El gobierno brasileño enfrentará, aparentemente, dificultades sin precedentes para ejecutar sus planes en el río Tapajós, nueva frontera hidroeléctrica en la Amazonia brasileña. El pueblo indígena mundurukú, concentrado en la cuenca, promete resistir de manera más contundente que sus hermanos en casos anteriores, como el de Belo Monte en el vecino río Xingú.

En mayo, invadieron y ocuparon durante dos semanas una planta de los constructores de Belo Monte. Los mundurukús encabezaron esa acción a una distancia de 830 kilómetros por carretera de sus territorios, en solidaridad con los afectados del Xingú y para reclamar la suspensión de los proyectos hidroeléctricos en su propia cuenca.

Aceptaron la propuesta gubernamental de viajar a Brasilia, 1.480 kilómetros al sur, para negociar un acuerdo. Pero tenían que ir todos. Los mundurukús no aceptan ser representados por una comisión y no delegan tales poderes siquiera en sus caciques.

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Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su territorio indígena Governador. Crédito: CIMI

La Secretaría General de la Presidencia, que cuida las relaciones del gobierno con la sociedad, tuvo que conseguir dos aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para transportar a los 144 indígenas que, siempre juntos, se encontraron el 4 de junio con el ministro jefe de esa cartera, Gilberto Carvalho.

En los 10 días que estuvieron en la capital brasileña protagonizaron protestas ante la Presidencia, el Congreso Nacional y el Ministerio de Justicia, terminando por ocupar la sede de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI).

Una segunda audiencia con el ministro Carvalho no se concretó. Los indígenas rechazaron la condición de enviar una comisión de 10 representantes. “Nunca nos separamos”, justificó un vocero. En un comunicado, la Secretaría alegó que “se negaron a participar en la reunión”.

Esa dificultad de lidiar con pueblos de otras culturas y formas de organización agrava las perplejidades actuales del gobierno brasileño. También los jóvenes que salieron a las calles en protestas multitudinarias desde el 6 de junio no reconocen la representatividad de los poderes estatales, rechazan jerarquías y no presentan líderes con quienes negociar.

Sus reclamos son “difusos”, según una definición que se hizo lugar común.

Como los indígenas desde hace mucho tiempo, los jóvenes tampoco aceptan mediaciones. Eligen a sus blancos y los hostigan con presencia masiva, y pacífica hasta el momento en que grupos radicales o de “vándalos” se apartan de las marchas, depredan inmuebles, tiendas y bancos y se enfrentan con la policía.

El gobierno trata de interpretar a su modo el mensaje de las calles para ofrecer respuestas, sin lograr hasta ahora desarmar las movilizaciones que prosiguen en actos menores y dispersos.

Una reforma política que mejore la representatividad de los parlamentarios y gobernantes constituye el principal intento con que la presidenta Dilma Rousseff trata de salir del arrinconamiento.

Ya está claro que es imposible cualquier cambio en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales de octubre de 2014 y que los actuales legisladores no se disponen a aprobar nada que afecte su reelección.

Para los indígenas poco importa. Seguramente ninguna reforma les permitirá tener voz en el Congreso o cargos decisivos en el Poder Ejecutivo.

Solo en un único período, en los años 80, contaron con un diputado nacional, Mario Juruna, elegido en Río de Janeiro, donde son escasos los remanentes autóctonos. Los electores locales decidieron homenajear al líder indígena que grababa sus conversaciones con los gobernantes, porque ellos “mienten mucho y no cumplen sus promesas”. Esto fue hace 30 años.

Dispersos por el extenso territorio de Brasil, unos 900.000 indígenas tienen escasa posibilidad de elegir a sus parlamentarios, a excepción de que se adopte un sistema similar al de Colombia, donde el Senado destina dos escaños a los indígenas que suman 3,4 por ciento de la población nacional.

Sería quizás una forma de cultivar el sentido de representatividad entre los aborígenes brasileños y de unidad entre sus 305 etnias, además de una defensa permanente y pública de sus demandas y necesidades vitales.

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