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Un comunicado publicado hoy, y fechado el 5 de julio, señala que los dos guerrilleros detenidos durante la operación “Jaque”, “César” y “Enrique Gafas”, se habrían fugado junto con los cautivos que estaban a su cargo, encabezados por Ingrid Betancourt.
El secretariado del Estado Mayor de la guerrilla acusa a ambos combatientes, en proceso de ser extraditados a Estados Unidos, de “despreciable conducta”.
El comunicado no hace ninguna referencia a que estuviera en marcha una supuesta operación de liberación. Cobraría así fuerza la versión de fuentes consultadas por IPS, y muy cercanas a los esfuerzos de negociación con las FARC, que expresaron que se trató de una “compra” a los guardianes de los cautivos.
“César” lo niega, y dice que fue engañado por inteligencia militar, que tiene interceptadas todas las comunicaciones de la insurgencia.
“De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión”, dicen las FARC, y yo pienso en las familias de los que aún quedan en la selva, en primer lugar en el docente Gustavo Moncayo, el “caminante de la paz” y padre del militar Pablo Emilio Moncayo, más de 10 años a la espera de una solución viable.
Este es el texto:
Comunicado
1. La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de Julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de Cesar y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó.
2. Independiente de un episodio como el sucedido, inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses, mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión.
3. La lucha por liberar a los nuestros y demás combatientes políticos presos siempre estará al orden del día en el conjunto de las unidades farianas, especialmente en su dirección. A todos ellos los llevamos en la mente y en el corazón.
4. El camino por lograr las transformaciones revolucionarias, en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia ha sido fácil, por el contrario, y por ello nuestro compromiso se acrecienta ante cada nuevo reto o dificultad.
5. La paz que requiere Colombia debe ser resultado de acuerdos que beneficien a las mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición. Las causas por las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el presente es de lucha y el futuro es nuestro.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, julio 5 del 2008.
julio 11th, 2008
Hoy se conoció una comunicación de organizaciones de derechos humanos al comandante de las FARC, Alfonso Cano. Le proponen liberar, antes del 20 de Julio, al resto de “retenidos” que le faltó liberar a la operación Jaque.
Es decir, al grupo de 25 personas que, como hasta el 2 de julio Ingrid Betancourt, han estado sometidas a canje por la guerrilla y que permanecen en la manigua.
El 20 de Julio, día nacional de Colombia, habrá una manifestación contra el secuestro que promete ser gigantesca, pues los medios de comunicación están haciendo una convocatoria masiva.
Las organizaciones humanitarias firmantes esperan que la liberación de los cautivos genere “un nuevo ambiente nacional a favor del diálogo y la negociación, donde ojalá los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición tengan cabida”.
La carta abierta está fechada el 5 de julio y encabezan las firmas las dos primeras organizaciones humanitarias que se crearon en Colombia: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre cuyos fundadores está el escritor Gabriel García Márquez, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que en 1978 inició los foros nacionales sobre la violaciones a los derechos humanos que ya abundaban en el país.
También suscriben la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ligada a la iglesia católica y que mantiene un estrecho acompañamiento a las comunidades en medio de la guerra y publica el boletín electrónico Por lo menos sus nombres, en homenaje y memoria de las víctimas.
Asimismo la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de familiares y amigos del senador de la Unión Patriótica y periodista asesinado en 1994; Andas, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, integrada por desplazados; la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y la Fundación Cese el Fuego, para el esclarecimiento de los hechos en la toma guerrillera y la contra-toma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Este es el texto:
Bogotá, julio 5 de 2008
Comandante
ALFONSO CANO
Secretariado de las FARC
Colombia
La sucesión de hechos que han transcurrido durante el presente año han puesto de manifiesto nuevamente los dolorosos impactos sobre la población que continúa ocasionando el conflicto colombiano.
El país saludó en su momento y sigue valorando el gesto unilateral expresado por ustedes al dejar en libertad a Consuelo González, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Gechem Turbay, Orlando Beltrán y Gloria Polanco, lo cual significó una luz de esperanza para avanzar en la solución de esta crisis humanitaria. Crisis que refleja la existencia de causas profundas del conflicto, injusticia, exclusión e impunidad que deben ser resueltas en un diálogo político.
Con ocasión de la libertad de Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y los once oficiales y suboficiales de Ejército y Policía, se abre de nuevo una profunda reflexión en diversos sectores de la sociedad sobre la urgencia de que las personas aún retenidas regresen al lado de sus familias, pero también, para que se valore la posibilidad de reabrir acercamientos entre las partes enfrentadas que permitan un nuevo ciclo de conversaciones que apunten hacia los acuerdos y la paz.
El próximo 20 de Julio el país ha sido convocado a expresarse en favor de la vida y la libertad. Esperamos que sea una jornada en contra de la guerra y en pos de una salida concertada hacia la paz. Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente misiva nos dirigimos a usted para proponerle liberar antes de esa fecha a las personas aún retenidas, con lo cual se generaría un nuevo ambiente nacional a favor del diálogo y la negociación, donde ojalá los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición tengan cabida.
Nos ponemos en disposición para lo que sea necesario en esa perspectiva.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Manuel Cepeda Vargas, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Justicia y Paz, Andas, Fundación Cese el Fuego, CODHES.
julio 8th, 2008
Así titula Swissinfo un despacho este martes, cuya lectura recomiendo. No solamente está en “línea de fuego colombiano” el facilitador suizo Jean-Pierre Gontard.
Creo que el principal balance, tras la dicha sin límites que significa volver a oír a Ingrid Betancourt en libertad, y lo más importante, que su liberación y la de los demás haya sido incruenta, en una operación de inteligencia militar el pasado 2 de julio, es que ha quedado “en línea de fuego” la solución política.
Había empezado a pintar mi casa cuando me sorprendió la operación Jaque.
En medio del arduo trabajo que prosiguió y que continúa, de seguimiento periodístico y de puesta a prueba de las descripciones de la operación de rescate (descripciones que, por cierto, han ido variando con los días), así como la puesta a prueba de las versiones que han surgido, mi casa –forrada de libros- parece poco menos que el campamento bombardeado de Raúl Reyes, aunque sin muertos, claro.
Por fin terminó ayer la labor de pintura. Ya comencé a reordenar los libros y a ponerlos en su lugar. Ya está casi organizada la biblioteca de poesía, la consentida, la que mejor me ilumina, y anoche emprendí la organización de la biblioteca sobre la historia de este país.
La biblioteca de guerra, la llamo. En la que apoyo mi labor cotidiana en el esfuerzo permanente por equivocarme lo menos posible, para mi lector o lectora, y para mí misma.
Paso amorosamente un trapo un poco húmedo por cada tomo, y lo coloco en el sitio al que cronológicamente corresponde.
El ejercicio ha servido para repasar esta guerra sin fin, cuán largo es el horror que se va juntando en los anaqueles, las oportunidades de paz desperdiciadas, los pactos traicionados.
También, para tener presente que la guerrilla colombiana ha sufrido derrotas muchas veces; ha decretado cese de fuegos y se ha desmovilizado unas cuantas; y tantas otras ha vuelto a la batalla. ¿Por qué?
Los tomos van contando que la guerrilla –por lo menos esta guerrilla campesina de las FARC, que hoy tanto humilla y maltrata a sus rehenes y prisioneros- surgió como una autodefensa ante la violación de los derechos humanos promovida por gamonales, a través de bandas armadas que actuaban con la fuerza pública de la época, por allá a mediados de los años 40.
Como en Colombia la historia da vueltas en redondo, la fórmula fue repetida por narcotraficantes aliados del ejército y de la policía desde los años 80.
Espero que otros concluyan, aún hoy, como yo, que para salir de ese encallamiento repetitivo la única solución garantizada y sustentable es cambiar ciertas costumbres y negociar.
Una negociación política que sea respetada.
Acompañada de verdad y justicia y –a juzgar por los muchos volúmenes de mi biblioteca sobre la estructura de la propiedad de la tierra- de un reparto más equitativo de ése, que sigue siendo el bien más preciado en este país tan rico y tan bonito.
Esta mañana acompañé a ASFAMIPAZ en su plantón de todos los martes en la Plaza de Bolívar por el acuerdo humanitario que ha gestionado Jean-Pierre Gontard, entre muchos otros.
Los de ASFAMIPAZ siguen pensando que la negociación con las FARC es la vía más civilizada y la garantía más segura de volver a ver a los suyos con vida, como sueñan, y “sin un rasguño”, como regresaron los del 2 de julio, tal como me dijo la presidenta de ASFAMIPAZ, Marleny Orjuela.
Yo esperaba que las madres y padres de los policías y soldados que se quedaron en la selva tuvieran mucha compañía en este primer martes en la Plaza de Bolívar tras la operación Jaque.
Pero no: estaban solos. Quizá más solos que nunca. Y tenían miedo, y desesperanza, librados únicamente a la fe en Dios.
julio 8th, 2008
(Reproduzco este artículo sin comentarios, para que no me vayan a meter presa)
¡Yo quiero una!
Por Jose Heriberto Monroy Aguilar
Tomado de Rebelión
Yo quiero una computadora como la de Raúl Reyes, dirigente guerrillero de las FARC muerto por el ejército colombiano en marzo, en la selva ecuatoriana.
Sí, imagínese, se conecta a Internet en un campamento guerrillero clandestino en medio de la selva, sin cable Módem, sin WIFI, sin teléfono… ¡sin nada!
A mí en cambio en medio San José (capital de Costa Rica), con cable módem y WIFI, la conexión me falla. La de Raúl Reyes a lo mejor se conectaba con los árboles o tenía una súper batería construida clandestinamente por IBM para él. En todo caso yo necesito una de esas, para poder conectarme en Punta Uva, donde ni siquiera la televisión nacional entra.
Además, la computadora FARC aguantó durante más de seis años la lluvia torrencial, que suele caer en estos lugares; el lodo, la humedad, el calor y los hongos de la selva ecuatoriana, y nunca se le metieron esas molestas hormigas tropicales, que a mí en Escazú ya me jodieron dos.
No, en serio; es la computadora más vergona del mundo. ¡Y fue hecha antes de 2002!… ¿que les parece?… Claro, ahora como todo es chino, nada dura. Pero esa fue hecha quién sabe dónde. Porque los militares colombianos cuando atacan no dejan piedra sobre piedra.
Entonces, si el ejército atacó por aire, esa computadora aguantó la destrucción total que produce una de esas bombas (que no fue sólo una) en un radio efectivo de 40 metros y la desintegración que provoca su honda expansiva. Y si los colombianos atacaron también por tierra, fue con ametralladoras con una precisión ¡súper chingona!… porque le pegaron a todo, incluyendo a Don Raulito Reyes, menos la computadora. ¡GUAU!!…
Debe estar hecha de material de la NASA. Ruego a los fabricantes que las pongan en el mercado YA. La mía, que es mucho más nueva, se da un golpecito contra la mesa y se me jode por un buen rato. Una vez le cayó encima, no árboles, no esquirlas o balas, sino un mísero poco de café con leche y pasó dos semanas en el taller.
¡Y eso sin mencionar la capacidad del disco duro de esta «súper-compu»! Quizás tenía un millón de gigabites, para guardar todos los correos electrónicos desde 2002. Yo no sabía que desde esa fecha se fabricaban laptops con esa potencia. ¡Y qué respetuosa! Guardaba correos desde hace seis años o más, y nunca le dio a Raulito la idea de borrar de vez en cuando algún correo que ya hubiese leído. Definitivamente esta computadora es la «NANA» de la tecnología portátil…. ¡Yo quiero unaaa!!…
Lo único que no me suena es lo de los nombres de los ticos que aparecieron en la PC, porque yo suponía que todo guerrillero no llama a sus «colaboradores» por su nombre, sino a través de un seudónimo. O sea que «Raulito», de clandestinidad y de guerrilla, no sabía nada.
junio 28th, 2008
“Compartí con ellos más de cinco años de horror”, dice el ex diputado Sigifredo López a las familias de sus 11 compañeros muertos hace un año, en una prueba de vida conocida el sábado.
López fue el único sobreviviente del grupo de 12 diputados tomados rehenes por las FARC el 11 de abril de 2002. Los demás fueron abatidos, según la guerrilla, el 18 de junio de 2007, en un “fuego cruzado” aún rodeado de misterio y múltiples hipótesis.
Se trata de un vídeo de cerca de media hora, grabado en el día 2.005 de su cautiverio, según cuentas de López. Es decir, en octubre del año pasado y durante la mediación por el acuerdo que adelantaron el presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
Los inamovibles de Uribe son inamovibles para las FARC también, advierte López, quien fue alcalde de Pradera, municipio del occidental departamento del Valle del Cauca, cuya
desmilitarización exigen las FARC, junto con la del vecino municipio de Florida, para negociar en canje la libertad de guerrilleros en las cárceles. Uribe se niega.
López se refiere al entonces gobernador en funciones del noroccidental departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, ejecutados por las FARC durante un intento de rescate del ejército, en mayo de 2003. Y al capitán de la Policía Julián Guevara, muerto por enfermedad en cautiverio y cuyo cadáver no ha sido entregado a su madre.
Dice López: “Regateando con brutal intransigencia sofismas y posiciones inamovibles; trenzados en un espantoso pulso diabólico sobre los cadáveres y la memoria de mis compañeros, de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria y del capitán Guevara, continúan las FARC y el gobierno demostrándole al mundo su crueldad, su barbarie y que, de alcanzar un eventual acuerdo -que de humanitario no ha tenido absolutamente nada- lo que menos les ha importado es la vida de los secuestrados, a quienes inmisericordemente los condenaron a morir atrapados en el infame círculo vicioso que crearon, y que ya completa más de cinco años, varias masacres, y que día a día recrudece aún mas el ya bastante degradado conflicto colombiano”.
El rehén rechaza la acusación de un supuesto desertor de las FARC, de quien sólo se conoce su alias (“Rafael”). «Rafael» afirmó que el ex diputado no murió porque es miembro de la guerrilla.
Los señalamientos a protagonistas del canje se multiplican, y hace rato no parecen casualidad. Yo, que soy tan malpensada, creo que se trata de restar solidaridad pública a esta causa humanitaria.
Así, hasta que se conoció, en noviembre del año pasado, la prueba de vida lograda por Chávez – Córdoba, corría profusamente el rumor de que Ingrid Betancourt se había integrado a la guerrilla y era la amante de Alfonso Cano, quien sucedió este año en la comandancia insurgente a Manuel Marulanda.
De la senadora Córdoba, amiga de Ingrid y quien actuó como un vendaval para acercar a las partes a un acuerdo, hay quienes dicen hoy que ella en realidad la odia, porque es su rival política.
Según periodistas que olvidan que en una guerra la primera baja es la verdad, y asumen versiones oficiales como ciertas, Córdoba es una mujer histriónica sin compasión, capaz de mostrarse como amable facilitadora ante las familias de los secuestrados mientras recomendaba a las FARC, por correo electrónico, no liberarla.
“Sobre todo no liberen a Ingrid”; “qué coño me interesa la proposición de Sarkozy para obtener la liberación de Ingrid Betancourt”, son fragmentos y lenguaje atribuidos por autoridades colombianas a la senadora opositora, presentados por el Ministerio de Defensa de Colombia como tomados de correos electrónicos contenidos en los computadores de “Raúl Reyes”, y reproducidos sin criterio periodístico por Paris Match (5 de junio) y otros medios.
El periodista Carlos Lozano, nombrado hace dos meses facilitador oficial para el acuerdo, también se le achacan textos en los computadores del guerrillero abatido, escritos bajo un alias.
Lozano sí escribió correos a Reyes, incluso por pedido del propio Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y realizando entrevistas que fueron publicadas en su periódico, el semanario Voz. Pero niega haberlo hecho nunca bajo un alias.
Eso, para hablar sólo de algunos, y de Colombia.
junio 22nd, 2008
Diecisiete académicos estadounidenses y británicos, y un periodista colombiano en el exilio, dirigieron el pasado 17 de junio una carta abierta a Ronald Noble, secretario general de INTERPOL. Le piden rectificar esta frase textual, expresada por Noble en rueda de prensa en Bogotá cuando entregó oficialmente al gobierno colombiano el peritazgo de INTERPOL sobre los computadores supuestamente hallados en el campamento del jefe negociador de las FARC “Raúl Reyes”:
«Estamos completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinaron nuestros expertos vinieron de un campamento de las FARC. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló los ordenadores incautados a las FARC.»
Los académicos firmantes son prácticamente los mismos que dirigieron el 26 de abril un llamado a la prensa para que, en aplicación de los principios periodísticos, no tome necesariamente como ciertas las interpretaciones que las autoridades colombianas están haciendo sobre los contenidos informáticos supuestamente hallados en los computadores de Reyes.
Dos de los firmantes, Greg Grandin y Forrest Hylton, también enviaron una segunda carta abierta a los medios el 12 de mayo, habida cuenta de que consideraron que la prensa que se ha hecho eco de estas interpretaciones y contenidos seguía sin aplicar el beneficio de la duda.
En Carta abierta a Noble académicos piden rectificación
Asunto: Concerniente a la declaración del 15 de mayo de 2008 en rueda de prensa sobre el Informe Forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia.
17 de junio de 2008
Ronald Noble
Secretario General
INTERPOL
200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Francia
ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO Y CORREO POSTAL ESTADOUNIDENSE
Estimado señor Noble:
Le solicitamos que retracte la siguiente declaración ofrecida a la prensa el 15 de mayo de 2008:
«Estamos completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinaron nuestros expertos vinieron de un campamento de las FARC. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló los ordenadores incautados a las FARC.» (AP, 15 de mayo de 2008).
La primera oración parece estar completamente fuera del ámbito de su investigación. En el «Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisado por Colombia», no hay indicios de que Interpol hiciera algo para verificar las afirmaciones de Colombia sobre el origen de los computadores. En la página 7, el informe oficial señala: «El alcance del análisis forense de carácter informático de INTERPOL se limitaba a: a) establecer los datos reales que contenían las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, b) comprobar si los archivos de usuario habían sido modificados de algún modo el día 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores, y c) determinar si las autoridades de los organismos colombianos encargados de la aplicación de la ley habían manejado y analizado las citadas pruebas de conformidad con los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de las fuerzas del orden».
Dado que Interpol no realizó ninguna investigación sobre el origen de estas evidencias computacionales, parecería inapropiado y equivocado que usted afirme que está «absolutamente seguro» del origen de éstas. Esto podría dar la confusa impresión de que la investigación de Interpol en realidad había verificado y comprobado la afirmación del gobierno de Colombia, que es rebatida, por ejemplo, por el Presidente de Ecuador.
La segunda oración está dentro del ámbito de su investigación, pero no queda claro que el informe la apoye. Por ejemplo, su informe señala que «Interpol no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas»,
No haber encontrado evidencia de algo no es lo mismo a decir que ese algo absolutamente no sucedió, o que «nadie puede cuestionar nunca» que haya pasado.
En vista de la importancia que reviste este asunto para las relaciones hemisféricas, y la importancia de que Interpol conserve su imparcialidad en sus investigaciones forenses, le solicitamos que retracte la primera oración citada anteriormente, y que clarifique y/o retracte la segunda oración.
Atentamente,
Larry Birns, Council on Hemispheric Affairs – Director
Amy Chazkel, Queens College, City University of New York – Profesora Asistente de Historia
James Early, TransAfrica Forum, e Institute for Policy Studies – Miembro de las Juntas Directivas
Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York – Profesora Asistente de Sociología
Lesley Gill, American University – Profesora Asociada en Antropología
Greg Grandin, New York University – Profesor de Historia; Director de Estudios de Postgrado
Daniel Hellinger, Webster University- Director & Profesor, Relaciones Internacionales
Forrest Hylton, New York University – Departamento de Historia
Diana Paton, University of Newcastle, UK – Profesora universitaria en Historia del Caribe
Deborah Poole, Johns Hopkins University – Profesora en Antropología
Gerardo Renique, City College of the City University of New York – Profesor Asociado de Historia
Fred Rosen, North American Congress on Latin America – Analista Senior
T.M Scruggs, University of Iowa – Profesor Asociado, Etnomusicología
Sinclair Thomson, New York University- Profesor Asociado de Historia
Miguel Tinker Salas, Pomona College – Profesor de Estudios Chicanos y Latinoamericanos
Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research – Co-Director
John Womack, Harvard University- Profesor del curso Robert Bliss para Historia y Economía Latinoamericana
Hernando Calvo Ospina – Periodista. Autor de «Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado«
*Mensaje a mi lector o lectora: retomo este blog después de un par de semanas de viajes, seguidas de otras con problemillas técnicos.
junio 19th, 2008
Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas
“La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas”, se lee en un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas.
El párrafo lo dice todo: va dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), que trata crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando un estado no puede, o no quiere, juzgar a los individuos que los cometieron.
Para Colombia, el Estatuto de Roma que creó la CPI entró en vigor en noviembre de 2002. Todos los crímenes de esa clasificación perpetrados por los paramilitares después de esa fecha caerían bajo su órbita, si no son juzgados –ahora- por la justicia estadounidense.
Los paramilitares fueron pedidos por Estados Unidos por lo que le interesa a ese país: el narcotráfico. El presidente colombiano Álvaro Uribe dice que el juzgamiento de los capos paramilitares por sus crímenes continuará. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, garantizó que habrá acceso directo de los fiscales colombianos y de las víctimas al sistema judicial estadounidense. Ambos pusieron el principal énfasis en que los bienes de los paramilitares servirán para reparar a las víctimas.
“El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad… Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos”, declaró Uribe.
Pero otra cosa piensa el abogado cubano-estadounidense Santiago Rodríguez, que defendió ante las Cortes estadounidenses a un narcotraficante colombiano extraditado el año pasado: él no dejaría que un cliente suyo reconociera delitos de guerra que le complicaran el caso por el que está siendo juzgado, o sea narcotráfico.
“Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra”, se oye en las películas.
Además, si la confesión de 150 muertos por parte de un paramilitar es mucho para un juez en Colombia, para un jurado de conciencia en Estados Unidos es una catástrofe, advirtió Rodríguez. Y este ramillete de paramilitares, ahora bajo la égida de la justicia estadounidense, suman miles de muertos.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la primera entidad que cuantificó las violaciones al cese al fuego decretado por los paramilitares en diciembre de 2002.
La Ley de Justicia y Paz establece que, si infringían sus compromisos de dejar de delinquir, los paramilitares ya no recibirían máximo ocho años de cárcel, sino que se irían a la justicia ordinaria – donde purgarían 40.
Pero Uribe no pasó a los paramilitares a la justicia ordinaria. “El Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas”, declaró la CCJ.
Esa organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU consideró que “perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia”.
La CCJ recordó que la decisión de Uribe “es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia”, que estableció que la prioridad sobre la extradición está en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, expresó la CCJ, indica “la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico.
“Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad”, según la CCJ.
El comunicado agrega que “esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de ‘desmovilización’ no fue genuino, sino un espejismo (…). Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo”.
“Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas”, advierte esta entidad que representa a varios grupos de víctimas en los procesos contra los paramilitares.
Si el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se veía restringido en los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, “ahora resultará inexistente por completo. No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente”, añade la CCJ.
mayo 13th, 2008
Bajo el amparo de las sombras de la noche, y en completo sigilo, 14 criminales de guerra –algunos confesos, otros presuntos- fueron extraditados a Estados Unidos esta madrugada. La justicia de ese país los tiene pedidos por narcotráfico.
Son ellos: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias «Don Berna”, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, Hernán Giraldo Serna “El Patrón” de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ever Veloza alias «HH» (a punto de entregar a la oligarquía del occidental Valle del Cauca implicada con paramilitarismo)*, Ramiro Vanoy alias «Cuco», Francisco Javier Zuluaga alias «Gordo lindo», Guillermo Pérez Alzate alias «Pablo Sevillano», Juan Carlos Sierra alias «El Tuso», Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea o Vengoechea, Martín Peñaranda alias El Mello, y Eduardo Enrique Goynechea. Además, Manuel Enrique Torregrosa.
Para algunos, como el director de noticias de Caracol Radio Darío Arizmendi, es la prueba de que “el Estado siempre gana”, y de que, si Álvaro Uribe se atrevió a extraditar a los jefes paramilitares, es porque ellos no tienen “la prueba reina” que vincule al presidente -por la vía de la responsabilidad penal individual- al escándalo de la parapolítica.
Para las víctimas, doctas o analfabetas, el proceso de verdad quedó herido de muerte.
En medio del llanto, Teresita Gaviria, portavoz de la asociación de víctimas de Madres de La Candelaria, del noroccidental departamento de Antioquia, dejó en claro que, más que la reparación material, lo que exigen las víctimas es la verdad sobre el asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos.
Los gobiernos estadounidense y colombiano aducen que la extradición a Estados Unidos garantizará mejor la reparación a las víctimas. El énfasis en el tema económico ignora lo que las propias víctimas vienen diciendo: lo principal es la verdad. “Tenemos que saber qué pasó, para saber qué tenemos que perdonar”, repiten siempre.
La reconciliación de Colombia pasa por la verdad.
Esta extradición masiva de criminales de guerra a uno de los pocos países del mundo que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional confirma que la negociación con los jefes paramilitares ha tenido como objetivo apoderarse de sus jugosos capitales, legalizando millones de dólares, en parte, con el pretexto de la reparación.
Estos extraditados son capos del narcotráfico y, cada uno, “mil veces más rico y más poderoso que Pablo Escobar”, como me dijo Gonzalo Guillén, experto periodista colombiano en temas de narcotráfico y corresponsal de El Nuevo Herald en Bogotá.
“Esto es un favor para ellos. De aquí a unos añitos regresan con la nacionalidad (estadounidense), a volver a hacer lo mismo”, supone Raquel George, miembro de Madres de La Candelaria, cuya hija, Ángela Torres, fue desaparecida en noviembre de 2001. George tenía una gran ilusión de que el cadáver de Ángela fuera encontrado por indicaciones de “Don Berna”, que hasta ahora estaba sometido a juicio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aplicada a los paramilitares.
Esta ley, gracias a un fallo de la Corte Constitucional en mayo de 2005 que en su momento sólo fue respaldado, entre los opositores, por el Partido Liberal, les exigió a los paramilitares la “verdad completa”, so pena de ser sometidos a la justicia ordinaria, que les cambiaría penas de máximo ocho años (según Justicia y Paz) por las penas correspondientes al Código Penal, de unos 40 años.
La Ley de Justicia y Paz, tal como fue aprobada por el parlamento, no imponía la exigencia de verdad completa.
Fue ese fallo de la Corte Constitucional el que dañó la estrategia oficialista, y el que dio pie a los procesos contra parapolíticos en la Corte Suprema de Justicia, que ya tienen tras las rejas incluso a Mario Uribe, primo del presidente y su principal socio político.
La verdad, parcial y tímida, estaba comenzando a surgir en estas semanas, también, sobre la implicación de la alta oficialidad en los crímenes de guerra.
Ya veremos, después de esta extradición a Estados Unidos, qué más ocurre con estos militares, en muchos casos entrenados y formados en la Escuela de las Américas.
* Ya publicado este comentario, me aclaró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que «H.H.» no fue extraditado, como lo anunció en la mañana el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, por cierto miembro prestante de la oligarquía caleña.
mayo 13th, 2008
Los ladrillos que son llevados desde hace años a actos públicos, cubiertos de avisos mortuorios que recuerdan nombre por nombre a las víctimas de la guerra, sirvieron anoche para una muy otra cosa, a la salida del ex senador Mario Uribe de la embajada de Costa Rica, rumbo a la cárcel. Vea el momento noticioso
abril 23rd, 2008
El director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Javier Echeverri, envió a la embajadora costarricense en Bogotá, Clara Montero, una advertencia sobre la orden de captura contra el ex senador Mario Uribe “por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)”.
Echeverri solicitó a la diplomática “tener en cuenta la mencionada orden de captura con el propósito de que el señor Uribe Escobar no evada los requerimientos de la justicia colombiana”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó ese mensaje en su página de Internet (debajo), al lado del siguiente comunicado:
Cancillería considera improcedente asilo de señor Mario Uribe Escobar
22 de abril del 2008. En respuesta a consultas de la prensa formuladas hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite hacer de conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
- Hoy, en horas de la mañana, el señor Mario de Jesús Uribe Escobar se presentó a la sede de la Embajada de Costa Rica en Colombia a solicitar asilo.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores en conocimiento de los antecedentes del caso, provenientes, en particular, de la Fiscalía de Colombia; amparado en los principios y normas del derecho de asilo, y con base en la información disponible, considera improcedente dicha solicitud.
- Para la Cancillería , la histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado debida nota de la comunicación remitida por parte de la Fiscalía de la Nación , de Colombia, en que se da cuenta que se ha dictado una orden de captura contra el señor Uribe Escobar “por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)” y de la preocupación de que el señor Uribe “no evada los requerimientos de la justicia colombiana”.
abril 22nd, 2008
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