertos en combate, y disfrazados de guerrilleros.
Se menciona por estos días bastante al general Mario Montoya, comandante del ejército, el héroe del ejército de Ingrid Betancourt.
(Ya que la nombro, quiero dejar sentado que yo sí estoy de acuerdo con todos los premios que le han dado a Ingrid, que me encanta saber que puede hablar públicamente y ser escuchada, y viajar por el mundo. Durante tantos años añoré su palabra, esté de acuerdo con ella o no.)
A comienzos de septiembre alcanzaba un punto culminante la cacería nacional e internacional contra quienes hayan tenido o tengan contactos con el secretariado de las FARC. La prueba contra todos ellos: figurar en esos admirables portátiles Toshiba que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento de «Raúl Reyes» en Ecuador. Para mí se trata apenas de una formalidad, pues lo que veo detrás de esa persecución es el intento de quienes se lucran de la guerra de satanizar cualquier posibilidad de diálogo o salida negociada.
Dentro del costal de perseguidos caen desde el gobierno suizo hasta una mujer colombiana que hizo su tesis de grado de sociología sobre esa guerrilla, pasando por Carlos Lozano, periodista y hombre correctísimo con quien comparto, por ejemplo, el convencimiento de la solución negociada y el diálogo.
Pues en septiembre, por iniciativa relámpago de la senadora liberal Piedad Córdoba, 148 personas firmamos una carta al secretariado de las FARC. La idea me encantó: en ese contexto de persecución nacional e internacional a quien se hubiera cruzado cartas con la guerrilla, la propuesta consiste en un diálogo público epistolar con las FARC, gústele a quien le guste.
Justo cuando hoy, en un artículo de IPS, me quejo de la falta de diálogo en Colombia, con fecha 16 de octubre llegó la respuesta del secretariado de las FARC a nuestra misiva.
Copio debajo nuestra carta, y luego la respuesta de las FARC. Perdonará mi lector o lectora, pero me propongo publicar en este blog el diálogo público epistolar que resulte de esa propuesta que yo misma respaldo con mi firma. Eso sí, hasta que me metan presa.
Bogotá DC., septiembre 11 de 2008
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión, así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos, con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio, y de los denominados países amigos europeos, concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Estaremos atentos a su respuesta:
Piedad Córdoba Ruiz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar, Alfredo Molano Bravo, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, María Teresa Herrán, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Felipe de Brigard, Rocío Londoño Botero, León Valencia, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rugeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto, Padre Henry Ramírez Soler CMF, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla, Leopoldo Múnera Ruiz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Díaz, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Fernando Medina, Santiago Araoz, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramírez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Jaime Caicedo Turriago, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Hernando Rosillo Torrente, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Carlos Torres Corredor, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortez A, Ivón González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán, Luís Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Francisco de Roux S.J., Gustavo Gallón, Pierre Gilhodes.
Carta de las FARC a los colombianos partidarios de la solución política a los problemas de la guerra y la paz
Respetados Compatriotas:
Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.
Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.
Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.
Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.
Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.
La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.
Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
de 
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para 
«Repentinamente, pero no de manera fortuita», son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por 