Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: «No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán».
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano.
Álvaro Uribe llama a un amigo suyo, uno de esos extraños frecuentadores de “la Casa de Nari”, como le dicen los narcos a la sede presidencial. De hecho había trabajado allí.
El interlocutor de Uribe tiene el extraño ¿alias? de «la Mechuda».
Uribe le reclama a gritos a “la Mechuda” por un extraño tema relacionado con propiedades de narcos.
“Y si lo veo le voy a dar en la cara marica”, es la refinada expresión de Uribe en su agitado monólogo, que se puede oír en Youtube.
Ahora, parece que Mr. Hyde apareció de nuevo en Cancún, durante la cumbre del Grupo de Río.
Allá su interlocutor fue el presidente de Venezuela Hugo Chávez, otro gamín de la cuadra. Fue Uribe quien interrumpió a Chávez y se armó la grande.
Mañana las noticias se concentrarán en esa pelea entre presidentes en Cancún, y comprobaremos, otra vez, cómo el odio nacionalista es la mejor manera de manipular y envilecer a un país.
Y habrá menos espacio para que el público se entere para qué sirve la Secretaría General de la Casa de Nari, para qué sirve la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, y qué tienen que ver ambas con la Stasi de la seguridad democrática.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan «Uribito». Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
–Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
–Alfredo Molano, El Espectador
–Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
–Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
–César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
–Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
–Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
–Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
Hoy 9 de diciembre ha sido designado como el Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos. Esto porque el 23 de noviembre fueron asesinados 34 periodistas y trabajadores de medios, en una masacre de un total de 59 personas en la provincia de Maguindanao, Mindanao, Filipinas.
El grupo fue emboscado por un comando de cerca de 100 hombres armados, cuando acudía en caravana a cubrir la inscripción electoral del candidato rival para la gobernación de Maguindanao, cargo al que aspira también el hijo del actual gobernador de esa provincia.
Según la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, NUJP, 59 cuerpos sin vida fueron hallados en fosas comunes, algunos decapitados o mutilados.
El Centro por el Derecho Internacional reportó el 25 de noviembre el siguiente listado confirmado de 27 periodistas y trabajadores de medios asesinados:
Ian Subang, de Socsargen Hoy; Lea Dalmacio, de Socsargen Noticias; Gina De la Cruz y Neneng Montaño, ambos de Saksi Noticias; Maritess Cablitas y Rosell Morales, de Noticias Focus; Henry Araneta,de Radio DZRH; Alejandro “Bong” Reblando, de Manila Bulletin; Víctor Núñez, de UNTV; Mark Gilbert “Mac-Mac” Arriola; Bal Cachuela, de Punto Noticias; Ernesto “Bart” Maravilla, de Bombo Radyo; Ronie Perante, corresponsal del Gold Star Daily, y Jhoy Duhay, del mismo medio; Joel Parcon y Jun Legarte, de Prontiera News, así como los siguientes cinco periodistas y trabajadores del periódico Ini: Rey Merisco, John Caniban, Arturo Betia, Noel Decena y Rani Razon.
También, Andy Teodoro,del Central Mindanao Inquirer; Jimmy Cabilo,del Midland Review; Reynaldo “Bebot” Momay, del mismo medio; Napoleon Salaysay, del Mindanao Gazette, y Jun Gatchalian y Lindo Lupogan.
Los nombres de otros siete periodistas y trabajadores de medios no fueron confirmados en este listado del Centro por el Derecho Internacional.
Durante los ocho años que lleva en el gobierno de Filipinas la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo han muerto en atentados con sicarios 75 periodistas. Sólo cuatro sospechosos han sido condenados por estas muertes. En Filipinas, el segundo país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo después de Iraq, la impunidad es sistemática. Hasta el momento, ningún grupo asociado con separatistas armados que operan en Mindanao (sur de Filipinas) han sido vinculados a la masacre.
En la historia, esta es la peor atrocidad cometida contra periodistas en un solo día y lugar.
Ante estos hechos, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) designó hoy, 9 de diciembre, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos.
Heavy Metal Colombia se une a esta jornada y envía un mensaje de aliento a la NUJP, organización afiliada a FIP.
Algo que se puede hacer es llenarles el correo de mensajes de repudio y exigencia de justicia a toda esta gente que copio debajo. No está garantizado que con ello se logre vencer la impunidad, pero por lo menos se les atasca el correo electrónico.
1.A la presidenta que permite que estas cosas ocurran, y a los miembros de su gabinete:
H.E. Gloria Macapagal-Arroyo
Presidenta
Malacañang Palacio
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 564-1451 to 80; +63 (2) 735-8005
Fax:+63 (2) 736-1010 corres@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Eduardo R. Ermita
Secretario Ejecutivo
Premier Guest House,
JP Laurel Street, San Miguel,
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 735-5359; +63 (2) 736-1076
Fax:+63 (2) 736-1010 erermita@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Alberto G. Romulo
Secretario de Relaciones Exteriores
11/F DFA Bldg.,
Roxas Boulevard,
Pasay City
Voice:+63 (2) 834-3010
Fax:+63 (2) 832-1597 osec@dfa.gov.ph
Hon. Agnes Devanadera
Secretario de Justicia
DOJ Main Bldg.,
Padre Faura Street,
Manila 1004
Voice:+63 (2) 521-8344; +63 (2) 521-3271
Fax:+63 (2) 521-1614 sad@doj.gov.ph
Hon. Gilberto Teodoro
Secretario de la Defensa Nacional
Hon. Norberto B. Gonzales
Consejero Nacional de Seguridad y Director General del CNS
Consejo Nacional de Seguridad, Departamento NICA,
V. Luna St. corner East Avenue
Quezon City 1104
Voice:+63 (2) 929-0414
Fax:+63 (2) 927-2313 nsmc@info.com.ph
Hon. Avelino I. Razon
Consejero Presidencial de Proceso de Paz
7/F Agustin Building I, Emerald Avenue
Ortigas Compound
Pasig City
Voice:+63(2) 636-07-01 to 06 / +63(2) 636-3801 to 06 ere_papp@compass.com.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario del Interior y Gobierno Local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St,
Diliman, Quezon City
Voice:925-0330/31
Fax:925-0332
rvpuno@dilg.gov.ph
2.A los siguientes funcionarios del Departamento del Interior y Gobierno local:
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal Street, Brgy. Piñahan,Diliman
Quezon City NCR 1104
+63 (2) 925 0320 to 23 http://www.dilg.gov.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0330/31
Mobile:
Fax:+63 (2) 925-0332 rvpuno@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Pascual V. Veron Cruz Jr.
Asistente
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St.
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-8888
Fax:+63 (2) 925-0332 junveroncruz@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Melchor P. Rosales
Subsecretario de Paz y Orden y Crímenes Transnacionales
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-2333
Fax:+63 (2) 925-3843 mprosales@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Marius P. Corpus
Subsecretario de Orden Público
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 920-7783 / 925-0327 / 925-0390
Fax:+63 (2) 925-9114 mpcorpus@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Wenceslito T. Andanar
Subsecretario de gobierno local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0357; 925-0343
Fax:+63 (2) 925-0338 wtandanar@dilg.gov.ph
El presidente venezolano Hugo Chávez dijo hoy que su homólogo colombiano Álvaro Uribe entregó a Colombia, a cambio de que Estados Unidos no le cobre sus nexos con el narcotráfico. «Yo no tengo duda ya de quién es el presidente Uribe. De dónde viene. Paramilitarismo. Narcotráfico. Y unas redes de lo más oscuro y podrido que uno pueda imaginarse. (…) Está tan metido en camisa de 11 varas, que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yanquis al presidente Uribe (…). El congreso de Colombia: más de la mitad de los senadores y diputados [sic] están en prisión, o por el narcotráfico o por la corrupción».
No sé si un jefe de Estado deba decir esas cosas de otro. Lo que sí sé es que, por ejemplo entre corrillos de periodistas en Colombia -muy lejos de ser chavistas-, se dice lo mismo.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó» sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
«Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia», dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
Dos parientes cercanos del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, han sido asesinados; su familia “recibe amenazas constantes”; sus abogados “son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos”, incluyendo el seguimiento de sus teléfonos y correos electrónicos, razón por la cual anuncia que callará como un pez.
Mejor para el presidente Álvaro Uribe –entre otros.
Y, quién quita, mejor para algunos sectores del poder en Estados Unidos, habida cuenta el antecedente de la financiación de la entonces Contra nicaragüense con cocaína del Cartel de Cali, por intermedio de la CIA. Un eventual involucramiento estadounidense con el paramilitarismo colombiano es la única explicación que encuentro para los obstáculos que ostensivamente imponen en Estados Unidos para evitar que hablen los capos paramilitares extraditados.
“En una etapa de postración prácticamente insuperable” se encuentra el proceso de confesiones diseñado bajo Justicia y Paz, marco legal bajo el cual se desmovilizaron los principales jefes paramilitares, sostiene “Don Berna” en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el Metropolitan Correctional Center de New York.
Supuestamente sólo ahora “Don Berna” comprende que el aislamiento dispuesto por el gobierno mientras estuvo preso en Colombia “era necesario para silenciarme, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa impunidad”.
Cada cual puede creerle o no. Pero, no puede uno dejar de pensar que el silencio de los capos paramilitares mientras aún estaban en cárceles colombianas se debió a que mantuvieron hasta último momento su comprometedora verdad como arma de negociación.
La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a sabiendas de que “nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”.
Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.
Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara.
“Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”.
He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.
Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”.
O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.
El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llamamos “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.
+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.
+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.
+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.
+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Don Berna” advierte que es consciente de que, después de esta carta, el gobierno colombiano logrará que las autoridades carcelarias estadounidenses lo aíslen aún más, como ha sucedido con muchos de los demás capos paramilitares extraditados junto con él, y que han sido trasladados a cárceles alejadas y con regímenes penitenciarios que obstaculizan aún más la colaboración con la justicia colombiana.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
Me pregunto si grafiteros que eventualmente pintaran paredes a favor de las bases militares también serían acusados de terrorismo. O si es que la censura a la libertad de opinión ahora se va a extender a la muralla –que, como dice el aforismo, es “el papel de la canalla”.
La nota de prensa, que reproduzco, habla por sí sola. Vale agregar que la JUCO (Juventud Comunista) es una organización legal, asociada al Partido Comunista, también legal, y que ambos hacen parte del movimiento de centro izquierda Polo Democrático Alternativo, con bancada en el parlamento colombiano. Y que Sincelejo es la capital del noroccidental departamento de Sucre, cuna de un importante movimiento campesino ya diezmado por la guerra; escenario de miles de asesinatos de líderes populares y, dominado por una dirigencia no ya estrechamente ligada al paramilitarismo, sino que ha conformado escuadrones de la muerte para exterminar a la disidencia electoral.
PROTESTAN POR USO DE BASES POR PARTE DE EE.UU.
Aparecen graffitis en varios sectores de Sincelejo
EL UNIVERSAL
SINCELEJO
La aparición de varios graffitis en distintos sectores de la ciudad, a través de los cuales se protesta por las instalaciones de bases militares de Estados Unidos en Colombia, obligó a las autoridades a la implementación de acciones para dar con los responsables de estos hechos.
Los graffitis fueron pintados en paredes de residencias, colegios y hasta en una nueva sede de una iglesia protestante.
La Policía informó que hasta el momento se desconocen los autores de estos hechos, que de establecerse se podrían ver vinculados a un proceso por el delito de daños en bien ajeno, hasta terrorismo.
Residentes del barrio precisaron que el graffiti pintado en ese sector fue obra de un grupo de jóvenes, al parecer, pandilleros que transitan diariamente por este sector.
La Policía investiga las iniciales Juco, las cuales, al parecer, son de una pandilla que se autodenomina de esa forma.
También han sido pintados graffitis en sectores como Mochila, zona céntrica, La Pajuela, Bosque, La María y en barrios de la zona norte de Sincelejo.
Precisamente cuando quedó libre el periodista iraquí que en plena rueda de prensa le tiró un zapato al entonces presidente Bush en gesto que, aunque inapropiado en periodismo, generó fervor y simpatía mundiales, el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, le lanzó un poco diplomático zapatazo al gobierno de España.
España ofreció nuevamente el martes mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela, así que el miércoles una periodista de la cadena Caracol Radio, de propiedad del grupo español Prisa, le preguntó al aire a Silva Luján: “Ministro, ¿Colombia estaría considerando esa mediación, esos buenos oficios que ayer reiteró el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar con Venezuela y superar esta crisis diplomática?”
-“Yo le contestaría a él que… Zapatero, a tus zapatos”, dijo el ministro Silva.
-“Já Já… Zapatero a tus zapatos…” –otro periodista que retomó el micrófono a continuación, habituado quizá a no cuestionar a los poderosos, se lo celebró como chiste y pasó a otro tema en la entrevista.
Horas más tarde, la misma emisora reprodujo, también sin objeciones, las disculpas del ministro Silva, quien se justificó diciendo que “yo vengo de la gente del campo” y por eso es maleducado y poco diplomático.
Que se lo crean en España, digo yo. Silva sí fue gerente de la Federación de Cafeteros durante siete años, pero su maleducadez con toda seguridad se le pegó en otra parte.
Silva estudió Ciencia Política en la privada -y costosa- Universidad de los Andes e hizo cursos de postgrado en economía y relaciones internacionales en la Escuela de Estudios Internacional Avanzados de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos. Fue asesor de Asuntos Políticos y Seguridad del presidente Virgilio Barco (1986-1990) e hizo parte del círculo cercano de César Gaviria (1990-1994) como consejero de Asuntos Internacionales. Gaviria lo envió en 1993 de embajador en Washington, y luego pasó a trabajar en calidad de asesor especial del mismo Gaviria, cuando éste fue secretario general de la OEA.
Con esa hoja de vida, a Silva Luján le queda difícil sustentar aquello de que es que “yo vengo de trabajar con el sector agrario, y a veces no somos tan elegantes como en los círculos diplomáticos”.
¿O será que cuando fue embajador les respondió a los estadounidenses también a zapatazos, cuando estos le inquirieron por la fuga de Pablo Escobar de la finca-cárcel en la que el capo había aceptado recluirse?
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano. 
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.