Desde hace tiempo participo en las campañas de Avaaz.org.
Esta organización independiente y sin ánimo de lucro, cuyo staff global está en Ottawa, Londres, Río de Janeiro, New York, París, Sydney y Ginebra, promueve que enviemos cartas por montones, desde todos los lugares del mundo, a los poderosos que atropellan, o a los poderosos que con sus decisiones pueden parar los atropellos de otros poderosos.
Ahora, Avaaz, con 3,2 millones de miembros en todo el mundo, está llamando a enviar 50 mil cartas al presidente Álvaro Uribe.
Para que acepte reunirse con los indígenas. Para que cese la violencia de los fusiles contra la protesta iniciada el 10 de octubre.
“Uribe: ¡Diálogo, no violencia!”, se titula la campaña de Avaaz, a la que usted puede vincularse aquí.
Avaaz llama la atención sobre el inicio, mañana martes, de la marcha de miles de indígenas sobre la ciudad de Cali, capital del occidental departamento del Valle del Cauca.
Teme que la movilización pueda generar una reacción represiva aún más fuerte y brutal de lo que hemos visto en estos días contra los manifestantes en el resguardo de La María, en el departamento del Cauca, vecino del Valle.
“No podemos permitirlo. Envíe un mensaje al presidente colombiano Álvaro Uribe, llamándolo a poner fin a la violencia militar y a aceptar la invitación de reunirse con los líderes indígenas. Uribe se preocupa de su reputación internacional; al enviarle miles de mensajes, le mostraremos que tenemos nuestros ojos puestos en Colombia”, dice la invitación a inundar el correo electrónico de Uribe.
En las últimas dos semanas han sido expulsados de Colombia una alemana y dos franceses que presenciaban la huelga de los cortadores de caña de azúcar, en el Valle del Cauca. Los indígenas también son solidarios con esa protesta.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, cada 53 horas es asesinado un aborigen en este país.
El gobierno colombiano se negó a firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente les pertenecen”.
”Por demasiado tiempo, América Latina ha sido dirigida según los intereses de los ricos, los políticos y los terratenientes. Es tiempo de ponernos de pie por los pueblos, la cultura y el medio ambiente de América Latina”, agrega Avaaz.
“No hay ninguna investigación en curso contra el general” Mario Montoya, dijo en Washington el canciller Jaime Bermúdez.
«Hemos hablado directamente con el Fiscal General de Colombia y él nos ratificó que no hay ninguna investigación en curso contra el general. Es lamentable que esa información salga sin que se haya corroborado ni verificado», dijo el canciller.
El Washington Post publica hoy un artículo de su corresponsal, Juan Forero, que afirma lo contrario. Párrafo textual de Forero:
«Montoya se encuentra bajo investigación», dijo un funcionario del despacho del Fiscal General en Bogotá que está familiarizado con el caso. «No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso.» Otro funcionario familiarizado con el caso añadió que Palacio «tiene un alto grado de credibilidad.»
Palacio es Luis Adrián Palacio, un ex combatiente paramilitar que declaró ante la fiscalía que el general Montoya, comandante del ejército, colaboraba con los escuadrones de la muerte que tomaron el control de las comunas de Medellín a partir de la Operación Orión, en octubre de 2002 (Uribe se posesionó en agosto de ese año para su primer mandato).
Mañana, el canciller Bermúdez discutirá el artículo de Juan Forero con la mesa editorial del Washington Post.
Bermúdez, quien además de verificar lo que, según él, el periodista no verificó, se reunió hoy con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y firmó con ella un convenio sobre energías limpias, que promociona el cultivo de agrocombustibles.
El gobierno estadounidense anunció, también hoy, que seguirá fortaleciendo la tecnología de guerra en Colombia.
Uribe llegó esta noche a Washington. Al mediodía hora colombiana (GMT -5) tuvo una conversación telefónica con el candidato demócrata Barack Obama.
No trascendieron detalles sobre el contenido de la charla pero, como seguro que algún servicio de inteligencia nacional o extranjero la grabó, más adelante podremos verificar de qué hablaron. Se trataron “muchísimo puntos”, fue lo único que contó Uribe.
¿Quién llamó a quién? Publica hoy el bogotano diario El Tiempo: “Una fuente gubernamental colombiana comentó que fue Obama el que llamó a Uribe, después de que este le envió una carta, en la que destacó algunas de las propuestas económicas del candidato.
“La llamada es clave, pues Obama se ha mostrado duro frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta el punto de que en abril, Uribe le hizo un sutil reclamo cuando se enteró de que el candidato pidió a los congresistas de su partido no aprobar esa iniciativa”.
Se me ocurre que, cuando llegue la cuenta del teléfono a la «Casa de Nari», como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, en teoría también se podrá verificar quién llamó a quién. Mientras, El Tiempo ha publicado una información “sin que se haya corroborado ni verificado”.
Uribe, quien si pudiera votaría por el candidato republicano John McCain, se entrevistará con el presidente Bush el sábado.
Cuando en este país del poder narcotraficante se revelan o se recuerdan cosas fuertes, por un buen rato suena como un silencio.
Últimamente ese silencio dura poco. Pronto surge alguien, generalmente del gobierno, a dar una noticia espectacular, que desvía la atención totalmente. A veces hasta estallan bombas.
Una mujer, de nombre supuesto Marta (identidad protegida por los periodistas), contó esta mañana en W Radio cómo fue que su familia tuvo que traspasar, ante notaría, todos sus bienes a “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), para rescatar con vida a un hermano secuestrado.
El notario sigue en funciones en la misma notaría, y los funcionarios de la notaría, por entonces – comienzos de los 90- sabían, igual que su jefe, de qué se trataban esos traspasos masivos de títulos de propiedad, dijo Marta. Su testimonio, con voz modulada para dificultar su identificación, está en La W.
Menciona Marta a un “Guillo” Ángel, que según ella aparecía, en las negociaciones por el rescate del hermano secuestrado, al lado de Don Berna (el verdadero responsable de la “seguridad” en Medellín, mediante sus bandas paramilitares urbanas, y extraditado en mayo a Estados Unidos).
Este señor “Guillo” también existe. Es hermano de Juan Gonzalo Ángel, quien es socio del mexicano Carlos Slim -dueños de mi televisor, mi Internet, mi celular y mi teléfono digital.
Los hermanos Ángel y varios “capi di tutti capi” de los años 80 son mencionados por la periodista colombiana Virginia Vallejo, por entonces amante de Pablo Escobar, en la página 102 y subsiguientes de su alucinante libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” (Random House Mondadori, septiembre 2007).
Así que el silencio duró poco esta mañana. El grito que se oyó fue, otra vez, el del presidente Álvaro Uribe (páginas 111, 218 y 326 de “Amando a Pablo, odiando a Escobar”). Lo profirió casi quedamente, sin querer pero queriendo, en una reunión con su bancada en “La Casa de Nari”.
Así le dicen cariñosamente los narcos a la sede presidencial, llamada Casa de Nariño en honor del entonces subversivo anticolonialista Antonio Nariño, quien tradujo y publicó en Colombia por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa.
Muy prontito después de que Marta diera su testimonio en La W, un representante a la Cámara de la bancada oficialista contó que el presidente contó en la «Casa de Nari» que en 1991 el entonces gerente de la campaña liberal le envió a Harvard (donde Uribe adelantaba un curso y además era candidato al senado, según él) dos millones de pesos para financiar su campaña, y que esos dineros provenían del narcotráfico.
Dos millones no eran suma despreciable en 1991, pero para una campaña no eran gran cosa. Hoy equivalen a unos mil dólares. Uribe dice que devolvió el dinero una vez conoció su origen. No dijo si el envío fue mediante cheque o en efectivo.
Además, Uribe no era candidato al senado en 1991, según periodistas que llevan esas cuentas. Puede que el parlamentario corre-ve-y-dile se haya equivocado al reseñar lo dicho por Uribe. Veremos.
«Es muy curioso que el presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe. ¿Por qué no lo denunció, por qué no lo dijo y por qué no lo llevó a la justicia, si le pareció tan grave?», comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda.
Anda, en fin, el presidente poniendo bombas. En estos casos, la acción recomendada no es mirar contra quién pone la bomba, sino por qué. Es decir, hay que mirar para otro lado.
¿Mi estimado lector o lectora no entendió nada? Yo tampoco. En estos temas de narcos uno entiende más lo que está ocurriendo en la actualidad si, en lugar de ver noticias de televisión, sintoniza “El Cartel”, emocionantísima serie televisiva sobre “Los Pepes” de los años 90 y algunos de sus sucesores, que está al aire desde hace un par de meses por el canal colombiano Caracol Televisión.
Tampoco es mala idea leerse a Vallejo, quien no lo haya hecho aún.
En todo caso, si uno mira para otro lado, encuentra que suena cada vez más la versión de que algunos parapolíticos serían pedidos en extradición por Estados Unidos.
Quizá los estadounidenses, que se han quedado con TODOS los computadores incautados a narcos, o con sus copias, y han guardado su contenido en el absoluto secreto, le ganen en la carrera tras los autores intelectuales de la matanza colombiana al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Por fin alguien toma el tema de los computadores de “Raúl Reyes” por donde es:
Leerse cuidadosamente el informe público de INTERPOL (existe otro, más extenso y confidencial, que le fue entregado al gobierno colombiano) y preguntar por la copia espejo.
La copia espejo es una copia idéntica, bajo el procedimiento de «imaging» (obtención de imágenes forenses de datos), cuyos valores de «hash» (o de troceo) coinciden con el original. INTERPOL elaboró dos copias espejo. Una la tiene el gobierno colombiano, y otra la tiene INTERPOL en su sede en Lyon.
De todas maneras, la copia espejo se hizo tardíamente. Las piezas informáticas atribuidas a “Reyes” fueron abordadas de manera no técnica durante el sábado, el domingo y parte de la mañana del lunes (1, 2 y 3 de marzo de 2008).
El periodista colombiano William Parra, acusado de correspondencia electrónica comprometedora con “Reyes”, tenía que comparecer esta semana a indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación. Pidió conocer las pruebas en su contra.
Bajo el argumento de que la Fiscalía no le ha entregado la totalidad de esas pruebas, solicitó aplazar la diligencia. El martes 19, la Fiscalía aceptó fijar una nueva fecha.
Este es el alegato de William Parra:
Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que APLAZARA LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA para la cual he sido citado.
Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que
1. Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria. Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.
2. Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos (Computador,USB, disco duro, etc.) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos. Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc.), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional, son las que están.
Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía Nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija. Y ahora por el actual director de la Institución, general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mi contra.
3. Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mencionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.
En las condiciones actuales, ¿cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos?
Pese a peticiones anteriores, aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia. En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona INOCENTE que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.
Ni “insignificante”, ni “maravilloso”, que militares se disfracen de periodistas, ni en operaciones “perfectas” ni en las que no lo sean tanto.
Los socios y familiares del ministro de Defensa Juan Manuel Santos en el diario bogotano El Tiempo expresan en editorial de este viernes su rechazo al uso de la Misión Periodística en la operación “Jaque”, luego de que lo hiciera Earl Maucker, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.
No es insignificante
El pasado martes, en la conmemoración de los 15 años del diario Hoy Diario del Magdalena, de Santa Marta, que contó con la presencia del Jefe del Estado y de los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Earl Maucker, cuestionó en su discurso que los gobiernos utilizaran credenciales o emblemas de la prensa para sus propios objetivos. La semana pasada, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que en la ‘Operación Jaque’ se habían usado logos de la cadena de televisión Telesur, financiada por el gobierno venezolano, y dijo que se trataba de un ‘detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados’. La afirmación del Ministro es discutible y el hecho debería generar una reflexión de fondo entre los periodistas colombianos y en el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El viernes, después de esa admisión -que despertó preguntas de la prensa extranjera y protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de Telesur-, el Ministro afirmó en el Club Nacional de Prensa, en Washington, que no supo del uso del logo de Telesur sino ‘hasta después’ y dijo: ‘Si yo me pongo en los zapatos de otro medio (como) El Tiempo, un medio de comunicación que tiene que ver con mi familia, y aparece alguien de El Tiempo, y ayudó a que se liberaran unos secuestrados sin que se disparara un tiro, me parecería maravilloso’.
La suplantación de periodistas en conflictos armados es una práctica que pone en riesgo a los periodistas -considerados civiles en el derecho internacional humanitario, y, a diferencia de los combatientes, protegidos en calidad de tales-, y los primeros que deberían tener conciencia de ello son los gobiernos y los militares.
Es una práctica explícitamente desaconsejada por la experiencia internacional y que un Estado de Derecho no debe promover.
Los periodistas de El Tiempo que cubren el conflicto armado deben, por su trabajo, hablar con las FARC y otros grupos armados.
Eso es parte esencial de su labor, y su seguridad depende de que su independencia no se comprometa de ninguna manera. No tiene razón el Ministro si cree que a El Tiempo le parecería ‘maravilloso’ que se utilizara su logo para una operación militar, pues esto solo acrecentaría los riesgos de hombres y mujeres de esta Casa Editorial, que ya encaran suficientes peligros para cumplir una labor difícil y a veces ingrata. Un periódico o un periodista que valoran su autonomía no se prestarían para eso. editorial@eltiempo.com.co
En esta crónica de Javier Arjona sobre la visita de una delegación asturiana de derechos humanos, este mes, al suroccidental departamento del Cauca y a septentrional ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, quedan plasmados de manera estupenda los “dos mundos opuestos” que se ven en Colombia.
Y que necesitan urgente un traductor, como dijo el empresario de medios Guillermo LaChiva Cortés, tras casi siete meses de convivencia obligada con la guerrilla de las FARC. La Chiva fue secuestrado en enero y liberado en agosto de 2000, en uno de los poquísimos rescates militares exitosos, cuando se trata de secuestrados por la guerrilla.
Por cierto, Arjona cuenta que paramilitares desmovilizados están tramitando asilo en España.
Por Javier Arjona desde Popayán, Colombia
(Vía Resumen Latinoamericano – Diario de Urgencia)
1)- El narcotráfico crece en Colombia, nos dicen diversos analistas. Uribe también.
Y sin embargo se beneficia al tiempo de un halo de heroísmo militarista en las cortes europeas. Las multinacionales contentas.
Dos mundos opuestos estamos viendo en Colombia.
Uno de creciente impunidad, que alimenta y alienta nuevas violaciones. Otro de marketing y festejo en torno al más rancio militarismo.
Uno de sufrimientos y víctimas burladas e ignoradas, y otro de políticos uribistas contaminados en el proyecto para-narco-militar, con más de 60 parlamentarios enjuiciados y encarcelados, y como si nada.
Uno, el de la Resistencia de las comunidades, y otro radicalmente opuesto, el del afán de exterminio.
2)- El secretario de gobierno del Cauca, al contrario que su homólogo de Barranquilla, tras escuchar las duras alegaciones de la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos, que transmitían elementales y concretos reclamos recogidos en las reuniones de hoy 28 de julio, en Corinto, en Popayán, en la Universidad, con indígenas, con campesinos, con estudiantes y comunidades, se lanzó a una perorata de defensa a ultranza de los logros del uribismo, sin matizaciones en aspectos de su departamento (como sí había hecho el secretario de gobierno de Barranquilla), y sin estimar ni reivindicar otra peculiaridad de Popayán que sus lazos de sangre con España.
Negó el secretario de gobierno la existencia de paramilitares.
Justificó la presencia y acampada de unidades militares en escuelas y lugares públicos como escudos, porque «los otros grupos hacen lo mismo».
Defendió la política de guerra, por sus buenos resultados.
Dijo desconocer la existencia de personas civiles heridas en bombardeo indiscriminado, en concreto en la noche de ayer, a pesar de que una señora fue hospitalizada con herida de bala y su tienda destruida, y dejó a los terratenientes del Cauca fuera del conflicto de tierras, orientando a una confrontación entre indios, negros y campesinos.
Para rematar la faena, el señor secretario de gobierno del Cauca esbozó elogios a Franco y Aznar, y transmitió su alegría por la presencia en su departamento de los bancos Santander y BBVA, pero no se quiso pronunciar sobre la pregunta de la apropiación del agua y otros recursos naturales en la cordillera caucana.
3)- Diez minutos después, el Defensor del Pueblo (ombudsman) de la región Cauca, estaba contradiciendo con sus datos las afirmaciones del gobierno:
-ratificando bombardeos indiscriminados del ejército contra población civil
-afirmando la acampada en escuelas, casas particulares y centros comunitarios del ejército, violentando el Derechos Internacional Humanitario
-señalando la existencia de grupos armados, con idénticas características a las AUC desmovilizadas, con testimonios aportados por las comunidades a la Defensoría de comportamiento igual a los paramilitares de antes, de relación estrecha con el ejército oficial. Con el asesinato y desmembramiento de algunas víctimas.
-el uso inadecuado del ESMAD (antidisturbios de ciudad) contra los indígenas en procesos de recuperación de tierras, contraviniendo los aspectos culturales históricos de esas demandas de territorio usurpado
-denunciando la actitud presidencial de poner precio a la cabeza de los líderes indígenas, como en siglos pasados.
4)- Ha sido detenido el mayor dirigente del mayor partido uribista, el de la «U», parlamentario que hace un número inverosímil de entre los congresistas de Uribe encarcelados por sus vínculos con paramilitares confesos de miles de asesinatos.
Pocos medios españoles mencionan este hecho insólito. En cambio, abundan referencias inescrupulosas desde el punto de vista de la ética periodística, que contribuyen a agravar la persecución en Europa contra refugiados y contra organizaciones que puedan contradecir el discurso militarista de exterminio.
5)- En la Embajada española en Bogotá se ufanan en haber contribuido a convencer al gobierno colombiano para que deje de actuar con los falsos positivos.
Un mecanismo por el que se premia con dinero, con prebendas, con vacaciones, a los militares por entregar muertos. Lo que incentiva que campesinos e indígenas civiles sean asesinados por el ejército, y de inmediato les cambien la ropa y los presenten como triunfos militares.
La afirmación de la embajada, de que esa nefasta práctica se estaría acabando, no la hemos podido corroborar en Colombia: porque continúa.
Pero alguien podría opinar, con fundamento, si esta deplorable práctica se estaría o no trasladando a Europa, con el intento preocupante de criminalizar a organizaciones y activistas solidarios con la paz en Colombia. ¿Falsos positivos en Europa, para beneficio del gobierno colombiano?
Un absurdo, mucho más absurdo que el absurdo de criminalizar a Zaplana, a Rajoy, a Aznar, por haber pagado a los jefes guerrilleros un viaje y alojamiento, y entrevistas con todo el cuerpo diplomático, los empresarios, en Madrid, en Valencia.
Mientras esto ocurre, se reciben paramilitares en los centros de inmigración, en Madrid, en trámite de asilo. Paramilitares que han confesado cientos de crímenes. Alguno de ellos incluso ha sido pillado con armas que ha comprado en el mercado negro español, para horror del resto de peticionarios de asilo.
Esperemos que toda la mala fe mostrada en instituciones españolas no sea vicio contagiado de la fiscalía colombiana, demostradamente al servicio de un proyecto militar y paramilitar de dominación. Un proyecto que enriquece a muchos extremistas de derecha, mientras destruye la vida de millones de colombianas y colombianas.
Nuevas reacciones sobre el abuso de la Misión Periodística en la “operación perfecta”.
Ayer lunes se pronunció Andrés Monroy, asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO-FIP, a quien ya había entrevistado IPS sobre el tema. CESO-FIP funciona en la sede de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, organización gremial que representa a más de 1.100 periodistas en 19 departamentos de Colombia.
Por otra parte, hoy circuló una carta del neoyorquino Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), dirigida al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien recientemente estuvo en Washington pidiendo que no le rebajen la financiación militar el año entrante. Para Santos, el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación “Jaque”. Todavía nadie dice nada sobre la “clonación” del periodista Jorge Enrique Botero.
La CPJ advierte que “hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías”.
Van los dos textos
Los periodistas son civiles que deben ser protegidos en medio del conflicto armado
Por Andrés Monroy Gómez
Asesor jurídico Ceso-FIP
Este texto demuestra, a la luz de la normatividad nacional e internacional, cómo involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, pone a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado.
El mayor de estos nuevos riesgos, es que la credibilidad sobre su identidad como periodistas queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica. La argumentación está en las nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), cuyo cumplimiento fue firmado por el gobierno colombiano.
Derecho Internacional Humanitario y periodistas
El DIH es aplicable en circunstancias de conflicto armado y esa es su gran diferencia respecto a los Derechos Humanos. Es un ordenamiento de supervivencia, busca la protección del no combatiente, y tiene como criterio fundamental el principio de distinción entre población civil y combatientes. Las normas del DIH son normas de obligatorio cumplimiento para todas las partes de un conflicto armado [1].
Este tema tiene doble importancia para los periodistas: por una parte, como informadores del conflicto armado deben conocer las normas internacionales relativas al comportamiento que las sociedades civilizadas esperan de las partes enfrentadas en el conflicto. La otra perspectiva de importancia radica en que sus normas son el instrumento por excelencia para que los comunicadores sean reconocidos como civiles y, por lo tanto, no sean involucrados en el conflicto armado. En efecto, es un principio del DIH la Inmunidad de la población civil.
Los periodistas: civiles en medio del conflicto
En DIH se considera población civil toda aquella que no participan activa y directamente en las hostilidades; el «principio de distinción» es pilar fundamental del derecho humanitario: distinguir al civil del combatiente. De esta manera se busca garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil.
El Protocolo II relativo a los Conflictos Armados Internos señala, en el artículo 13, que «La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares».
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica en el Comentario al Protocolo II [2] que las personas civiles pierden la protección si participan en las hostilidades y mientras dure su participación.
Sobre las operaciones militares, el CICR las identifica como los movimientos o las maniobras de las fuerzas armadas o de grupos armados en acción. Estas operaciones hacen correr a la población civil dos tipos de riesgos: por una parte, el de los ataques; por otra, los efectos de ataques que pudieran afectarla incidentalmente.
Entonces, el periodista que efectúa una misión profesional peligrosa en una zona de operaciones es una persona civil; goza de todos los derechos otorgados a las personas civiles como tales [3].
Periodistas como personas protegidas por el DIH en el ordenamiento colombiano
El Título II del Código Penal Colombiano contiene la descripción de los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. Este título, novedad en la legislación penal colombiana, obedece al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano al suscribir convenios y tratados sobre DIH.
El parágrafo del artículo 135 del Código Penal señala que «Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título, se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados«.
Entonces, el hecho de involucrar a los periodistas en operativos militares puede ponerlos en riesgo de ser víctimas de los delitos de constreñimiento al apoyo bélico o represalias, además del riesgo obvio de ser víctima de actos contra su vida e integridad personal. Además, el carácter neutral de los periodistas se ve afectado al hacerlos parte activa de operaciones coordinadas por una de las fuerzas enfrentadas. Al suceder esto, el periodista pierde la inmunidad que le otorga su carácter de civil.
Los periodistas y los equipos de los medios informativos gozan de inmunidad; los primeros, en cuanto personas civiles, los segundos, en razón de la protección general que el derecho humanitario confiere a los bienes de carácter civil. Pero el periodista no está protegido si participa directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación [4].
¿Cuál es la diferencia entre periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados?
El DIH distingue, sin dar una definición exacta, dos categorías de periodistas en actividad en una zona de conflicto armado:
Corresponsales de guerra acreditados ante una fuerza armada: Son periodistas especializados que, bajo la autorización y la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, están presentes en el teatro de operaciones y cuya misión es informar acerca de los acontecimiento vinculados al curso de las hostilidades [5].
El corresponsal de guerra ha sido entendido como el comunicador que participa de los mismos objetivos que las tropas que acompaña, sigue a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas y, en caso de ser detenido, goza de la condición de prisionero de guerra [6].
El periodista independiente es todo corresponsal, reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de fijación, radio y televisión, que usualmente ejercen esa actividad como ocupación principal [7]. El periodista en misión peligrosa no sólo no comparte los intereses de las tropas presentes en el lugar de la información, sino que pueden llegar a ser contrapuestos. El periodista es sin duda un civil, incluso si acompaña a las fuerzas armadas o si se beneficia de su apoyo logístico[8].
Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en Colombia
Instrumento
Ley Aprobatoria
Fecha de Ratificación
Fecha de Vigor
1. Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Ley 5 de 1960
8-11-61
8-05-62
2. Protocolos Adicionales de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
Ley 171 de 1994
1-09-93
14-08-95
1-03-94
15-02-96
[1] Ibáñez Guzmán, Augusto J. «Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (a propósito de la configuración de los delitos contra la humanidad)». En: Lecciones de derecho penal. Parte Especial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. Pg. 605 y ss. [2]http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&Style=Custo_Final.3&View=defaultBody12#2 [3] GASSER, Hans-Peter. La protección de los periodistas en misión profesional peligrosa. Revista Internacional de la Cruz Roja. Número 55. Enero – Febrero 1983. Pg. 3 -19. [4] BALGUY-GALLOIS, Alexandre. Protección de los periodistas y de los medios de información en situaciones de conflicto armado. Revista Internacional de la Cruz Roja No. 853. Pg. 37 – 68. [5] Idem [6] EVANS, Joám; RODRÍGUEZ, Carlos. Análisis jurídico internacional de la protección de periodistas en zonas de conflicto armado. Asteriskos: Journal of Internacional and Peace Studies (2006) [7] Ob Cit. Nota No. 4 [8] Ob. Cit. Nota No. 6.
Colombia admite que soldados fingieron ser periodistas en operación de rescate
[El CPJ envió hoy una carta al ministro de Defensa de Colombia expresando preocupación que las fuerzas de seguridad se hicieron pasar por periodistas en operación de rescate]
29 de Julio de 2008
Juan Manuel Santos
Ministro de Defensa
Carrera 54 No. 26-25 CAN
Bogotá, Colombia
Estimado Señor Santos:
Tras la exitosa operación de rescate de rehenes del 2 de julio que culminó con la liberación de 15 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le escribimos para expresar nuestra preocupación por el hecho que fuerzas de seguridad se hayan hecho pasar por periodistas durante la misión. Nos alarma que fingir ser periodistas pueda hacer peligrar aún más a la ya asediada prensa colombiana.
Durante el rescate, dos soldados colombianos fingieron ser periodistas de la cadena de televisión estatal Telesur mientras otros pretendieron pasar por trabajadores humanitarios, como su gobierno luego reconoció. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Freddy Padilla De León, también afirmó que los soldados que participaron en la operación habían tomado clases de actuación para saber cómo hacerse pasar por guerrilleros, trabajadores humanitarios y periodistas.
El 23 de julio, durante una conferencia de prensa en Washington, usted aseguró que el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación. Entendemos lo que estaba en juego y reconocemos que 15 personas fueron rescatadas durante la operación, pero existen riesgos significativos al emplear dicha táctica:
Fingir ser periodistas eleva el riesgo para todos los reporteros, en particular para aquellos que cubren el conflicto civil de cinco décadas en regiones que son controladas por los grupos ilegales armados. En las áreas rurales, los periodistas son a menudo amenazados por guerrillas y paramilitares y presionados por autoridades civiles y militares, según la investigación del CPJ.
Afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra.
Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público.
Colombia sigue siendo uno de los países donde más periodistas han caídoen cumplimiento de su trabajo en el mundo, y tiene el índice más alto de asesinatos de periodistas por porcentaje de población en toda América Latina, según elÍndice de Impunidadelaborado por el CPJ. Más aún, los asesinatos y otros actos de violencia cometidos por todos los actores del conflicto han conducido a muchos periodistas y medios a autocensurarse mientras cubren temas sensibles, como lo documentó el CPJ en uninforme especial de 2005.
Creemos que el hecho de hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías.
Instamos al gobierno de Colombia a considerar detenidamente las implicaciones de este tipo de práctica y a no minimizar las potenciales consecuencias que tiene para la prensa.
Le agradecemos su atención sobre estos temas urgentes. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon Director Ejecutivo
CC:
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de Colombia
General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia
Carolina Barco Isakson, Embajadora de Colombia en Estados Unidos
Jakob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) American Society of Newspaper Editors
Amnesty Internacional
Article 19 (United Kingdom)
Artikel 19 (The Netherlands)
Canadian Journalists for Free expresión
Freedom of Expression and Democracy Unit, UNESCO
Freedom Forum
Freedom House
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Center for Journalists
International Federation of Journalists
International PEN
International Press Institute
The Newspaper Guiad
The North American Broadcasters Association
Overseas Press Club
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Vamos lento, pero al menos vamos, en reaccionar a la evidencia revelada por el propio Ministerio de Defensa desde el día siguiente de la operación “Jaque”, cuando mostró el famoso vídeo editado de 3 minutos 30 segundos, en el que aparece claramente el uso de la Misión Periodística, y además muestra un trozo del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La colombiana Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el 24 de julio la utilización de la Misión Periodística en una operación de guerra.
«Jaque” usó no sólo los símbolos de Telesur, sino que, según el guerrillero apresado “César”, fabricó un “doble” del periodista colombiano Jorge Enrique Botero. Sobre eso aún no se ha dicho mayor cosa. ¿Dónde está ese doble de Botero? ¿Qué tal que esté yendo a ruedas de prensa y yo me lo encuentre y él no me salude? ¿Y que, para disculparse, el verdadero Botero tenga que invitarme a una cena bien deliciosa en un restaurante bien caro?
A continuación el comunicado de la FLIP, que se titula “Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque”; pero yo insisto en que el titular para todo esto es “El fin justifica los medios”. El que esté de acuerdo con esa frase, que tenga en cuenta todas las consecuencias.
Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque
En declaraciones públicas entregadas ayer, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció que el Ejército colombiano utilizó la imagen del canal internacional Telesur en el reciente operativo de rescate de 15 secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al parecer, el logo del medio de comunicación se utilizó en el chaleco del supuesto camarógrafo y en el cubo del micrófono del supuesto periodista. Santos agregó que se trata de “un detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados”. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifiesta lo siguiente:
1. La libertad de expresión en Colombia se ejerce en medio de condiciones adversas. Además del riesgo que presupone cubrir el conflicto armado, los periodistas son víctima constante de amenazas, agresiones y obstrucciones por parte de grupos ilegales, narcotraficantes y funcionarios públicos. Esto sin contar los asesinatos de periodistas en las últimas décadas en Colombia y el estado generalizado de impunidad en que se encuentran las investigaciones judiciales por estos hechos.
2. La suplantación de un equipo periodístico por parte de las Fuerzas Armadas acrecienta aún más la vulnerabilidad que enfrenta el periodismo en Colombia, especialmente en las zonas donde están presentes los grupos armados ilegales.
3. Dicha suplantación también implica un desconocimiento de la condición de civil que ostentan los periodistas en desarrollo de conflictos armados. Según el artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, “los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles”. Se entiende por periodista los corresponsales, reporteros, fotógrafos, camarógrafos o ayudantes técnicos. El carácter civil de los periodistas salvaguarda su labor y evita que las partes en conflicto los consideren combatientes o espías.
4. Para la FLIP este hecho no resulta “insignificante”, como afirma el ministro de Defensa Nacional. Preocupa que esta acción termine por estigmatizar el papel de la prensa en el cubrimiento del conflicto armado y, particularmente, ponga en riesgo a los periodistas del canal internacional Telesur. La FLIP exhorta al gobierno para que ofrezca disculpas a este medio de comunicación y que, adicionalmente, manifieste de manera expresa que esta práctica no se implementará en su estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales.
El 22 de julio pasó algo inusitado. El presidente estadounidense George W. Bush celebró la independencia de Colombia con estas palabras: “El presidente Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga, y más”.
Aclaro: el 20 de julio de 1810 ocurrió, no la independencia, sino el grito de la independencia, contra los extranjeros que mandaban por acá en ese entonces.
La independencia la consiguió años después un guerrillero de apellido Bolívar, pero entretanto como que se han dañado las cosas, a juzgar por la frase de Bush.
En todo caso, la insólita celebración de Bush fue en la mismísima Casa Blanca. Por enésima vez, instó al Congreso estadounidense a ratificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Bush fue también muy franco al decir que “el hecho de que no hayamos aprobado el tratado de libre comercio está perjudicando a nuestras empresas que quieren vender sus productos en Colombia”.
“La aprobación de este acuerdo ayudará a estas pequeñas empresas y medianas empresas a crecer y generar empleos altamente remunerados” en Estados Unidos, apuntó el presidente republicano.
Gracias al ATPDEA “hoy, casi todas las exportaciones de Colombia ingresan a Estados Unidos libres de impuestos (…) Ahora el Congreso debe crear condiciones equitativas (…) debe darles a los trabajadores y agricultores estadounidenses el mismo acceso a los mercados colombianos. Y la manera de hacerlo es con la aprobación del tratado de libre comercio”, dijo, y estallaron aplausos entre los convidados a la fiesta, encabezados por la embajadora colombiana Carolina Barco.
Uno no sabe. O el presidente Bush anda medio desocupado, o a lo mejor es cierto que la pequeña economía colombiana tiene la capacidad de generar tanto consumo de productos estadounidenses, que se le arreglen las dificultades a la gigantesca economía de ese país, la mayor del mundo.
Será por eso que los republicanos insisten tanto en la aprobación del TLC con Colombia: hace poco, para no ir más lejos, el alcalde republicano de Nueva York, el candidato John McCain y el subsecretario de agricultura, estos dos últimos recientes visitantes de este mercado, perdón, de este país.
Por cierto, que cuando McCain anunció que se autoinvitaba a Colombia, la cancillería colombiana corrió a decir que también quería que viniera el candidato demócrata Obama, pues las relaciones con Estados Unidos, recalcó, son “bipartidistas”.
Según la Red de Acción contra el ALCA (Recalca), el presidente Álvaro Uribe tiene “el dudoso honor de ser el ¡único aliado incondicional que les queda a los republicanos en el mundo!”
No sé si será el único aliado que le queda; en todo caso, cuando Bush se refiere a su homólogo colombiano, le dice “nuestro buen amigo”.
Uribe, por su parte, decidió terciar en la campaña electoral estadounidense, quizá a espaldas de su propia cancillería. En la edición del 11 de julio de La Repubblica, de Italia, dio la siguiente declaración “bipartidista”:
Uribe: “Colombia siempre ha tenido estrechas relaciones con Estados Unidos”.
Pregunta: ¿Y en el futuro? ¿Y si fuera Obama?
Uribe: “El candidato demócrata es joven y tiene poca experiencia. De todas formas, yo no creo que Estados Unidos esté preparado para un presidente de color. Pienso que va a ganar el republicano McCain, quien para nosotros representa la continuidad de las relaciones políticas y comerciales”.
Suiza “tomó nota” de la decisión de Bogotá de excluir la mediación europea de los acercamientos con las FARC para conseguir una solución negociada.“Hay una fuerte tensión entre Suiza y Colombia”, está claro que “Colombia quería sacarse de encima a los países mediadores», dijo a Swissinfo Bruno Rütsche, especialista del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, organización helvética con más de 20 años de presencia en este país.
A veces pasan cosas por acá que me dan vergüenza ajena, y no dejo de preguntarme por qué, si no tengo nada que ver con lo que el presidente Álvaro Uribe haga o deshaga.
Cuenta El Tiempo en su edición de este viernes que el presidente Álvaro Uribe “careó” a los dos emisarios de los tres países amigos (Francia, Suiza y España) cuando se los encontró en los pasillos de la Casa de Nariño, sede presidencial, el viernes 27 de junio, en la semana antes de la operación “Jaque” del miércoles 2 de julio, que liberó a 15 cautivos de la guerrilla, incluida Ingrid Betancourt.
El emisario francés Noël Saez y el suizo Jean-Pierre Gontard estaban acompañados de sus embajadores.
Salían de una reunión con el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en la sede presidencial.
Relata el periódico en su edición impresa: “Uribe se los topó. No hubo saludo. El Presidente los careó, los señaló con su índice, y les reprochó sus actuaciones como mediadores: ‘Mal, ¡Muy mal! (…) Eso no es así. No les quito la mediación por respeto a sus países’, dijo Uribe y les dejó claro que no confiaba en ellos”.
“Ni los emisarios ni los embajadores tuvieron tiempo de replicar. El presidente, una vez ‘cantada la tabla’, siguió su camino. No hubo diálogo”.
Una razón para la furia presidencial -prosigue El Tiempo- es que, según su gobierno, en los computadores de «Raúl Reyes» que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento del guerrillero abatido el 1 de marzo en territorio ecuatoriano, «Reyes» dice que los emisarios europeos dicen que ellos le dicen a Uribe «el loco».
El Tiempo (que a veces publica columnas de la médica de Uribe, en las que la galena nos explica qué bueno es, desde el punto de vista de su salud, que el presidente sea maleducado), intentó justificar el trato del mandatario colombiano a los representantes de Francia y Suiza:
“Uribe estaba indispuesto, pues el día anterior había conocido pormenores del fallo de la Corte Suprema que cuestionó el trámite del acto legislativo de la reelección. De hecho, el presidente se topó con los emisarios cuando se dirigía al primer piso de la Casa de Nariño con el ministro de Protección Social, Diego Palacio, para anunciar que este último demandaría a magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusación”.
Mejor dicho, El Patrón estaba hecho una hidra, para satisfacción de su médica.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Desde hace tiempo participo en las campañas de Avaaz.org.